El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era vicepresidente en mayo de 2003, cuando perdieron la vida los 62 militares españoles que regresaban de la guerra de Afganistán a bordo de un avión Yak-42 que se estrelló cerca del aeropuerto de Trabzon, en el norte de Turquía. Un cúmulo de irregularidades rodeó la contratación de aquellos aviones, a los que los militares españoles tenían más temor que al escenario hostil propiamente dicho. Muchos de ellos dependían del Mando Aéreo de Levante, estaban destinados en Zaragoza, eran expertos en el manejo y la conservación de los aviones Hércules desplazados a Manás (Kirgistán) para dar apoyo logístico a las tropas en Kabul y otros puntos de Afganistán, sabían de lo que hablaban y habían comentado a sus familiares y elevado información a sus superiores sobre las malas condiciones (visibles e invisibles) de aquellos aviones. Hasta la “caja negra” del Yak-42 estaba averiada desde hacía tiempo. Ni seguro de vida llevaba. Y no es que los vuelos fuesen baratos como se ha dicho, ya que el Ministerio de Defensa pagaba 150.000 euros por aquel trayecto, y si añadimos los 42 vuelos anteriores en las mismas condiciones, estamos hablando de un puñado de millones de euros. En aquel viaje en concreto, de la cantidad total llegaron algo más de 30.000 euros a la compañía ucraniana propietaria del avión, cuyos 14 tripulantes y un ciudadano bielorruso fallecieron en el siniestro. El resto del dinero se perdía entre intermediarios.

A las irregularidades en la contratación y el caso omiso de los responsables de Defensa sobre aquellos riesgos innecesarios se sumó la burla a las familias, a las que, en 30 de los 62 casos, entregaron los restos de sus seres queridos sin identificar y con la prohibición (vigilada) de que abrieran las cajas de cinc selladas que iban dentro de los féretros. El entonces ministro Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde tenía mucha prisa en quitarse los muertos de encima (su fin de semana era sagrado) y mintió a las familias de los fallecidos. Los dos oficiales a los que encargó firmar el acta de repatriación incluso dejaron algunos restos humanos sin identificar en el instituto forense turco. Gracias a la solidaridad del club de fútbol del Villareal, que iba a jugar en Trebisonda, muchos familiares pudieron viajar con los jugadores y visitar el lugar del accidente. Entonces un imán les entregó varias chapas de identidad, un anillo y objetos personales que habían recogido algunos vecinos del lugar. ¿Cómo era posible que les hubieran identificado por las placas que llevaban al cuello e, incluso, por aquel anillo, como había dicho trillo, si estaban sobre el terreno? Las evidencias de que les habían engañado (y burreado) eran abrumadoras. La infamia acrecentaba su dolor. Todo el esfuerzo de Trillo se centró entonces en evitar que las autoridades turcas (judiciales en este caso) facilitaran la documentación sobre lo ocurrido con las identificaciones. El periodista de El Heraldo de Aragón Ramón Javier Campo cuenta en su magnífico libro Yak-42, honor y verdad los avatares de la investigación hasta descubrir la verdad.

En el orden penal, la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios se apresuró a cerrar el sumario sobre la responsabilidad del titular de Defensa y su equipo en la contratación de aquellos vuelos inseguros. El sumario se reabrió a instancia del fiscal, pero el juez Fernando Grande Marlasca tampoco halló responsables en la cúpula ministerial. En el orden civil, la empresa fue condenada pero se declaró insolvente y disuelta. Únicamente resultaron condenados los oficiales enviados por el ministro Trillo (generales Navarro y Beltrán) ante la evidencia (firmaron el acta de entrega de las 62 bolsas, 30 de ellas sin identificar) de que mintieron (“nos obligaron a mentir”, confesó Navarro). Uno falleció después y el otro fue premiado con un puesto mejor remunerado. Sus subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, también condenados por falsedad, fueron indultados en 2012, en cuanto Rajoy llegó al Gobierno, y han proseguido su carrera militar. Trillo y su número dos, Javier Jiménez Ugarte, fueron premiados por Rajoy con sendos nombramientos como embajadores: uno a Londres y el otro a Estocolmo.

Culminados los procedimientos judiciales se reactivó el procedimiento administrativo iniciado por las familias en 2003 y que había quedado en suspenso al intervenir los jueces. Y ocurrió que al cabo de 14 años, el Consejo de Estado emitió su veredicto el 20 de octubre pasado. Su dictamen es inequívoco: “Existió responsabilidad administrativa”, en este caso, de la cúpula de Defensa con el ministro Trillo al frente, ya que la Administración incumplió la obligación de “velar por sus funcionarios”. ¿Cómo iba a velar si ni siquiera tenían seguro? El Consejo de Estado, que es un órgano consultivo del Gobierno, cuyo presidente (el exministro del PP José Manuel Romay Beccaría, en este caso) es designado por el propio jefe del Gobierno (Rajoy Brey) no resulta sospechoso de parcialidad antigubernamental. Sin embargo, sus dictámenes no obligan al Ejecutivo, aunque la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido con las familias y en el Congreso a elaborar una resolución reconociendo la responsabilidad patrimonial de la Administración. A todos los portavoces parlamentarios les parece estupendo. Es lo mínimo que se le puede pedir. Si además encontrase los documentos de la contratación del avión (y de los 42 viajes anteriores) se podría reabrir la vía penal. El presidente Rajoy ha recibido a las familias en La Moncloa, y se ha hecho muchas fotos con ellas. Este miércoles, 1 de febrero, cuando el socialista Antonio Hernando le ha solicitado, “por dignidad”, que les pida perdón por el desprecio y el mal trato que les dieron cuando él era vicepresidente del Gobierno, no ha tenido inconveniente en suscribir “íntegramente” las palabras de Cospedal pidiéndoles “perdón en nombre del Estado”, que somos todos los españoles, como si todos hubiésemos compartido las miserables decisiones de un tipo llamado Trillo y de sus valedores en aquel gabinete que presidía José María Aznar López. Con esta fórmula, Rajoy ha evitado pronunciar la palabra “perdón” ante el pleno del Congreso.

Vale preguntarse qué importancia tiene el término “perdón”, tan manido y gastado en boca de unos políticos profesionales, acostumbrados a la trampa y el ardid. Lo importante es la respuesta. Quién pide es porque no tiene y acaso Rajoy no pida expresamente perdón porque tema que con su política de premiar a los perversos y hacer sufrir a la buena gente, no lo va a recibir. Claro que tampoco la exigencia del accidentalista Hernando fue muy firme, pues, como le restregó Rajoy, “en cinco años que llevo de presidente nunca su grupo me ha preguntado por este asunto”. Si la exigencia del portavoz del PSOE hubiese sido más contundente le habría preguntado por qué ocultó el informe del Consejo de Estado, que lleva fecha del 20 de octubre, hasta después de ser investido presidente, el 30 de octubre, gracias a la abstención de los socialistas. Pero eso, lógicamente, ni a Hernando ni a la Gestora del PSOE le interesaba. La secuencia de trampas y engaños políticos a cuenta del Yak-42 no parece tener fin. Pero la vida sigue y en pleno “tarifazo eléctrico”, las puertas giratorias rulan con normalidad y, como denunció el portavoz de Podemos, Iñigo Errejón, el director de la Guardia Civil hasta hace tres meses, Arsenio Fernández de Mesa, ya es consejero de Red Eléctrica con 150.000 euros de retribución. El otrora irresponsable de toda responsabilidad en el “caso del Prestige” y en las mentiras sobre la barrera de fusilería con pelotas de goma contra los inmigrantes en la playa ceutí del Tarajal, en la que murieron 14 personas una fría mañana del 6 de febrero, fue defendido nada menos que por el ministro de Justicia y notario mayor del Reino, Rafael Catalá Polo, diciendo que para corrupción la de Venezuela. Grandes aplausos del PP.