El gobierno catalán ha sacado a concurso público la realización de las auditorías de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Televisión de Catalunya (TV3), Catalunya Radio y TVC Multimedia, S.L. por un valor estimado de 140.000 euros. Hasta aquí, lo normal. Lo sorprendente de la convocatoria es que una de las cláusulas exige para poder concurrir que la empresa auditoria justifique una solvencia financiera a partir de una cifra de negocio superior a los cien millones de euros anuales, lo que deja fuera de poder optar a casi todas las firmas del sector, según denuncia la Asociación Grupo20, un foro de empresas auditoras de tamaño medio que defiende la transparencia de la información económica y financiera.

Sólo las cuatro grandes compañías internacionales cumplen el requisito de facturar más de cien millones de euros anuales y, naturalmente, quedan excluidas de auditar las cuentas de los medios públicos catalanes las de tamaño medio y pymes del sector. Para Grupo20 resulta “paradójico” exigir como garantía de solvencia para un concurso de una cuantía máxima de 140.000 euros una facturación superior al centenar de millones, máxime, señala la Asociación en una nota, cuando la Comisión Europea ha manifestado su inquietud por la concentración de la actividad auditora en las conocidas como las “cuatro grandes”, inquietud que fue manifestada en el Libro Verde emitido recientemente.

A juicio de Grupo20, que representan el 10% de la facturación total del mercado español y un 40% de la facturación de las firmas medianas, es “incomprensible” que una entidad pública argumente la “solvencia financiera” para introducir prácticas restrictivas de la competencia, “totalmente contrarias a la normativa internacional y a las recomendaciones de la Unión Europea” para facilitar una mayor presencia en el mercado de la auditoría de las firmas medianas.

El foro de reflexión, debate y opinión que nació hace 15 años precisamente para fomentar la auditoría como garante de la transparencia de la información económica y financiera, defiende que la transparencia pública se basa en la realización de auditorías, pero “también en procesos de concurrencia en que no se introduzcan condiciones absurdas para excluir a tantas firmas auditoras nacionales cuya calidad y profesionalidad están fuera de toda duda”.