Los jefe de Estado y de Gobierno reunidos en una nueva cumbre europea han dado las recomendaciones a todos los Estados miembro para elaborar los presupuestos de 2012, así como las reformas que deben afrontar en los próximos meses. en el caso de España se ha pedido al Gobierno que ligue salarios a productividad y fije un techo de gasto a las comunidades autónomas. Según ha explicado el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el objetivo de las nuevas recomendaciones es mejorar la coordinación de políticas económicas y reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda.A

Veintisiete siguen buscando medidas que corrijan los desequilibrios de los que tienen más problemas para dar confianza a los mercados. Para ello, a España se le ha pedido que introduzca un techo de control de gasto para las comunidades autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones de cada empresa, además de finalizar las reformas pendientes como es la de las pensiones y la del sistema financiero.

España, no obstante, ha conseguido hacer desaparecer de las recomendacioneso que se tengan que reducir las cotizaciones sociales con el fin de reducir los costes salariales, así como una nueva subida del IVA y de los impuestos que gravan la energía. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya dejó claro la primera vez que se escuchó este enunciado que resultaba un contrasentido que se hubiera pedido a España elevar la edad de jubilación para garantizar la viabilidad financiera del sistema, cuando ahora se pide una bajada de cotizaciones, que volvería a poner en peligro dicha viabilidad.

Además, Salgado no considera conveniente subir ningún impuesto en estos momentos, y mucho menos el IVA, dado el nivel tan bajo que registra el consumo. Una subida de este impuesto supondría constreñir aún más el consumo y, con ello, frenar el crecimiento económico, con lo que además se imposibilitaría la creación de empleo, que es lo que la UE argumentaba para adoptar ambas medidas.

El Gobierno español parece haber convencido al resto de las autoridades comunitarias, ya que en su lugar se pedirá a España que estudie si existe algún «margen de maniobra» para mejorar la eficacia del sistema fiscal. En este sentido, creen que se debería estudiar si conviene más a nuestro país que la presión fiscal recaiga sobre el consumo y el medio ambiente o sobre el trabajo.

Todas las reformas que se aprueben deberán desarrollarse en paralelo a la consolidación fiscal. A fuerza de reiterar los objetivos, el Consejo Europeo, espera que nuestro país consiga lograr los objetivos de déficit público comprometidos para 2011 y 2012. Pero ya advierten que si se produce alguna desviación, el Gobierno deberá elaborar «nuevos ajustes». No obstante, Bruselas recomendará a España para conseguir la consolidación fiscal que se fije «una norma (techo) de gasto que vincule a todas las administraciones» con el que mantener el gasto público por debajo del crecimientio del PIB a medio plazo, lo que supondrá aplicar mecanismos extrictos de control de déficit y deuda a todas las comunidades autónomas. Además será necesaria una mayor transparencia de las cuentas autonómicas.

Reformas pendientes

Por lo que respecta a las reformas que la Comisión Europea cree que España deberá aplicar o profundizar, en primer lugar aparece la de la negociación colectiva -aprobada este miércoles por el Congreso de los Diputados-, y vinculado a ello la fórmula para incrementar cada año los salarios. En Europa nos aconsejan que la referencia de la subida salarial sea la mejora de la productividad y no la inflación, además de tenerse en cuenta las condiciones económicas por comunidad, empresa y conseguir una mayor flexilibidad interna a fin de que las empresas se puedan adaptar a la situación económica.

Otro de los «mandatos» comunitarios se centrarán en analizar los resultados de la reforma laboral de 2010 para cambiar las cuestiones que no hayan funcionado para reducir la dualidad del mercado laboral y en la contratación de jóvenes.

Asimismo, se pedirá a España una «supervisión» de todo el proceso de reestructuración de su sistema financiero, sobre todo, todas las operaciones vinculadas con las cajas de ahorros para que se cumpla la fecha del 30 de septiembre de este año  como final del proceso.