El sevillano Juan Manuel Albendea Pabón es uno de esos diputados por los que no pasa el tiempo. A sus 74 años es el de mayor edad y por segunda vez en sus cinco legislaturas consecutivas ha presidido la Mesa de edad en la constitución del Congreso de los Diputados. Eso no tendría nada de particular si no fuera porque Albendea es además un monárquico acendrado que ha defendido año tras año con la elocuente pasión de su arenosa voz el presupuesto de la Casa Real frente a las formaciones parlamentarias de izquierda que también, año tras año, venían reclamando el desglose y el control de la intervención del Estado de la asignación global al rey Juan Carlos para que la administre como mejor convenga.

Ha habido debates del capítulo primero del Presupuesto entre Albendea y el de ERC Joan Tardá y entre Albendea y Gaspar Llamazares muy sobresalientes, no por los ataques y la defensa de la coronada institución, sino por la insistencia en la transparencia y el control del dinero público frente a la confianza ciega. Albendea refutaba los argumentos de los controladores –“que vaya si tienen mala leche”, decía– con el argumento cuántico de que “nuestra monarquía es la más barata de Europa”. Y ofrecía unas comparaciones deliciosas (y tramposas), según las cuales, la monarquía nos cuesta unos céntimos (18 de euro este año a cada español) en contraste con los cinco euros que les cuesta la suya a los belgas o las seis libras la inglesa a cada británico.

Al final, los periodistas teníamos para titular, pues una monarquía tan tirada de precio siempre es noticia y, además, con los ajustes de la crisis, el presupuesto de la Casa del Rey ha ido bajando desde 10 millones de euros en 2007 a 8,4 en la actualidad. Sin embargo, al final del ya histórico rifirrafe han salido ganadores los diputados Tardá y Llamazares, pues la propia Casa del Rey ha anunciado que dará cuenta pormenorizada del gasto antes de fin de año. Vale añadir que se trata del dinero personal para los miembros de la familia y sus asistentes y allegados, pues tanto los viajes, cenas de gala y demás gastos de representación, como la seguridad y el mantenimiento y conservación de las sedes palatinas va en capítulos aparte en los presupuestos de Exteriores, Presidencia y otros. De ahí la “trampilla” de Albendea.

Siendo tan monárquico no podía Albendea dejar pasar la oportunidad que le daba la presidencia de la Mesa de edad del Congreso para pedir un “sincero reconocimiento” al Rey. Sus sorprendidas señorías aplaudieron, aunque no era el momento, pues como es sabido, Su Majestad inaugurará solemnemente la X legislatura en su momento. Si Albendea quería hacer un favor a la Monarquía, lo logró haciendo que los 349 representantes del pueblo soberano se acordaran de ese yerno residente en Washington (como el ex presidente balear Jaume Matas) al que la gente ha cambiado el apellido y ahora llama “Urmangarín”. Después, cuando llegó la hora de jurar o prometer la Constitución, algunos como Cayo Lara y José Luis Centella, de IU-ICV, lo hicieron “manteniendo mi convicción republicana”. Los de Amaiur, ERC y el PNV juraron por “imperativo legal”, es decir, por obligación.

Por lo demás, la sesión constitutiva del Congreso duró tres horas que, como bien dijo Carles Campuzano, de CiU, podían haber sido una si en vez de tres llamamientos para votar individualmente presidente, vicepresidentes y secretarios de la Mesa hubiesen colocado tres urnas. Y el resultado fue el que habían pactado los jefes de filas del PP, el PSOE y CiU. Presidente, Jesús Posada (202 votos del PP y CiU). Vicepresidentes: Celia Villalobos (PP, 116 votos), Javier Barrero (PSOE, 100 votos); Dolors Monserrat (PP, 50 votos) y Jordi Jané (CiU, 47 votos). Secretarios: Ignacio Gil Lázaro (PP), María del Carmen Silva (PSOE), Teresa Cunillera (PSOE) y Santiago Cervera (PP). Llamazares protestó por la exclusión de la tercera fuerza política en votos, IU-ICV, de la Mesa de la Cámara, pero turris burris lo que dijera Llamazares. Y el presidente Posada pidió “con humildad” la colaboración de todos para, sin abdicar de los principios y convicciones, sacar el país adelante, “no defraudar a los ciudadanos” y que al final de la décima legislatura éstos puedan decir: “Ha merecido la pena darles nuestra confianza”.