Diario Abierto

El viernes el Consejo de Ministros debería recibir un primer informe del Ministerio de Trabajo sobre los acuerdos o desacuerdos entre sindicatos y patronal en materia de reforma laboral y a partir de ahí elaborar, en las siguientes semanas, el texto legal que aprobar definitivamente y presentar al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley.

Las conversaciones entre los agentes sociales apenas han avanzado en los fundamental aunque si se han logrado avances en cuestiones secundarias como el traslado a los lunes de algunas fiestas o en materia de control del absentismo. Pero las divergencias en materia de revisión salarial para este año, los siguientes y, sobre todo la manera de calcularla, así como en contratación e indemnizaciones por despido son tan grandes que se puede decir que las negociaciones iniciadas tras las elecciones legislativas han vuelto a fracasar.

Lo sabe el Gobierno, y lo que es más relevante, lo sabía prácticamente desde el principio. Era imposible que se llegara a un acuerdo entre las partes teniendo en cuenta las posiciones de partida iniciales y los fracasos de anteriores mesas de negociación bajo el paraguas del  gobierno socialista de entonces. Pero tenían que dar una nueva oportunidad al acuerdo entre las partes.

Por eso ahora le tocará a la titular de Trabajo, Fátima Báñez, y al ministro de Economía, Luis de Guindos, empezar a pergeñar la reforma que quieran que apruebe el Congreso, dada la mayoría absoluta de que dispone el Gobierno. Báñez como responsable del departamento tiene que redactar el proyecto de ley  pero de Guindos, como responsable de la política económica general debe dejar también su impronta en el modelo que se implantará.

En una de sus comparecencias públicas, el responsable de Economía se decantó por llevar a cabo reformas con calado ‘radical’ sin especificar  en qué consistirían pero puede adivinarse con cierto grado de exactitud. El Gobierno sabe que lo que no haga en el primer trimestre del año será muy difícil ponerlo en marcha después porque su crédito político irá reduciéndose a medida que pase el tiempo.

El punto central de la reforma estará en la existencia o no de algo parecido a un nuevo modelo de contratación que unifique buena parte de los existentes y que establezca criterios objetivos para su resolución y cuente con una indemnización a su finalización bastante más reducida que las actuales de 45 días por año trabajado para los contratos indefinidos o los 33 días para trabajadores que cumplan ciertas condiciones. Además de nuevas facilidades para los contratos de formación para los jóvenes que inicien su andadura profesional.

Es lo que vienen reclamando los empresarios desde hace tiempo; un único contrato, de duración indefinida pero con mayores posibilidades de rescisión si las condiciones económicas así lo aconsejaran.

Los sindicatos se han opuesto a estas peticiones y a cambio aceptarían flexibilizar la contratación temporal o a tiempo parcial si a cambio se garantizara que, una vez resuelta la crisis temporal por la que atravesaran las empresas, se volviera a la situación anterior en lo que se refiere a derechos adquiridos.