El gasto en pensiones triplicó en una década la subida del IPC

23/10/2012

Luis Martínez. Aun así, el Ejecutivo advierte que la revalorización es responsable de buena parte del aumento de la nómina de las pensiones contributivas.

El Gobierno se enfrenta al delicado problema de poner coto al gasto en pensiones. Si hace unos días el Ejecutivo ponía el acento en la influencia del sistema de revalorización automática de las prestaciones, lo cierto es que la mayor parte del incremento de la factura en pensiones –un 85 por ciento más que hace una década- se debe en realidad a la mejora de la pensión media, derivada sobre todo del incremento en las bases de cotización que hicieron los cotizantes durante su vida profesional activa.

Así, mientras el gasto en pensiones se ha disparado un 85 por ciento en la última década, los precios en ese período apenas han experimentado una variación al alza del 29 por ciento, según afirman los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, el número de beneficiarios del sistema apenas creció en ese período un 14 por ciento, según los propios datos del ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Aún así, el gasto en pensiones creció en octubre a un ritmo del 4,4 por ciento respecto al año anterior, hasta alcanzar 7.467 millones. Un incremento que, unido a la caída de los ingresos por cotizaciones sociales, ponen al Gobierno contra las cuerdas. En este sentido, la Seguridad Social espera un déficit este año de 10.500 millones de euros derivado del pago de pensiones y prestaciones por desempleo.

La pensión media mejoró un 60 por ciento

Varios factores explican el fuerte incremento del gasto en pensiones contributivas que se ha producido en España desde 2002. Durante ese período se incrementó la cuantía de las pensiones de viudad. También se amplió la base de perceptores de prestaciones por orfandad. Pero lo más determinante en cambio fue la mejora de la cotización por parte de los cotizantes que han comenzado a cobrar en esta última década las prestaciones.

Así, en octubre, la pensión media en el conjunto del sistema ascendió a 833 euros, un 60 por ciento más que en el mes de diciembre de 2002, según los datos del ministerio. Una mejora idéntica que la que se vivió entre los perceptores de pensiones de jubilación, los más numerosos, y que hoy cobran una media de 951 euros por este concepto.

La Seguridad Social pagó ese mes un total de 8,9 millones de pensiones, la mayor parte por jubilación (5,35 millones), seguidas por las de viudedad (2,32 millones) e incapacidad permanente (casi un millón de perceptores).

Sin embargo, persisten grandes diferencias en el cobro de pensión entre autónomos y asalariados. Así, mientras los trabajadores procedentes del Régimen General cobran una pensión media de 939 euros; en el Régimen de Autónomos esta prestación se limita a 585 euros. Una diferencia que se atenúa en el caso de las pensiones de jubilación, donde los trabajadores del Régimen General cobran 1.117 euros, frente a los 647 euros de los autónomos.

Los pensionistas podrían perder poder adquisitivo

A finales de noviembre se conocerá el dato de inflación que sirve como referencia para fijar la actualización de las pensiones. Si éste persiste en torno al 3,5 por ciento como en septiembre, el Gobierno se vería obligado a dedicar unos 5.000 millones de euros para esta actualización, la mitad para compensar lo perdido este año y la otra mitad para consolidar esta subida en las rentas del año que viene.

Hasta la fecha, el Gobierno se ha limitado a anunciar que las pensiones subirán un 1 por ciento el próximo año. Sin embargo, la ley obliga al Ejecutivo a subir las prestaciones de acuerdo al IPC. Y el Ejecutivo ha dicho que cumplirá la normativa.

Con todo, el Gobierno de Rajoy no disimula ya su interés por cambiar este sistema de actualización. En este sentido, el Ejecutivo ha deslizado su preferencia por la opción de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC a impuestos constantes. Una opción que no tendría en cuenta la subida del IVA pero que acarrearía una gran pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, que perderían en conjunto 4.200 millones, según algunos cálculos.

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