La reforma abordará el descuelgue de los convenios y abaratará el despido

09/02/2012

Luis Martínez. El ministro De Guindos confirma que el Ejecutivo se dispone a facilitar el incumplimiento de los pactos firmados entre trabajadores y empresarios.

Poco a poco se van conociendo nuevos datos sobre la reforma laboral que el Gobierno prevé aprobar mañana viernes por la vía de urgencia. Los cambios, que entrarían en vigor posiblemente la próxima semana, afectan a amplias áreas del entramado legal que sustenta las relaciones laborales. En cuanto a la contratación, al parecer se prevé rebajar la indemnización por despido, incentivar los contratos a tiempo parcial y bonificar la contratación a jóvenes menores de 30 años. También se abordará el descuelgue empresarial de los convenios.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó este jueves que la reforma abordará el asunto del descuelgue de los convenios por parte de las empresas. Se espera que la reforma proporcione mayores facilidades a las empresas para incumplir un convenio cuando atraviesen una mala situación. Así, parece que la reforma suprimiría la necesidad de acudir a una comisión paritaria, compuesta por empresarios y sindicatos, para lograr el permiso que abre la vía del descuelgue.

De Guindos, momentos antes de acudir a la comisión delegada del Gobierno, donde también se esperaba tratar este asunto, avanzó además que la reforma tocará otros asuntos relativos a la negociación colectiva. La reunión de hoy es continuación de la mantenida ayer miércoles en el Palacio de la Moncloa, a la que asistieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Empleo, Fátima Báñez, y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.

Tras esta reunión, fuentes de la administración adelantaron algunas líneas maestras de la reforma. Así, se espera que la reforma prime el despido más barato, con la generalización de un contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades. Se estudia incluso eliminar el actual contrato indefinido ordinario, que prevé 45 días de indemnización por año trabajado.

Además, el Ejecutivo se ha planteado clarificar las causas del despido objetivo, una figura que reduce la indemnización hasta los 20 días por año trabajado. Algunas fuentes indican además que también podría eliminarse la autorización administrativa exigida en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

La reforma plantearía además incentivar la contratación fija a tiempo parcial y bonificar los contratos firmados por los menores de 30 años. Para ello se habilitan bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas en el caso de contratos de formación y a tiempo parcial, que serán más flexibles, además.

Por otro lado, el previsto decreto ley abrirá las puertas de la colocación de desempleados a las empresas de trabajo temporal (ETT) y prevé un cambio “integral” en el sistema de formación ocupacional, según adelantó la propia ministra esta semana en el Congreso.

Además, el Ejecutivo podría implantar el llamado sistema austriaco, un fondo de capitalización individualizado parar cada trabajador, donde se acumule el importe de las indemnizaciones por despido y que podría trasladarse, si finalmente entra en vigor, de una empresa a otra.

Según estas fuents, el Gobierno estudia además introducir medidas que reduzcan el fraude en el cobro de desempleo e incentivar la búsqueda de un nuevo trabajo.

Más facilidades para el descuelgue

La reforma prevé además dotar a los convenios colectivos de una nueva estructura. En este sentido, se da por hecho que el Gobierno facilitará a las empresas en crisis la opción de incumplir los convenios colectivos firmados con los trabajadores. Una posible vía para hacerlo sería eliminar la actual obligación de acudir a la comisión paritaria integrada por empresarios y sindicatos para lograr ese permiso.

Además, algunas fuentes indican que la reforma podría acabar también con la llamada ultraactividad, la prórroga automática de los convenios, y establecer en su lugar el plazo de un año para que empresarios y sindicatos cierren un nuevo acuerdo.

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