Las empresas constructoras de infraestructuras -como Ferrovial, ACS, OHL o Sacyr– están pendientes de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente cuantifique y desarrolle el nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN), que fue anunciado recientemente por el titular del departamento, Miguel Ángel Arias Cañete. Previamente se intentará alcanzar el Pacto Nacional del Agua, con la meta de garantizar el suministro de agua «en calidad y cantidad», según palabras del ministro. El programa se prevé llevar a cabo junto a las Confederaciones Hidrográficas y con las Sociedades de Agua y, aunque contemplará trasvases, se quiere evitar una nueva «guerra del agua», por lo que posiblemente se mantendrá paralizado el polémico travase del Ebro.

Las compañías se están interesando por la cuantificación de las inversiones, que no alcanzarán los 22.000 millones de euros del plan del Gobierno de Aznar, que en gran parte no ha sido materializado. Los Gobiernos socialistas optaron básicamente por la construcción de desaladoras, pero parece que ya no van a ser incluidas en el nuevo programa. El ministro ha apuntado que de un plan de creación de 51 desaladoras, están en funcionamiento 17 y 15 en fase de construcción. Se trata, a juicio del responsable de la política de medio ambiente, de inversiones muy costosas y con una eficacia por debajo de lo esperado.

El sector también está dispuesto a encontrar sistemas mixtas para la financiación de un plan que se enfrenta a las dificultades que conllevan los recortes presupuestarios. Aunque las cifras pueden estar lejos de los 22.000 millones del plan anterior, las inversiones podrían llegar a los 12.000 millones de euros. España es, en opinión del departamento, el país más atrasado en Europa en la aplicación de la Directiva Marco de Agua.

El alivio para las constructoras frente al parón actual ha llegado esta semana de la mano del Ministerio de Fomento, que prevé un programa inversor próximos a los 78.000 millones de euros hasta 2024. Las prioridades para estos doce próximos años serán las carreteras y el ferrocarril, básicamente los trenes de alta velocidad, al que se destinaría 24.000 millones de euros. Igualmente en estos casos, en especial el de las carreteras, se buscarán fórmulas de financiación pública y privada.