A juicio del gobierno catalán, esa medida bloquea la compra de las tres fábricas de batidos de chocolate por parte de Vichy Catalán, que incluso ha depositado un aval de tres millones de euros para respaldar la operación.

La venta de Cacaolat, una marca de prestigio en Cataluña, puede perderse en los laberintos concursales de Clesa y Nueva Rumasa cuando Vichy Catalán, el “novio” más serio de los que le habían surgido, estaba a punto de cerrar una operación que daría continuidad a las dos factorías catalanas y otra aragonesa de batidos de cacao que emplean a 400 trabajadores.

La Generalitat, por boca del consejero de Empresa y Ocupación, Francisco Xavier Mena, ha manifestado que “hará todo lo posible para que Cacaolat se quede en Cataluña”. El gobierno catalán sale así al paso del proceso iniciado por los administradores judiciales de Clesa, firma propietaria del 90% del capital social de la marca de batidos, para acumular en Madrid el concurso de acreedores de Cacaolat en su propio concurso. Entre los administradores concursales de Clesa destaca la Agencia Tributaria.

Mena ha subrayado que la Generalitat está trabajando con todos los agentes implicados para asegurar la continuidad de Cacaolat en Cataluña y para formalizar un proceso de venta de las plantas que garantice el mantenimiento de sus 400 empleos. El consejero ha explicado que la decisión judicial de acumular el concurso en Madrid “para todo un proceso judicial en Barcelona que ya estaba llegando a su fin y que permitía que Cacaolat pasara a una situación de normalidad” y, por tanto, que pudiera preservar los puestos de trabajo. Entre los “novios” que le habían surgido a Cacaolat destaca Leche Pascual, un fondo de capital riesgo.

Vichy Catalán es sin embargo el más firme candidato para comprar Cacaolat y comprometerse a facilitar la liquidez que garantice la continuidad a corto plazo de la producción y la marca. Mena ha alertado que la decisión judicial de llevarse el caso a Madrid “pone en peligro la continuidad de una empresa que tiene futuro, por su marca y por su competitividad”, al tiempo que pone también en peligro los puestos de trabajo. El consejero se ha comprometido a “hacer todo lo posible y lo imposible para que Cacaolat tenga viabilidad”.

Hasta el momento, mientras los trabajadores no cesan en sus movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo, se habían recibido varias ofertas para comprar Cacaolat. La de Vichy Catalán, incluso, había depositado el aval requerido de tres millones de euros. Con la decisión de los administradores de Clesa, el proceso queda paralizado.