El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas en funciones, Santiago Moreno, ha anunciado este lunes que la Junta de Castilla-La Mancha ha decidido suspender «definitivamente» las reuniones previstas con el PP, a fin de preparar y facilitar el traspaso de poderes. Ante el rosario de críticas de este fin de semana, los socialistas han considerando que sólo volverán a verse con los populares cuando María Dolores de Cospedal, la presidenta electa, haya nombrado a todos sus consejeros.

Desde la Junta se asegura que el PP está generando «alarma social» ante las continuas denuncias del número dos del PP en esa región, Vicente Tirado, de que Castilla-La Mancha está en «quiebra total», una situación que hasta ha sido reflejada por el prestigioso diario económico británico Financial Times, lo que desde las filas socialistas se considera como que el PP está siendo «desleal» con España.

Hasta el momento de adoptar la suspensión de las reuniones, el PP había solicitado al Gobierno saliente toda la documentación que necesitaba, al tiempo que el consejero de la presidencia en funciones confirmaba que el proceso de traspaso de poderes estaba prácticamente culminado. Sólo faltaban los documentos de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. El resto se le dará a los consejeros que nombre Cospedal.

Alarma injustificada

Desde que el PP ganara en Castilla-La Mancha, sus representantes llevan casi 15 días denunciando las «tropelías» realizadas en las cuentas regionales por el Gobierno saliente, asegurando que la comunidad se encuentra en «quiebra total», al no poder pagar ni a los funcionarios, términos desmentidos tajantemente por los socialistas, quienes piden al PP una «rectificación pública» ante la «alarma injustificada» que se está creando, y que como el consejero Santiago Moreno apuntaba este mismo lunes podrían ser «delictivas».

Moreno ha confirmado, asimismo, que todas estas «acusaciones» serán trasladadas al gabinete jurídico de la Junta castellano-manchega para exigir las «responsabilidades penales» correspondientes.

Desde el PP también se ha denunciado la «destrucción de documentación», acusación también ésta rechazada rotundamente por la Junta al tiempo que se acusa al PP de «grave irresponsabilidad, impropia de quien quiere asumir tareas de Gobierno», como también niegan que se esté «recolocando» a personas desde que se perdieron las elecciones, como aseguran los populares.

Moreno echó este lunes las cuentas. El Ejecutivo regional cuenta con 243 personas entre altos cargos y personas eventual, muy lejos de los 3.000 que aseguran en el PP que hay, como tampoco existen las 92 empresas públicas que aseguran desde el partido de María Dolores de Cospedal, cuando lo cierto es que hay 24, que se quedarán en 13, una vez que el PSOE haya dejado la Junta de Castilla-La Mancha; mientra que el número de organismos, empresas y fundaciones habrán quedado reducidas a 47.

«A calzón quitado»

En esta lucha, también están interviniendo los líderes políticos. Así, Mariano Rajoy ha pedido al Gobierno que asuma su «responsabilidad» en la situación deficitaria de las cuentas de las comunidades, y se ha comprometido a ser «leal» y contribuir a «reducir el déficit público». Para ello, el líder de la oposición ha reiterado su petición de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera a fin de poder cumplir las exigencias de la Unión Europea: «Se puede cumplir el objetivo de déficit si todos somos leales«, ha afirmado Rajoy, para agregar a continuación la única condición que pide al Ejecutivo que «hable a calzón quitado con las comunidades».

No obstante, Rajoy parece olvidar que son, precisamente, las comunidades ya gobernadas por el PP, como Valencia y Madrid, las más endeudas, al tiempo que son las que más han gastado en los primeros meses de 2011. Eso sí, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha evitado este lunes hablar de la «quiebra total» de la comunidad que está a punto de gobernar.

«Gamberrismo político»

A tenor de las declaraciones cada vez más insultantes, desde el PSOE, su número tres, Marcelino Iglesias, calificó la situación de «gamberrismo político», al practicar una «deslealtad sin límites» por cuestionar «sin datos» la situación económica de algunas comunidades. El secretario de Organización socialista está convencido de que esta estrategia del PP es la antesala de «los recortes que se propone realizar», aunque Iglesias cree que no lo hará hasta después de las elecciones generales.