La ejecutiva de CiU fijó su política de pactos ante la próxima elección de alcaldías. Según su portavoz Oriol Pujol “haremos de la lista más votada nuestra premisa, salvo excepciones y matices locales”. Ello implica que permitirán, con su abstención o votando a su propio candidato la elección del dirigente del PP Xaver García-Albiol como futuro alcalde de Badalona, la tercera ciudad de Catalunya. Su discurso xenófobo ha calado en las urnas y lo convirtió en el primer partido de la ciudad, pero un pacto entre el resto de las fuerzas lo hubiera desbancado de la alcaldía. “Nadie como nosostros ha sufrido tanto el hecho de haber sido la lista más votada y no haber podido gobernar. ¿Quién mejor que CiU para hacer bandera de este principio”, señaló. En coherencia la alcaldía de Tarragona será, pues, para el candidato socialista, pese a que populares y convergentes tienen más concejales que el PSC. El PP también se beneficiará de esta decisión en Castelldefels, donde también fue la fuerza más votada.

El PSC también tenía ejecutiva y su portavoz Miquel Iceta lamentó la decisión de CiU tras haber mantenido negociaciones con CiU para la alcaldía de Badalona: “Serán los únicos responsables de lo que pasará el sábado y a partir del sábado en el ayuntamiento de aquella ciudad”. Añadió que “la cuestión no es sólo elegir un alcalde sino que hace falta garantizar un gobierno estable” y aseguró que “estaremos hasta el último momento trabajando para evitar que Badalona se convierta en la capital del PP en Catalunya y de la xenofobia en toda España”.

¿A cambio de qué?

El PP centró buena parte de sus esfuerzos en lograr la alcadía de Badalona, pero la pregunta que se hacía muchos era que la actitud de CiU permitiendo que lo lograra qué contrapartidas tendría y muchos apuntaban que el respaldo de los populares no sólo será a la ley de Presupuestos sino a las dos que la acompañan, la ley ómnibus (teóricamente para simplificar la administración) y la de acomañamiento.  La oposición ha saltado al empezar a conocer las intenciones de estos proyectos que –más allá de la reducción presupuestaria- modifican más de cien leyes , lo que en opinión de los miembros del anterior gobierno representa “el desmantelamiento de la obra de los siete años de tripartito” y dedican duros calificativos –como “abuso” o “prepotencia” las pretensiones de CiU con estas leyes. Interpretan que estas medidas van más allá de un ajuste presupuestario y tienen un fuerte contenido ideológico, como la propuesta de “alquilar” a la sanidad privada las instalaciones de los hospitales públicos que han tenido que cerrar por la crisis o eliminar la ley de barrios o la obligación de declaración del impacto ambiental de las obras. Asimismo pretenden que los inmigrantes que no lleven más de seis meses empadronados no tengan acceso a la sanidad pública.

Para los partidos de la izquierda la votación en las elecciones municipales lo interpretan como el primer botón de una entente de vuelos mucho más altos entre CiU y el PP.