El presupuesto del departamento de Sanidad para este año se eleva a 8.966 millones, cantidad claramente insuficiente para el conseller Boi Ruiz. Se quejó en su comparecencia parlamentaria de la mala financiación del sistema sanitario catalán y reclamó al Estado que “se resuelva el déficit histórico de la sanidad catalana”. Cuando se realizó el traspaso se acusó al entonces presidente Jordi Pujol de aplicar la política de ”peix al cove” (aceptar todas las competencias que pudiera, aunque estuvieran infravaloradas).

Consciente del malestar provocado por sus recortes en la sociedad catalana, con el cierre de camas hospitalarias y reducción de la actividad de los centros de atención primaria (llegando a su cierre, teóricamente temporal), así como una reducción del personal contratado. “Nuestro objetivo es garantizar las prestaciones de los servicios con los recursos disponibles, al tiempo que se reducen el déficit”.

Acto seguido pasó a desglosar el destino de los 8.966 millones presupuestado  (que son 900 menos que en el ejercicio anterior). Así se destina 162 millones a la gestión administrativa (con una reducción del 4%). 2.002 millones los destina a los gastos farmacéuticos (con una reducción del 28%). Para inversiones destinan 352 millones (8% menos) y el cuarto apartado es los servicios sanitarios asistenciales, en los que invertirán 7.360 millones con una reducción del 60% respecto al ejercicio anterior.

Hizo una comparativa de las medidas que han tomado los países europeos y valoró que los criterios y las medidas son muy similares “independientemente del color político de su gobierno”.

Para los centros de urgencias apostó por el servicio telefónico para solventar con la “Generalitat responde” como un primer contacto para este tipo de atención y que desvíe la atención sanitaria al centro adecuado.

Asimismo trató de evitar la duplicidades de servicios sanitarios y la optimización de los  mismos, ello implica que no todos los centros han de ofrecer todos los servicios. Con esta medida pueden modificar los horarios de 56 centros y cambiar la presencia física de determinados  médicos en el centro por el que el sanitario esté simplemente localizable. El eje central de los enfermos crónicos –con el nuevo sistema- pretenden concentrarlos en los centros de asistencia primaria y sus facultativos tendrán competencias para reclamar pruebas especializadas o enviarlos –si es necesario- a otros centros.

En la atención especializada quieren potenciar la asistencia domiciliaria en vez de la hospitalaria. La filosofía es de  “pasar de hospitales que tienen servicios a servicios que tienen hospitales”. Explicó que en Catalunya tiene habilitados 14.100 camas, y recordó que en el pasado año se utilizaron 11.100. Con ello pretendía desmentir las críticas por el cierre de plantas hospitalarias, “pese a lo que digan los medios de comunicación”. Asimismo recordó que cada vez un mayor número de intervenciones hospitalarias no requieren ingreso hospitalario para el postoperatorio y potenciar la hospitalización a domicilio (lo cifró en un 56%).

Sobre las listas de espera aseguró que hay patologías que pueden esperar más que otras. Pretenden flexibilizar los recursos para que los medios sean del enfermo que los necesita y no del centro.

“El hacer las cosas bien, tan clínicamente como administrativamente, comportan ahorros importantes”, concluyó, no sin antes constatar que la actual situación obliga también a determinados ajustes en el personal, punto en el que agradeció los “ejercicios de responsabilidad de los centros y los profesionales”.

La ex consejera de Sanidad Marina Geli , del PSC, se avanzó unas horas a la comparecencia de su sucesor, al que le pidió que “pare, escuche, rectifique, dialogue y presente una propuesta razonable” y ha denunciado que los cierres de centros “han hecho saltar las alarmas a los alcaldes de todo el territorio, incluso a los del partido que preside Artur Mas. No sabemos ni siquiera lo que sucederá el próximo lunes y tanta incertidumbre genera desconfianza”.

Las palabras del conseller no convencieron a la oposición. Todos coincidieron en criticar la “incertidumbre” que han generado” y reclamaron que reconsidere  y negocie con los afectados y los partidos las medidas que exige la crisis. “No se puede estar recortando todo en todas partes”, dijo el portavoz socialista Josep M. Sabaté, mientras Eva García del PP se preguntó “a quien quieren engañar, no tomen a las personas por tontas” y le reclamó «que pare urgentemente los recortes que se producirán las próximas horas».