El Gobierno ha logrado en tiempo récord poner de acuerdo a gobiernos autonómicos y locales (gran parte a la mayoría que obstenta el PP en la mayoría de las regiones) para que asuman y apliquen la futura Ley de Estabilidad presupuestaria. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dio este jueves un paso más en busca del conseso mayoritario en el Parlamento. Con ello, explicó, España recuperará la confianza perdida tanto en los mercados como entre nuestros socios comunitarios y los ciudadanos,  y podrá pensar en remontar el vuelo del crecimiento económico.

El punto de partida será que todas las Administraciones se comprometan a lograr el equilibrio o superávit presupuestario. El Parlamento aprobará el techo que ninguna podrá sobrepasar, y desde el respeto más absoluto a la autonomía de los gobiernos regionales y locales y sin modificar las competencias, autonomías y entes locales podrán diseñar sus presupuestos, de cuyo contenido deberán informar y lograr el visto bueno. Y para ello, el Ejecutivo ya cuenta con el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se encuentran presentes todas las comunidades, y de la Comisión Nacional de la Administración Local.

De esta forma, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, con el que pretende reforzar la idea de estabilidad presupuestaria y hacerla permanente. Se trata de la primera gran ley para controlar el déficit público, más allá de los ajustes y recortes que se necesitan hacer para corregir el déficit actual y cumplir los compromisos con la UE.

Mariano Rajoy ha querido aprovechar el necesario desarrollo de la reforma constitucional para implementar su propia política en la modernización y reestructuración de todas las Administraciones Públicas, incluida la reducción de empresas públicas, las cuales según Montoro han servido para ocultar déficit y falsear cuentas. Y por ello la futura ley pretende, también, acabar con las malas prácticas de algunas regiones.

Para lograr el equilibrio o superávit de las cuentas se dará a todas las administraciones un periodo transitorio. Se considera que se cumple este requisito cuando el déficit estructural no supere el 0,4% del PIB y la deuda de las administraciones en su conjunto no supera el 60% del PIB, salvo en circunstancias excepcionales como catástrofes naturales, recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria, tal y como explicó Montoro en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tanto el Estado como las comunidades autónomas y grandes ciudades deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos basándose en una regla de gasto que incorpora la normativa europea en esta materia. Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto establecida y el déficit estructural alcanzado.

En caso de desviación, el objetivo deberá contemplar una reducción mínima anual del 0,5% del PIB para el conjunto de administraciones públicas, que se distribuirá en función de la administración responsable y de los límites establecidos para cada administración. Para la fijación del objetivo de deuda pública se tendrá en cuenta el volumen alcanzado en el ejercicio inmediato anterior. Si se exceden los límites establecidos, se deberá garantizar una senda de reducción, siguiendo la normativa comunitaria, de al menos una veinteava parte anual de la desviación.

Una vez cumplidos los objetivos, cada territorio elaborará sus propias cuentas y decidirá a qué quiere destinar sus presupuestos. Si hay desviaciones, entrarán en juego los mecanismos correctores para reorientar los objetivos y sanciones cuando sea necesario. Estas sanciones atenderán tendrán en cuenta la reiteración y la magnitud de la desviación.

Multas para los incumplidores
Así, las administraciones que incumplan sus planes para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

La normativa también establece un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación a cualquier administración incumplidora para analizar la situación, tal y como ocurre en la Unión Europea. Y para los malos gestores también está previsto hacerles responsables ante la Justicia.

Finalmente, la Ley refuerza el principio de transparencia, ya que las administraciones tendrán que acompañar sus proyectos de presupuestos de la información precisa para establecer la equivalencia entre el presupuesto y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional. Hasta ahora esta exigencia sólo se contemplaba para el Estado.

Además, los presupuestos deberán recoger información sobre la necesidad de endeudamiento, las inversiones de las empresas públicas, los datos de evolución de la deuda pública, los avales otorgados, las obligaciones no imputadas al presupuesto y los compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado.

Como explicó Montoro con ello se pretende modernizar y reestructurar todas las administraciones públicas para, además del equilibrio presupuestario, poder ofrecer a los ciudadanos unos servicios de calidad.

De esta Ley emanarán otras reformas como la del Estatuto de la Función Pública y una reducción en profundidad de las empresas públicas, además de evitar duplicidades entre las diferentes administraciones a través de una mayor coordinación. La implantanción y extensión de los sistemas informáticos tanto dentro como fuera de las administraciones, para el uso de los ciudadanos será otra de las grandes apuestas.