Fedea, la fundación de economía aplicada, ha lanzado hoy una propuesta en relación con el sistema público de pensiones. El plan considera que, en su configuración actual, el sistema de pensiones no está especialmente amenazado. Pero alerta de que, en virtud de los efectos de las últimas reformas, una parte de los pensionistas, aquellos que cobran la pensión mínima, están en grave riesgo de empobrecimiento. Y receta para ellos una vuelta al IPC como fórmula de revalorización.

La fundación -promotora del contrato único- patrocina este informe en torno a la salud del sistema público español de pensiones. Sus autores, los profesores universitarios Alfonso Sánchez y Miguel Ángel García, junto al propio Ángel de la Fuente, máximo responsable de la entidad, consideran que la viabilidad del sistema público de pensiones no está amenazada, tras las últimas reformas de 2011 y 2013.

Sin embargo, la introducción del índice de revalorización (IRP) en sustitución del IPC como mecanismo de actualización, pone en mala situación a los más pensionistas más pobres.

Por ello los economistas proponen que el Estado vincule al IPC la evolución de las pensiones mínimas para evitar que se devalúen. Como se recordará, la reforma del PP introdujo este índice en 2013, y fijó el rumbo de las subidas en función de una combinación de indicadores que van desde la evolución de los ingresos de la Seguridad Social hasta la marcha de la economía.

En 2017, el Gobierno aprobó una subida del 0,25% para las pensiones, y situó la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 años o más, y cónyuge a su cargo en 786,86 euros mensuales, por catorce pagas. Se trata del cuarto año consecutivo en que las pensiones suben el 0,25%, el suelo establecido por la fórmula, que prevé también un techo, del IPC más el 0,50%.

No a la vuelta al IPC para todos

Según los cálculos de los investigadores, la indexación al IPC de las pensiones mínimas costaría a las arcas públicas en torno a cuatro décimas del PIB – unos 4.000 millones de euros –, un coste “aceptable” para cuya asunción bastaría con elevar un 6% la recaudación por IRPF.

Sin embargo, los autores del informe se muestran contrarios a volver a indexar todas las pensiones al IPC, tal y como proponen algunos partidos y agentes sociales. La vuelta al IPC costaría a las arcas públicas el equivalente a 2,7 puntos del PIB; y requeriría elevar la recaudación por IRPF un 36%. “No sería aconsejable”, aseguran.

El estudio llama además la atención sobre la necesidad de incrementar el empleo y la productividad para asegurar el futuro del sistema de pensiones.

Imprescindible productividad

Por otro lado repasa la evolución reciente del sistema de pensiones. Y constata que, además del envejecimiento de la población, el factor principal que ha afectado a su viabilidad es el frenazo en la productividad y consecuentemente en los salarios reales.

Frente al envejecimiento, “resulta aún más importante” como amenaza la “fuerte desaceleración de la productividad y por tanto de los salarios reales, que han tendido a estancarse en las últimas décadas”, señalan.

Por el contrario han contribuido a sostener el sistema de pensiones la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y en general la mejora de la tasa de ocupación durante este período que va de 1985 a 2014; así como la menor generosidad de las normas de cálculo de la pensión, y la creciente aportación del Estado en la financiación de los complementos a mínimos, que aseguran el cobro de una pensión mínima.

Para hacer sus previsiones, los investigadores han utilizado un escenario base. Sin embargo, según alertan, “no es descartable” que el empleo o la productividad crezcan por debajo de lo previsto en ese escenario base.

Los autores, por último, se muestran contrarios a financiar con impuestos ciertos tipos de pensiones, tal y como propone por ejemplo el PSOE. Esta solución supondría trasladar el problema desde los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado. Y sembraría además de dudas sobre la capacidad de España de resistir en el futuro la tentación de encontrar nuevas formas de soslayar los efectos del nuevo índice de revalorización, advierten.