El Gobierno planea aprobar antes de fin de año un Real Decreto que frene el auge de jubilaciones anticipadas. Los cambios, que se sumarían a la reforma de pensiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, estrecharían la vía de acceso a la jubilación anticipada y parcial. Retrasarían la edad legal de jubilación. Y pondrían trabas a la jubilación parcial, según afirman fuentes de la comisión del Pacto de Toledo.

Estas fuentes consideran que el Gobierno no logrará apoyos a esta reforma en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que sigue la evolución del sistema nacional de pensiones. Por este motivo, añaden, el Ejecutivo valora aprobar ya los cambios y taponar así el crecimiento de las altas en el sistema de pensiones.

Los rumores sobre una reforma inminente han disparado el número de altas en los últimos meses. Según los cálculos del Ejecutivo, la mitad de los jubilados lo hacen de manera anticipada. Un movimiento que se tradujo en más de 32.500 nuevas altas en octubre frente a las poco más de 26.300 de septiembre. No en vano el gasto por jubilaciones anticipadas trepó hasta casi 190 millones de euros en 2011, frente a los 101 millones de 2005.

La jubilación anticipada abre la puerta a que los trabajadores abandonen la empresa con 61 años, en caso de ser forzados por la empresa, o con 63 años, si es de forma voluntaria. En 2011, cerca de 385.000 personas se acogieron a este derecho, con una pensión media de 1.356 euros y un coste anual de 7.288 millones.

En el caso de la jubilación parcial, el trabajador puede abandonar el mercado de trabajo con 61 años, sin coeficientes reductores, mientras que la reducción de jornada se compensa con un trabajador relevista. Cerca de 120.000 personas lo hicieron así, con una pensión media aún mayor, de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de euros al año.

Retrasar la edad de jubilación anticipada a 63 años

La reforma se basaría en las propuestas que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó ante la comisión del pacto de Toledo el pasado mes de noviembre. El Ejecutivo pretende retrasar de los 61 a los 63 años la edad legal para jubilarse según los modelos de jubilación anticipada y parcial, y de 63 a 65 años en el caso de las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario, según este documento..

El informe presentado abría también un debate sobre el establecimiento de coeficientes de reducción de la pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización previos requeridos para acogerse a estas modalidades.

En cuanto a la jubilación parcial, se propone modificar la jornada laboral obligatoria hasta el 50 por ciento en lugar del 27 por ciento y aumentar  el periodo mínimo de cotización exigido a 33 años, entre otras medidas.

Otras medidas propuestas la posibilidad de que un trabajador pueda simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y un empleo por cuenta propia o ajena.

Nuevas protestas el lunes

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió este viernes de que “en España se está diseñando un escenario para una reforma en profundidad del sistema de pensiones”. “El Gobierno prepara un Real Decreto-ley de medidas urgentes para que entren en vigor antes de enero de este año”, afirmó, si bien dijo desconocer los contenidos del texto.

Por su parte, CCOO y UGT presentarán el próximo lunes 17 a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, una solicitud para que recurra ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley que suspende la compensación a los pensionistas por la desviación de precios de este año.

Paralelamente los sindicatos siguen utilizando la calle para expresar su rechazo a estas medidas. Este mismo lunes, y como integrantes de la Cumbre Social, participarán en el más de medio centenar de manifestaciones y concentraciones que se han convocado para protestar contra la no compensación a los pensionistas y la subida de las tasas judiciales, entre otras medidas.