Después dicen que los españoles cada vez creemos menos en la «clase política». Motivos no nos faltan. Tantos casos de corrupción están pasando de tapadillo con la «excusa» de la crisis. ¡Cuántos recortes nos hubiéramos evitado si, al menos, una vez destapados los casos se hubiera devuelto el dinero!

Y no es que lo digamos los cada vez menos crédulos en esto de la «cosa» pública, la misma OCDE, en la que muchos gobiernos españoles se han amparado para introducir reformas casi a corazón abierto, acaba de tirar a España de las orejas por la poca atención que se dedica en nuestro país al pago de sobornos a funcionarios extranjeros y las pocas investigaciones abiertas. La institución internacional hasta los ha contado: siete casos investigados en 13 años y todos archivados «sin consecuencias». Pese al tamaño de nuestra economía y la significativa actividad comercial exterior, incluyendo países y actividades de alto riesgo, en los últimos 13 años «ninguna empresa ni persona física» han sido condenados ni juzgados. ¿Raro, no?

La organización que estudia todos los aspectos de los países más desarrollados no ha dedicado un escaso folio a explicar su estudio. Al contrario, se ha empleado a conciencia y de sus análisis ha elaborado un amplio informe. El estudio, además, se hizo in situ, ya que desplazó a un grupo de expertos (en julio) para que analizaran los progresos que España estaba realizando en la implementación de las reformas para ajustarse a la convención creada para combatir el pago de subornos de funcionarios extranjeros. Para la realización de este trabajo, se quejan en la OCDE, tampoco contaron con la colaboración de las autoridades españolas, que califican de «limitada», tanto en estadísticas como en que la información legislativa no estaba ni en inglés… lo que dificultó la efectividad del estudio.

En el informe se dejan caer sospechas de presuntos pagos de sobornos a funcionarios de Costa Rica, Marruecos, Libia, Angola o Letonia. Solo se abrieron investigaciones, pero sin resultado alguno. Por este motivo, la institución ha pedido al Gobierno que elabore una «autoevaluación» en la que incluso detalle las modificaciones que se han introducido en nuestro Código Penal para combatir la corrupción. Y eso que es de puertas para fuera y la OCDE no entra en lo que se «cuece» dentro de nuestras fronteras.

En resumidas cuentas, que los expertos de la OCDE encontraron todo lujo dedificultades para elaborar su informe. Si ante extraños todo fueron obstáculos, ¿qué podemos pensar de lo poco que encontrarán nuestros jueces y fiscales cuando los casos de corrupción están protagonizados por políticos de primera, segunda o tercera fila? Esto es la ley de la selva, donde solo casos tan descarados como el protagonizado por Gerardo Díaz Ferrán o, en su día, Mario Conde, se convierten en chivo expiatorio porque es muy fácil hacer astillas del árbol caído. Al resto de los árboles -Gurtel, Palma Arena, Noós, Campeón, Falsos ERE…- no hay quien los tale.