La RMI es una prestación económica periódica que se concede a aquellas personas que, tras agotar todas las vías de ayuda posibles (paro, subsidio por desempleo…) se encuentran en una situación puntual de especial dificultad.

Según explicó el vicepresidente, la Administración autonómica garantiza, en virtud de la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción, la percepción de esta ayuda a todas las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos. Por ello, la Comunidad de Madrid ha de proveer los recursos necesarios para abonar la prestación a los beneficiarios.

De este modo, el gasto aprobado constituye una aproximación del gasto que se prevé realizar en función del número de madrileños que actualmente están percibiendo esta ayuda. No obstante, si a lo largo del año fuese necesario, el Gobierno regional realizaría una ampliación del crédito para asegurar que todas aquellas personas con derecho a percibir la Renta Mínima de Inserción la reciben.

No es un subsidio indefinido

La Renta Mínima no pretende ser un subsidio indefinido, sino que se trata de una ayuda puntual para ayudar a los titulares de la misma a salir de la situación de necesidad en la que se encuentran. De lo contrario, se fomentaría el estancamiento de situaciones de exclusión social, según explicó González.

Por ello, la cantidad económica que se concede va asociada a un proyecto individualizado de integración que pretende estimular y ayudar a estas personas a potenciar sus habilidades, a desarrollarse y a motivarles a que encuentren un trabajo.

Durante el primer semestre de 2010, la Comunidad de Madrid ha garantizado que una media mensual de 11.426 familias que se encontraban en situación de especial necesidad pudieran recibir unos ingresos mínimos. En términos individuales, en los seis primeros meses del año cerca de 70.000 personas percibieron esta ayuda, que alcanzó una cuantía mensual media de 532 euros.

En este sentido, González explicó que este año el Gobierno regional destinará un total de 64 millones de euros para la RMI, de los cuales 60 se dedicarán al pago directo de la ayuda, mientras que el resto servirán para financiar proyectos de integración, subvenciones y convenios.