A punto de terminar el segundo trimestre del año los indicadores sobre la actividad económica muestran una desaceleración incompatible con las previsiones de crecimiento económico para el conjunto del año que aún mantiene el Gobierno (el 1,3%). Diversos analistas estiman que el PIB habrá progresado en este trimestre apenas dos décimas a sumar a las tres del primer trimestre.
El tímido avance del PIB es consecuencia de una caída de tres décimas en la demanda interna y una aportación positiva del sector exterior de cinco, debido tanto a la buena marcha del turismo como a un menor crecimiento de las importaciones y no tanto a un aumento de la venta de productos españoles en el exterior.
Respecto a la demanda interna, después de la paralización en el sector industrial detectada en abril, se ha venido a añadir un descenso en los pedidos y un deterioro de las expectativas empresariales en mayo. La caída en la construcción residencial que se mantiene y el descenso en la inversión pública en infraestructuras son otros de los elementos que vienen a señalar que la demanda interna aún no ha terminado su periodo de ajuste. La debilidad de la concesión de créditos, tanto por la ausencia de demanda como por los mayores requisitos impuestos por las entidades financieras para concesión de préstamos, acaba de dibujar un panorama apenas alentador.
El sector exterior sigue siendo el motor del crecimiento, y especialmente el sector turístico que, hasta mayo, muestra un crecimiento de las llegadas de visitantes del 7% respecto a un año antes. La salida de la crisis en algunos de los principales países que aportan los viajeros y la crisis de oriente Medio están ayudando de manera decisiva a la recuperación de este sector que puede llegar a tener uno de sus mejores años.
El auge del sector va a tener sin duda un efecto beneficioso, temporal pero positivo, en los niveles de empleo. Las contrataciones en este sector están funcionando de manera muy positiva en los últimos meses y es de esperar que se mantengan hasta final de la temporada. Será un alivio temporal pero importante.
Sin duda uno de los posibles problemas derivados de que no se cumplan las previsiones globales de crecimiento económico es que no se pueda alcanzar el objetivo de consolidación fiscal previsto por el Gobierno. El objetivo es dejar el déficit de las administraciones públicas en el 6%, dentro del programa de ajuste presentado ante Bruselas para el conjunto el año.
Hasta ahora, y gracias a una mayor recaudación de la prevista por parte del Estado, se está cumpliendo el objetivo sin dificultades a pesar de que las Comunidades Autónomas han tenido una cuentas en el primer trimestre peores de las que deberían tener. El pago de facturas atrasadas del año anterior y posiblemente la cercanía de las elecciones de mayo provocó una parte importante de esa desviación que debería ir corrigiéndose a lo largo el ejercicio, como parecen prometer los nuevos gobiernos surgidos de las urnas.
El reto, en todo caso, es que tanto la Seguridad Social como el Estado central mantengan sus ritmos de ingresos en la segunda parte del ejercicio. En los próximos meses se sabrá con certeza a medida que avance el ejercicio. En el mes que acaba se debe ingresar finalmente el impuesto sobre sociedades, que da una idea de cómo fue la marcha de las empresas en el ejercicio pasado. Habrá que ver la cuantía del descenso respecto a un año antes. En julio se paga el segundo trimestre de IVA, y si se confirma un descenso de actividad deberá notarse en dicho impuesto.
Si los ingresos del Estado y Seguridad Social sufrieran, el Gobierno no tendría más remedio que dar una nueva vuelta de tuerca a los gastos para alcanzar el 6% de déficit ya que ha señalado en numerosas ocasiones que se trata de un “objetivo irrenunciable” que, por lo tanto, debe cumplirse a cualquier precio.
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