Cataluña tiene peor “rating” que Rumanía

11/02/2017

Francisco Canós.

 “Para todo minuto que apura las horas existe un segundo que afila los dientes” (Olga Domínguez en Medeidades)

 Según Moody’s la deuda catalana tiene la clasificación Baa3 con perspectiva negativa. Rumanía tiene Baa3 con perspectiva positiva. Por lo tanto, según Moody’s, Cataluña tiene peor crédito que Rumanía.

¿Es eso grave? El presupuesto de la Generalitat de Catalunya para 2017 (proyecto de) es de €23.886 millones. Se estima que Cataluña va a necesitar este año casi una cuarta parte de las necesidades totales de las comunidades autónomas que está un poco por debajo de los 40,000 millones de euros. Estamos hablando de unos 7.000 millones, que si se sigue manteniendo el status quo actual lo pondrá el Estado Español. El presupuesto de la Generalitat para Salud es de 8.750 millones, el de enseñanza y universidades de 5.596 millones, el de transporte público de casi mil millones. Lo que la Generalitat tiene que amortizar a los bancos (la mayoría españoles) asciende a más de 4,000 millones de euros.

¿Por qué es importante la calidad crediticia de un territorio o empresa? El caso de las empresas puede que ilustre más el escenario. Si una empresa se plantea implementar cosas, va a necesitar encontrar unos recursos que lo posibilite. Estos recursos o bien se los pide a terceros (bancos, fondos, etc.) o se los pide a sus accionistas en forma de ampliación de capital. Si la vía externa está cerrada porque la calidad crediticia es de bono basura o porque hay que repagar deuda existente antes que poder tener acceso a nueva deuda; entonces la presión recae en pedirle dinero a sus accionistas.

En el caso de un territorio, ocurre lo mismo. Si se persigue realizar una serie de actividades (salud, educación, transporte público, etc.) hay que encontrar recursos para realizarlas. Si no hay acceso a financiación externa, no queda más remedio que pedírselo a los ciudadanos de su territorio, vía aumento de impuestos; o bien, renunciar a realizar las actividades previstas.

¿De dónde venimos? La crisis vivida desde el año 2007-2008 agudizó esta situación en todas partes. En España también. Recuerdo perfectamente, participé activamente en ese proceso, las dificultades que las autonomías, una tras otra, tuvieron para renegociar sus deudas. Primero se les cerraron los mercados de bonos a aquellas que lo tenían (Cataluña entre ellas). Después los préstamos bancarios. Muchos bancos aprovecharon ciertas cláusulas incluidas en los contratos de préstamo que al activarse (triggers), debido al deterioro crediticio de las autonomías, posibilitaban a los bancos exigir legalmente el pago adelantado de toda la deuda antes del vencimiento establecido (aceleración de la deuda). Y lo exigieron. En ese momento, como no había recursos para repagar aquello, la mayoría de las autonomías pasaron a estar técnicamente en bancarrota (default). Ahí intervino el Estado Español, el único que seguía teniendo abierto el acceso al crédito externo.

Lo que hubiera pasado si el Estado Español no hubiese asumido, avalado e inyectado dinero en esas autonomías, es política ficción. Sin embargo, hay ejemplos que todos conocemos de países y regiones que han entrado en bancarrota (default). Unos, como Grecia, al pertenecer a un organismo supranacional como la Unión Europa, fueron rescatados/intervenidos con las consecuencias que todos sabemos y de las que aún les queda mucho para poder salir. Otros, que no tuvieron ese acceso, como Argentina, Orange County (EE.UU.), Venezuela, Cuba, etc., han pasado o aún siguen pasando por procesos de ajuste tremendos que han dejado un impacto grande en generaciones, riqueza y modelo de sociedad.

Lo que sí sabemos es que el Estado intervino. Que ninguna autonomía haya sido declarada en bancarrota es porque ni los inversores, ni los fondos, ni los bancos, ni nadie así lo ha tenido que denunciar. En la mayoría de los casos ha sido porque el Estado Español fue el que les devolvió el dinero, poniéndose en su lugar; o bien porque les garantizó a los que se quedaron que, si las autonomías no tenían recursos, el Estado los pondría. Así de prosaicas fueron las cosas. Como resultado, en el caso de Cataluña, casi dos tercios de la deuda que ha emitido la Generalitat, la tuvo que suscribir el Estado (45,000 millones de euros asumidos aproximadamente). Esto no sólo ocurrió con Cataluña, también sucedió con la mayoría de las autonomías del Estado. Lo que sí que es representativo es que Cataluña represente un tercio del total de esa deuda, cuando Cataluña en términos de PIB apenas llega a un cuarto del PIB total del Estado.

Qué han hecho los ciudadanos? Los españoles hemos sufrido durante estos años una de las mayores crisis financieras de la historia moderna. Cuando a principio de la misma, allá por el año 2007, hubo voces que preveían tardar más de diez años en salir de la misma, muchos les tildaron de agoreros fatalistas. Vamos por el año 2017 y aún no hemos cerrado el ciclo (paro, recortes, etc.). Hemos visto en nuestras propias carnes que era fundamental reducir gastos, ser más eficientes, quitar temas superfluos, ser exigentes en la gestión de los menguados recursos. El ajuste de endeudamiento de las familias ha sido remarcable. Especialmente si tenemos en cuenta que, según datos del Banco de España, el 77% de la deuda en manos de la familia se corresponde con deudas a largo plazo principalmente hipotecarias, que tienen poca flexibilidad. Aun y así se ha reducido en más de 200,000 millones de euros estando ahora mismo alrededor de los 700,000 millones, que son niveles de hace más de diez años.

¿Y ahora qué, ilusión o iluso? Que cada cual saque sus conclusiones. Nos hemos ajustado, las familias se han ajustado, se han vuelto más eficientes en la gestión de los menguados recursos. Sin embargo, ¿se han ajustado las instituciones públicas? ¿Se han vuelto más eficientes en la gestión de los recursos que les sacan a los ciudadanos vía impuestos o vía endeudamiento de futuras generaciones?

Lo que ya se ha visto a nivel ciudadano es necesario que también se vea a nivel institucional. El Estado ha sido el banquero de último recurso de las autonomías, evitando así una bancarrota formal. Esto ha servido para parar ese golpe, pero no para solucionar el problema de fondo. No ha desparecido la deuda, ha cambiado de manos. Y tiene que disminuir. Bien lo saben las familias. Sin eso, los proyectos, los servicios, la sanidad, la educación o los transportes públicos no van a tener recursos que los sostengan. Es bueno tener ilusión, no lo es tanto ser un iluso. Si no lo ven nuestros políticos, igual se lo tienen que hacer ver los ciudadanos y las familias, que experiencia tienen. Si al final son siempre los que lo acaban pagando todo, igual va siendo hora que les exijan de verdad.

@canosfm

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