Esta aprobación era un requisito necesario para la puesta en marca de esta medida cuyo objetivo es dotar de liquidez a las entidades locales, con “la finalidad –según el ministerio de Economía- de satisfacer el pago de facturas emitidas por las mismas, y pendientes de pago, a empresas y autónomos, correspondientes a suministros, obras y servicios prestados  a entidades locales”.

El importe susceptible de financiación, junto con los intereses estimados de la operación de crédito, no podrá exceder, en ningún caso, el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de cada entidad local en los tributos del Estado del año 2011.

Las entidades locales deben liquidar el préstamo en un plazo máximo de tres años y, si no lo hicieran, el Ministerio de Economía y Hacienda efectuará las retenciones que procedan a favor del ICO con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer la participación de aquéllas en los tributos del Estado.

La medida, establecida en el Real Decreto Ley de impulso a la sostenibilidad de las cuentas públicas y la protección social aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, pretende, según Economía “aliviar la situación de muchos autónomos y pequeñas empresas que, ante la actual coyuntura económica, se encuentran con un grave problema para liquidar sus derechos de cobro por suministros, obras y servicios  realizados para entidades locales”.

La finalidad de esta nueva línea es dotar de liquidez a las entidades locales para el pago de facturas pendientes emitidas hasta el 30 de abril de 2011. La nueva línea financiera posibilitará preferentemente, asegura Economía, la cancelación de las deudas con los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, considerando asimismo la antigüedad de las certificaciones o documentos.