El Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones. Tras confirmar un alza del 1 por ciento el año próximo, la visita al Congreso este lunes de Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, no sirvió para despejar las dudas en torno a cuánto subirán finalmente las pensiones el año que viene.

Tomás Burgos no aclaró la principal incógnita que se mantiene respecto a uno de los grandes capítulos de gasto, que afecta a unos 9 millones de pensionistas. Existen dudas al respecto sobre si el Ejecutivo actualizará las prestaciones conforme  al IPC de noviembre -que podría rondar el 3,5 por ciento, como hasta ahora-, o si, por el contrario, impulsará un cambio legal -poco probable dado el escaso margen temporal del que dispone- para ahorrar a la Tesorería del instituto de previsión un gasto adicional de 5.000 millones de euros que costaría la actualización.

El máximo responsable de la Seguridad Social reiteró que el Gobierno cumplirá la ley, lo que supone que dará luz verde a la actualización una vez que conozca el dato de inflación de noviembre. Sin embargo, Burgos a la salida de su comparecencia ante el Pacto de Toledo para analizar el balance de la integración en el régimen general de la seguridad social de las empleadas del hogar, matizó que, una vez conocido el dato de IPC, se podrá determinar si el gasto de esa actualización supone un «gasto asumible» para el sistema.

En el capítulo de las especulaciones, corren los rumores sobre la posibilidad de que el Ejecutivo opte finalmente por revalorizar tan solo las pensiones mínimas al igual que hizo el PSOE en 2011, cuando el Gobierno de Zapatero decidió congelar el resto de prestaciones.

Mientras, otros apuestan por que el Ejecutivo esperará al dato de inflación de noviembre para abrir un debate sobre la conveniencia de mantener el sistema actual de revalorización de las pensiones, indexado al IPC. En este sentido, el Gobierno podría aprovechar la actual coyuntura para llevar al Pacto de Toledo la necesidad de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad, exigido por Bruselas y que vincula la evolución de las pensiones a la evolución general de la economía y del componente demográfico.

Sin embargo, Burgos se limitó en su comparecencia a reprochar a los miembros del Grupo Socialista sus advertencias sobre los riesgos que corre el actual sistema bajo el Gobierno del PP. Así, enumeró algunas de estas supuestas amenazas, como el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años, la modificación del período de cómputo para calcular la vida laboral o la eliminación de la paga extra a los pensionistas, que finalmente no se han cumplido. «Todo eso se va desmontando», sentenció.

Sin embargo, la inquietud sobre el futuro de las pensiones es evidente. Así, durante la comparecencia del secretario de Estado, todos los grupos -salvo el PP- instaron al Gobierno a que desvele ya si está dispuesto a actualizar las pensiones de acuerdo al crecimiento de los precios, tal y como le obliga la ley. «Mientras no cambie la legislación, lo haremos», vino a decir Burgos a los periodistas antes de la sesión.

Fuentes del sector indican que un cambio del sistema actual de actualización de las pensiones requeriría un cambio de la ley de la Seguridad Social, un camino complejo que difícilmente podría cumplirse antes del próximo mes de enero, cuando suele producirse el ingreso de la paga única con la cual el Gobierno compensa el desfase con la inflación del año anterior, aunque la ley permite efectuar ese ingreso a lo largo del primer trimestre. Sin embargo, y ya que la actualización automática se consolida a partir de ese momento, el aumento no solo se refleja en ese pago único, sino en las sucesivas mensualidades, normalmente también, a partir de la prestación de enero.