La reunión el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles se presenta como decisiva de cara a si las cuentas públicas de este año cerrarán con un déficit del 6% como está previsto dentro del programa de reducción de los desequilibrios pactado con la Unión Europea o no será posible. Hoy por hoy parece difícil conseguir el objetivo de déficit sin que se adopten nuevas medidas de reducción de algún gasto público o una subida de impuestos que permita mayores ingresos en las arcas públicas.

El Estado Central está cumpliendo escrupulosamente los objetivos fijados y sus ingresos marchan en la línea de lo previsto y lo gastos se mantienen también dentro de lo establecido. Pero en las Comunidades Autónomas no ocurre lo mismo. Junto a desviaciones ya reconocidas públicamente y que nadie ha discutido como las del Gobierno de Cataluña, hay un problema adicional en el resto de autonomías.

Por una parte es posible que, con el cambio de gobierno registrado en varias de ellas, se desvele que las cuentas públicas escondían algunas partidas no reconocidas lo que implicaría un mayor déficit. Pero también existe en temor de que, al margen de posibles agujeros escondidos lo que esté ocurriendo en realidad es que las Comunidades Autónomas estén gastando en la actualidad más de lo que deberían para alcanzar los niveles de déficit compatibles con la reducción a que se habían comprometido anteriormente. Es decir que, con el nivel de ingresos y gastos actuales no sea posible cerrar el año con un déficit del 1,3% que es lo acordado.

De la reunión del miércoles debería salir no solo el compromiso firme y decidido de todas las partes de cerrar el ejercicio con un déficit global del 6%, que se alcanzará, sino con el convencimiento interno de que se hará lo que sea necesario para logarlo. Y ese puede ser el problema real.

Gobierno y oposición vienen negociando, en público y en privado, acerca de todo esto. Y las dos partes parece que entienden la necesidad de alcanzar un consenso suficientemente creíble por parte de la Unión Europea y de los mercados que mantienen la mirada puesta sobre la deuda española para actuar sobre ella a la menor ocasión.

Pero al tiempo que debe discutirse la forma en que se va a alcanzar el objetivo de déficit global que el Gobierno central reitera que es irrenunciable, hay otras cuestiones sobre las que deberían reflexionar la vicepresidenta económica y los consejeros de Economía de las comunidades autónomas. La primera de ellas es que no se pueden seguir poniendo en duda las cuentas públicas proporcionando cada poco tiempo cifras contradictorias, y no homogéneas, sobre los déficits autonómicos.

Para evitar esto es necesario por una parte reconocer el papel que juegan los interventores en el control de las cuentas públicas al tiempo que se profundiza en la transparencia de dichas cuentas. Hay que enseñarlas más y mejor de forma que se disipen las dudas que pueden existir acerca de si realmente toda la deuda reconocida está contabilizada a  no como déficit, independientemente de que se haya pagado o no.

Las Comunidades Autónomas que en la actualidad estén con unos niveles de déficit que hagan prever que no cumplirán con su compromiso de reducción acordado deberán tomar medidas adicionales que garanticen que lo alcanzarán. De otra forma el Gobierno central no debería aprobar los planes de reequilibrio presupuestario presentados, lo que implicaría automáticamente la imposibilidad para estas comunidades de refinanciarse en los mercados. La cuestión está en saber si los nuevos gobiernos autonómicos están en disposición de llevar a cabo las medidas impopulares que eso implica y si el Gobierno central tiene la fuerza política, en las circunstancias actuales, para imponer su criterio realmente.