Los representantes de la Generalitat acuden a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las uñas preparadas. La sesión del consejo ejecutivo estuvo centrada en buscar argumentos para poner sobre la mesa ante la cerrajón de la ministra de Economía. El portavoz llegó a acusar al Gobierno de no actuar de buena fe e ironizó sobre la urgencia con la que reclaman a la Generalitat el pago por el desajuste por los anticipos recibidos durante los años 2008-2009 y se niega a pagar lo que deben del fondos de compensación.

El portavoz Francesc Homs fijó los tres puntos que la Generalitat pondrá este miércoles sobre la mesa en el consejo de política fiscal: Exigir –más que insistir- que el Gobierno pague los 1450 millones del fondo de competitividad. En palabras del portavoz, la postura catalana se reduce al “que nos paguen lo que nos deben”.

El segundo punto es reclamar una moratoria en la liquidación de los anticipos que recibió la Generalitat en los ejercicios del 2008-2009, que se elevan a 2.492 millones a pagar a cuatro años. Denunció Homs que la cantidad adelantada se debió a la negación de que España estaba afectada por la crisis mundial, postura defendida insistentemente por Rodríguez Zapatero, incluso ante la ONU, e hicieron una previsión de ingresos por impuestos absolutamente desorbitada.

El tercer punto se refiere a que el Estado avale la deuda autonómica y que éstos avales no los centre únicamente en la deuda del Estado. En este apartado denunció Homs que los anunciados 8.000 millones que el Gobierno anuncia que inyectará a las autonomías el próximo año “servirán para paliar el déficit» y fue muy duro al replicar la pretensión del Gobierno a fijar el destino de esta cantidad: “El Estado no tiene que decir en que se tienen que gastar, si no que se van a destinar a aligerar el déficit”

Por otra parte, el portavoz acusó al Gobierno de “no actuar con transparencia ni de buena fe” cuando en las subvenciones acordadas y presupuestadas tienen una “cláusula escondida” (en calificación del portavoz)  que posibilitan que el Gobierno cancelar estas subvenciones si la comunidad no cumple los objetivos del déficit. Ello lo calificó com “un engaño, por que se crea una ficción”.