Tiene diez días, a contar desde el pasado viernes, para analizar los planes de Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank y Popular para cumplir con las nuevas exigencias de capital que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha impuesto a 65 entidades financieras consideradas “sistémicas”. Pero el Banco de España, tras recibir el viernes la documentación correspondiente, ha constatado que los cinco mayores grupos financieros van a cumplir sin problemas con esos requerimientos. Y que todos ellos han descartado de plano el recurso a las ayudas públicas. Una sensación muy similar tienen en la EBA respecto al resto de las entidades financieras europeas.

El Banco de España emitirá un informe a la EBA en el mencionado plazo de diez días. Y la EBA tiene previsto estudiar los planes de las principales entidades financieras europeas para cumplir con la exigencia de contar con un capital principal del 9% en junio, y los informes de los supervisores nacionales al respecto, en las reuniones que está previsto que se celebre en Londres con éstos los días 8 y 9 de febrero.

Ya tiene los deberes hechos el Santander, el banco español con mayores requerimientos adicionales de capital (15.300 millones de euros, según la EBA). El mayor grupo financiero de la zona euro terminó 2011 con el 9% que se le va a exigir en junio, y mantiene su previsión de alcanzar el 10% para esa fecha. El Santander verá sensiblemente reducidas esas exigencias cuando la EBA tenga en cuenta los bonos cuya transformación en acciones se produzca antes de octubre.

El Santander, como muchas entidades, ha optado por la transformación de preferentes (que ya no computan como capital principal en bonos convertibles en acciones). Esa fórmula ha aportado la mitad de los 6.239 millones que necesita el BBVA. Este grupo ha recurrido también al incremento del pago de dividendo en acciones, en vez de en efectivo; a medidas de reducción de los activos ponderados por riesgos y del balance, que reduce las exigencias de capital; y a mecanismos como la actualización del valor contable de Compass, su filial en Estados Unidos: le restará 1.000 millones de euros al beneficio de este año pero le mejora en 400 millones el capital principal por el tratamiento fiscal de los fondos de comercio.

El Popular, que entró en la lista de las entidades consideradas sistémicas tras el anuncio de la absorción del Pastor (que será una realidad en marzo), necesita 2.581 millones de euros. Éstos saldrán del canje de dos emisiones de bonos convertibles, de medidas de reducción del balance y del incremento del porcentaje de dividendo pagado en acciones del banco.

Bankia requiere 1.329 millones, y en el plan entregado el pasado viernes al Banco de España se menciona que llegará a junio con un capital principal del 9,8%. Para lograrlo, transformará preferentes en acciones o en bonos convertibles en éstas, y pagará algunos de sus dividendos con acciones.

CaixaBank, que apenas requiere 630 millones, ha dejado muy claro que cumplirá con esas exigencias adicionales con la generación orgánica de capital, sin necesidad de recurrir a otras medidas, como sí han hechos sus colegas.

Ampliación de capital, poco utilizada

Ninguna de las entidades financieras españolas ha recurrido a la ampliación de capital para cumplir con las nuevas exigencias de capital. Sí lo ha hecho el Sabadell, que no está en la lista de entidades “sistémicas”, pero que formará parte de ella cuando asuma la gestión del Banco CAM. El Sabadell ampliará capital en unos 1.000 millones de euros.

De los bancos europeos que también tienen que afrontar requerimientos adicionales de capital para cumplir con el 9% en junio, el italiano UniCredit ha recurrido a la ampliación, que aportará 7.500 millones de los 7.970 millones que necesita. También el segundo mayor banco alemán, el Commerzbank, ha obtenido 5.300 millones mediante una ampliación de capital, cuando necesita 6.300 millones. El italiano Intesa Sanpaolo llevará a la junta general de accionistas que se celebrará el 10 de mayo la realización de una ampliación de capital de 5.500 millones de euros.

Todos rechazan las ayudas públicas y prefieren reducir el dividendo, ampliar la parte de éste que se paga en acciones de la propia entidad, aplicar medidas de disminución del volumen de activos ponderados por riesgo como tener menos exposición a deuda soberana o reducir las actividades de banca de inversión y de financiación, realizar desinversiones inmobiliarias, canjear bonos convertibles en acciones, o recomprar emisiones de deudas.