Mientras la Cámara de Comercio de Barcelona ultima un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la mitad de las 200 de personas que integran su plantilla por la caída de ingresos que supone la eliminación del pago de cuotas obligatorias, el ejecutivo que preside Artur Mas ha decidido firmar un convenio para que las Cámaras de Comercio catalanas reciban encargos de la Generalitat con el objetivo de facilitar la reactivación de la economía catalana.

El ajuste de plantilla a que se somete la Cámara de Barcelona, derivado de la caída de ingresos que supone la eliminación del pago de cuotas obligatorias para las empresas en aplicación de un Real Decreto aprobado en diciembre de 2010, implica la supresión de la principal fuente de financiación de las cámaras de comercio. El ajuste de personal ha comenzado con un proceso de bajas voluntarias.

Las Cámaras siguen cobrando este año las cuotas a empresas correspondientes a 2009, lo que supone de hecho un período de transición hacia el nuevo escenario. Las cuotas correspondientes a 2010 se deberán desembolsar en 2012, pero serán voluntarias. El Consejo General de Cámaras de Cataluña señala que la aplicación del decreto supone prescindir del 75% de los ingresos de estas instituciones. Dado que el decreto ley que elimina las cuotas obligatorias también indica que estas entidades deben seguir prestando servicios al tratarse de un ente público, la Generalitat ha acudido a su rescate con un convenio cuyo contenido económico y alcance todavía no ha trascendido.

El sustancial cambio en las condiciones de financiación de las cámaras ha hecho que el gobierno haya acordado un nuevo marco de relaciones que garantice su existencia. En los últimos meses, el departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat ha realizado un diagnóstico de la actividad que desarrollan las cámaras. El gobierno catalán quiere aprovechar el conocimiento, experiencia y proximidad territorial de las cámaras para facilitar la recuperación económica a partir de un nuevo marco de relaciones.

Las cámaras son corporaciones de derecho público y órganos consultivos de colaboración, que están bajo la tutela de la Generalitat catalana y que desarrollan, según subraya en un comunicado el consejo general de Cámaras de Comercio de Cataluña, no sólo actuaciones de carácter privado al servicio de las empresas, sino también acciones de carácter público, de representación de los intereses generales y de promoción de la economía.

Uno de los objetivos prioritarios que se plantea el presidente de la Cámara de Barcelona y del Consejo General de Cámaras de Cataluña, Miquel Valls, es no cesar en su empeño de ayudar a la internacionalización de las empresas catalanas, aunque reconoce que además del recorte de plantillas, la eliminación de las cuotas obligatorias supondrá una menor actividad institucional y cultural de estas instituciones.