De la misma forma, el consejero canario, Javier González Ortiz, celebró que su plan de ajuste haya pasado el corte gracias al esfuerzo “muy riguroso” realizado para recortar 800 millones de euros. “El Ministerio ha reconocido nuestro esfuerzo”, aseguró antes de explicar que la reunión de este jueves muestra el “compromiso” de todas las autonomías con la estabilidad presupuestaria.

“Tenemos que decir bien fuerte que las comunidades autónomas del Estado español no son el problema, sino que están decididas a encontrar la solución”, reivindicó el consejero murciano, Juan Bernal, quien recordó sin embargo que ahora las autonomías deberán poner en marcha los planes de reequilibrio presentados para cumplir con sus compromisos y “ganar credibilidad en Europa”.

Bernal ha alabado además el trabajo “muy serio” que ha realizado el Ministerio de Hacienda revisando “palabra por palabra” y con un análisis “tremendamente riguroso” cada uno de los planes de reequilibrio. “Esta es la garantía de que hay un soporte técnico muy sólido”, subrayó.

Los consejeros de Baleares y Extremadura, Josep Ignasi Aguiló y Antonio Fernández, también han mostrado su satisfacción por el visto bueno del Ejecutivo y han recordado que sus gobiernos ya llevan trabajando durante los últimos meses para recortar el déficit y cumplir con sus compromisos.

El conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Manuel Vela, aseguró que su gobierno se pondrá a trabajar “esta misma noche” en el cumplimiento del plan presentado y ha agradecido a toda la comunidad el esfuerzo realizado.

De la misma manera, el consejero de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, que tendrá que recortar 1.665 millones de euros, ha sostenido que la aprobación de su plan supone un reconocimiento a “la credibilidad” del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal y al esfuerzo de los ciudadanos.

También se ha mostrado satisfecho el conseller de Economía y Crecimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, que ha mostrado su esperanza de que este mensaje sea “bien recibido” por las instancias económicas europeas.

Todos los consejeros hicieron además alusión al particular caso de Asturias y achacaron sus problemas para sacar adelante un plan de reequilibrio a la situación política de la comunidad, que se encuentra con un gobierno en funciones desde el pasado 25 de marzo y no celebrará la sesión de investidura del próximo presidente hasta el próximo día 22.

El consejero en funciones del Principado, Ramón del Riego, ha defendido precisamente que esta interinidad impide jurídicamente al Ejecutivo de Francisco Álvarez Cascos acometer los recortes en sanidad y educación que le exige el Gobierno.

Según los cálculos del propio Ejecutivo en la memoria económica que acompaña a dicho decreto, este medida prevé un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales.

A partir de ahora, los presidentes del Congreso y del Senado podrán abrir un plazo para que los grupos parlamentarios propongan nombres para los cinco consejeros que quedan vacantes en el Consejo de Administración de RTVE y lo comuniquen a las respectivas Mesas.

De hecho, están pendientes de renovación, además del presidente, otros cuatro consejeros. Todos los nombres, cuya distribución entre grupos tendrá que ser negociada, pasarán por la Comisión de Nombramientos del Parlamento, que determinará su idoneidad.

De recibir el visto bueno, serán sometidos a votación en el Pleno del Congreso. En una primera ronda, se buscará aprobar los nombres por mayoría de dos tercios. En caso de no conseguirse, 24 horas después se podrá celebrar una nueva votación, en la que la aprobación se conseguiría con mayoría absoluta, por lo que el PP podrá sacar adelante sus propuestas en solitario.

Hasta la aprobación de esta medida, según la normativa de 2006 de RTVE, la elección del presidente de la Corporación era consensuada por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara Baja, es decir, de un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Este decreto aprueba la disminución de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de 12 a nueve miembros, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del Consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.

“Con este decreto se garantiza la independencia de la entidad y que la elección siga siendo parlamentaria, basada como desea el Gobierno, en el consenso y el acuerdo. Por tanto, el Gobierno quiere seguir buscando ese consenso en la elección del presidente de RTVE. Queremos una televisión pública de calidad, que cumpla su servicio público y una gestión eficiente y profesional”, ha defendido el ministro del ramo en el Congreso, José Manuel Soria.

Así, ha insistido en varias ocasiones en que la voluntad del Gobierno es consensuar la elección del presidente de la Corporación, y ha reiterado que el objeto del decreto es “desbloquear” la renovación de RTVE, dado que la actual situación de presidente rotatorio impide tomar decisiones ejecutivas, como la aprobación de las cuentas anuales de la Corporación.

Igualmente, ha añadido que la situación está paralizada desde julio de 2011, mes en el que Alberto Oliart renunció a presidir la Pública, tiempo en el que varios miembros del Consejo y de la Televisión presentaron su dimisión, a la vez que ha caducado el mandato de otros.

A partir de este decreto, Soria ha comentado que las radios tendrán derecho a entrar de forma libre en los estadios deportivos, medida que a su juicio responde “al derecho de la información”. Con ello, se modifica la Ley de Comunicación Audiovisual, si bien las radios tendrán que abonar los gastos de entrada y de uso de instalaciones, en acuerdo con los clubes de fútbol.

El acuerdo para crear APA, con una inversión que superará los 5,4 millones de euros (3,1 en instalaciones y 2,3 en inversión de maquinaria y personal, permitirá ganar competitividad al clúster alimentario que pivota en torno a Mercabarna, el “estómago” de Cataluña, ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre la empresa pública Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ​​la firma cárnica Noel y la compañía tecnológica Hiperbáric, socios de la nueva empresa APA Processing, dedicada al procesamiento de alimentos por altas presiones hidrostáticas. ). Las instalaciones de APA Processing en la Zona Franca serán unas de las de mayor capacidad de procesamiento de Europa y ya estarán operativas en el BZ en octubre de 2012.

Esta tecnología de última generación utiliza la alta presurización con agua en el empaquetamiento de los alimentos, similar a una pasteurización en frío. De este modo, se amplía la vida comercial de los alimentos casi tres veces más de lo habitual. El tratamiento introduce ventajas en toda la cadena de valor, al conservar mucho mejor el alimento, garantiza la seguridad, preserva todas las propiedades nutricionales y no altera sus propiedades organolépticas (olor, sabor, color, etcétera).

Entre otras ventajas, la técnica de altas presiones hidrostáticas elimina en el producto la presencia de agente patógenos y microorganismos como las bacterias listeria y salmonela, el virus vibrio o el parásito anisakis. Al extremar su tratamiento las condiciones sanitarias, no son necesarios, por tanto, conservantes, aditivos ni colorantes dado que las altas presiones mantienen intacto el aspecto, sabor y textura de los alimentos procesados, así como la mayoría de sus vitaminas y nutrientes

Sin excusa para exportar jamón

La tecnología de altas presiones hidrostáticas posibilitará a las empresas españolas la exportación de productos alimenticios preparados, así como el jamón curado y otros productos cárnicos curados o fermentados en países que cuentan con legislaciones de seguridad alimentaria muy exigentes, como es el caso de Japón, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos.

Entre los productos que se pueden procesar por altas presiones figuran los productos cárnicos curados, cocidos o cortados en rodajas, el pescado, los platos preparados, la fruta fresca, zumos frescos, los productos lácteos, los crustáceos higienizados y los pelados, el guacamole y las salsas frescas y los alimentos funcionales y los alimentos preparados. La carga de trabajo de la maquinaria de presurización llega a los 2.500 kilos de producto tratable por hora; se somete a una presión isostática transmitida por el agua de hasta 6.000 bares en menos de 2,5 minutos. Esta presión equivale a multiplicar por seis la presión atmosférica máxima en la suboceànica fundición de Las Marianas..

El delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ​​Jordi Cornet, que comparte el cargo con el de primer secretario del PP en Cataluña; el presidente de la empresa tecnológica Hiperbáric, J. Ignacio Nicolás-Correa, y el director general de la cárnica Noel, Joan Boix, han dado a conocer hoy en la feria BTA-Hispack esta nueva implantación tecnológica APA Processing, que ya se está construyendo en el parque tecnológico BZ, antiguamente ocupado por la factoría automovilística Seat.

De acuerdo con el calendario publicado por la compañía, los accionistas podrán solicitar la retribución en efectivo, es decir, vender a Telefónica los derechos de asignación gratuita de acciones a un precio de 0,285 euros por derecho hasta el 28 de mayo y recibirán este pago en efectivo el próximo 6 de junio.

No obstante, el compromiso de compra se extiende únicamente a los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas, no a los derechos comprados en el mercado.

Asimismo, para los accionistas que deseen vender sus derechos de asignación gratuita en el mercado, el plazo de negociación de los derechos, que comenzó el pasado 18 de mayo, finalizará el próximo 1 de junio.

Telefónica aprobó el pasado lunes en la junta de accionistas retribuir a su base accionarial mediante la fórmula de ’scrip dividend’, que permite a los accionistas elegir entre recibir nuevas acciones liberadas o bien optar por la posibilidad de percibir dicha retribución en efectivo.

En este sentido, el presidente de Telefónica, César Alierta, afirmó el pasado lunes durante la junta de accionistas que, tanto los miembros del consejo de administración de la compañía como él mismo se “apuntarán” al ’scrip dividend’ por las ventajas fiscales que supone para los accionistas.

Por su parte, el dividendo previsto para el ejercicio 2012 asciende a 1,50 euros por acción, incluyendo un pago en efectivo de 1,30 euros y una recompra de acciones por el importe restante. Alierta afirmó el pasado lunes que este dividendo supone una rentabilidad del 13,3% a precios actuales de la acción.

En base a una decisión adoptada en el primer Consejo de Ministros, el salario bruto de los 34 responsables departamentales pasará de 14.200 euros al mes a 9.940, mientras que el jefe de Gobierno, Jean-Marc Ayrault, y el propio Hollande verán reducidos sus respectivos sueldos de 21.300 a 14.910 euros, según los datos recogidos por los medios galos.

La medida no entrará en vigor de forma inmediata puesto que el Gobierno esperará a las elecciones legislativas del próximo mes. Sin embargo, la portavoz gubernamenta, Najat Vallaud-Belkacem, ha aclarado que tendrá efectos retroactivos y, por tanto, empezará a contar “desde el 15 de mayo”, fecha de la investidura de Hollande.

La primera decisión del nuevo Ejecutivo dejará a los actuales ministros con un sueldo menor al de los miembros del anterior Gobierno, que aún seguirán cobrando del Estado y durante seis meses recibirán mensualmente más dinero que sus antecesores.

Ayrault ha destacado, en una entrevista con France 2, la “ejemplaridad” de la reducción de sueldo, pero el secretario general de la UMP, Jean-François Copé, ha denunciado la “demagogia” del Gobierno puesto que, en la práctica, la rebaja global de los sueldos no será de un 30 por ciento.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de Ayrault tiene “14 miembros más” que el de François Fillon, lo que representa un aumento de altos cargos del 65 por ciento con respecto al anterior gabinete. “El Gobierno de François Hollande va a costar mucho más al contribuyente”, ha reprochado Copé.

García-Legaz, que asistió a la asamblea de la patronal de supermercados (Asedas), aseguró que tanto la eliminación de las licencias municipales como la ley que regulará la unidad de mercado serán aprobadas “en cuestión de días”, mientras  explicó que la eliminación de las licencias viene a sustituir un régimen de control administrarivo “a prioiri” por un sistema “a posteriori”, lo que en su opinión representa un “enorme paso adelante” para el pequeño comercio, la creación de tejido empresacial y de empleo.

No obstante, el Ejecutivo todavía deja abierta su decisión a lo que hará sobre el problema de la libertad de horarios comerciales. En este sentido, García-Legaz confirmó que se está intentando buscar el mayor consenso entre todas las partes afectadas, desde las autonomías a los sectores afectados. También se está trabajando en algún tipo de regulación sobre el comercio electrónico, cuyo auge es imparable.

Próxima a estos postulados se encuentra también la futura Ley de Unidad de Mercado, que este jueves la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha dado su visto bueno para que un grupo de trabajo comience a elaborar la norma, y cuyo objetivo será eliminar las barreras interiores (entre comunidades) que existen a la libertad de circulación de bienes y servicios por la diversidad de normativa existente. García-López reconoció que el país no se puede permitir el lujo de tener un mercado de 47 millones de consumidores “fragmentado en 17 submercados autonómicos”, con distintas regulaciones, que llegan a menoscabar el principio de unidad de mercado fijado en la Constitución.

Como posibles soluciones, el Gobierno trabaja en la idea de acabar con este problema de fragmentación que nada más sirve para incrementar el coste a las empresas, disuadir a los emprendedores y a la inversión extranjera. No obstante, García-Legaz aseguró que el nuevo ordenamiento respetará las competencias de comunidades y ayuntamientos. De esta forma se eliminarán barreras y se apostará por la colaboración, ya que un mercado dividido “perjudica a todos”.

Primeras protestas

Ante la posibilidad de que el Gobierno decida, finalmente, aprobar la libertad total de horarios comerciales, el presidente de la patronal de los supermercados (Asedas), José Pedro Pérez Llorca, ya ha lanzado un mensaje al Gobierno al asegurar que porque se abran más días no se va a aumentar el consumo, pero sí los “costes” del sector, que solo se pueden compensar aumentando precios o reduciendo márgenes. Y mostró su disposición a colaborar con el Gobierno para que la decisión no perjudique a los pequeños y medianos comercios y, al mismo tiempo, se garantice la competencia y la elección del consumidor.

Como alternativa, Pérez Lorca apuntó que en estos momentos más que la apertura de los domingos, el principal problema para su sector es el “calendario irracional de fiestas laborales entre semana”. Por ello, pidió que se busque un sistema que racionalice este asunto.

Otra de las cuestiones que preocupa al sector es la anunciada subida de impuestos, que contrarrestará los esfuerzos por reducir márgenes que el sector está aplicando desde que comenzó la crisis. Por ello pidió, que se acompañe la subida del IVA cun una rebaja “importante y significativa” de las cotizaciones

Madrid, los comerciantes en armas

Pero la asamblea de Asesdas no ha sido el único foco de peticiones de este jueves por parte de los comerciantes. El Foro de Empresarios de Comercio Urbano (Fecur), que representa a 70.000 comercios, ha pedido que la Comunidad de Madrid devuelva al Estado las compentencias de comercio, dentro del Plan de Recentralización de competencias que defiende la presidenta Esperanza Aguirre, que pide la devolución de las competencias de sanidad, educación y justicia.

Esta patronal considera que la libertad total de horarios en Madrid va en contra de la unidad de mercado que defiende el Gobierno. Fecur denuncia la “desigualdad” que generará si se aprueba la liberalización de horarios solo en Madrid. Estos comerciantes recuerdan que desde que en 2006 comenzó a introducirse la liberalización del sector en la comunidad se han perdido 4.458 locales, mientras que entre 2007 y 2010 el empleo descendió un 4,27%. Como ejemplo ponen autonomías como Castilla y León, Baleares o Navarra, con una política de horarios más restrictiva, en las que se ha incrementado el empleo entre el 15,37 y el 3,67%.

CEOE pidió este jueves una nueva reforma de las pensiones si persisten las dificultades financieras que atraviesa el país. El vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Jesús Terciado, advirtió que, desde la última reforma de 2011, la situación “ha cambiado dramáticamente”, explicó en el ‘Forum Europa’ celebrado en Madrid.

Por otro lado, CEOE filtró además su ‘Informe de la situación socioeconómica’, que el martes estudió su Junta Directiva, donde se defiende la misma tesis. En este documento, la patronal pone incluso fecha –antes de 2015- a la posible reforma y reprocha al Gobierno no haberla incluido en el Programa Nacional de Reformas 2012-2015, remitido por el Ejecutivo recientemente a Bruselas.

“Aunque se valora el esfuerzo reformador del Gobierno, se echa en falta una visión de medio plazo de otras reformas necesarias, como por ejemplo, la del sistema de pensiones”, reza el informe.

Terciado concreta la vía de la rebaja de pensiones

El presidente de las ‘pymes’ apuntó la manera de lograr esta rebaja en las prestaciones. Terciado instó al Gobierno a modificar los tiempos de cálculo de las pensiones, aunque tampoco descartó congelar directamente la paga a los jubilados. “Si se percibe que no hay viabilidad, habrá que tomar decisiones”, urgió.

La reforma aprobada en 2011 ya elevó -de 15 a 25 años- el período de cálculo de la pensión, aunque este cambio no entra en vigor plenamente hasta 2022, pues se aplica de forma paulatina.

En la práctica, la elevación del período de cómputo suele significar una rebaja de la pensión debido a que el trabajador cuando se encuentra al final de su vida laboral, normamente recibe un salario mayor.

La ofensiva de CEOE llega después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, abogara por endurecer las condiciones para acogerse a la jubilación parcial y endurecer la normativa sobre lagunas en la cotización, en su primera comparecencia ante el Pacto de Toledo en el Congreso hace apenas diez días.

Los sindicatos advierten de un conflicto de altura

Por su parte, los sindicatos criticaron este jueves las palabras de Terciado y advirtieron que el Gobierno se enfrenta a un “conficto de proporciones” si pretende rebajar la cuantía de las pensiones. “El Gobierno está en la obligación de decirle al pueblo español y a los pensionistas con muchísima claridad que el sistema está a salvo”, afirmó el líder de UGT, Cándido Méndez.

Por su parte, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, acusó a la patronal de pretender minar las pensiones públicas a favor de los sistemas privados. “Si lo que hay detrás de esta afirmación es que en España se acelere el tránsito de una pensión pública suficiente –con todas las insuficiencias que tienen– a una de beneficencia, descolgándola de las relaciones de trabajo, de manera que sólo obtendría una pensión adecuada quien pueda financiarse un plan de pensiones privado, pues está alimentando un conflicto de proporciones en nuestro país”, sentenció.

Gómez-Ferrer y Almudena Martínez Ojea, jefa del área de Balances e Inspección de la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, presentaron “La contabilidad de los corredores de seguros y de los planes y fondos de pensiones”, editada por el Instituto de Ciencias del Seguro de la Fundación Mapfre. En este acto, insistieron en la necesidad de analizar “la calidad de los comercializadores de los productos”, y también en que éstos “sean más sencillos, que el cliente pueda entenderlos”.

Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco, señala, en este sentido, que debe haber “una mayor vinculación entre la gestora de fondos de pensiones y los comercializadores de sus productos”. Y señala que la nueva Mifid, actualmente en elaboración por la Comisión Europea, plantea informaciones estandarizadas a escala europea, que se van a exigir también a otros productos financieros y aseguradores que se distribuyan en el segmento minorista, a clientes particulares. El objetivo es que “se proporcione toda la información disponible para que el inversor pueda tomar una decisión”.

Sin marco contable específico

Los autores de este trabajo, inspectores de seguros del Estado, destacan que “la contabilidad de los planes y fondos de pensiones y de los mediadores de seguros no cuenta con un marco contable específico”. Pero que “la contabilidad ayuda al corredor a ver cómo le va su negocio”, y la gestora de fondos de pensiones sabe, a través de ella, “cómo está operando en el mercado“.

La ausencia de un Plan de Contabilidad específico, carencia que debe resolver el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), obliga a los corredores a recurrir al de Pymes o al de Microempresas, lo que genera problemas de interpretación. Los más habituales, el principio del devengo de la comisión o la gestión de recibos. Pero estos expertos insisten en que “los corredores pueden analizar su negocio, a través de la contabilidad, en aras al establecimiento de un plan de negocio a medio plazo”. La Documentación Estadístico Contable (DEC) ofrece información sobre las cifras del corredor, el número de compañías de seguros con las que trabaja, los ramos en los que interviene, entre otros datos.

En el caso de los planes y fondos de pensiones, las cuestiones principales son la norma de valoración a precio de mercado de cada inversión y los movimientos de la cuenta de posición. Hay que tener en cuenta la contabilización de la exteriorización de compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, el aseguramiento de rentas vitalicias, la inversión de fondos o planes de empleo a través de fondos de pensiones abiertos y la distribución de resultados del fondo de pensiones entre los diferentes planes adscritos.

En concreto, la agencia ha revisado en un escalón la calificación de Extremadura, desde “A3″ a “Baa1″, y en dos escalones los de Andalucía, desde “A3″ a “Baa2″. Asimismo, sitúa en “bono basura” las notas de Murcia, que baja dos escalones desde “Baa2″ a “Ba1″, y de Cataluña, que recorta un escalón desde “Baa3″ a “Ba1″.

Asimismo, Moody’s ha confirmado la calificación “Ba2″ de Castilla-La Mancha y “Ba3″ de Valencia, dado que ya se encuentran en el grado denominado “bono basura” y ante el significativo apoyo de liquidez del Ejecutivo central.

La última vez que la agencia recortó la calificación de la deuda soberana española fue el pasado 13 de febrero, cuando la situó en “A3″ con perspectiva “negativa”, dos escalones por debajo del rating “A1″ que Moody’s otorgaba hasta esa fecha a España.

Moody’s destaca que las cuatro autonomías rebajadas cerraron 2011 con un nivel de déficit superior al 3% del PIB, cifra que excedió de forma “considerable” el objetivo del 1,3% que había marcado el Gobierno. Además, advierte de que existe “considerable incertidumbre” acerca de su capacidad para lograr alcanzar el objetivo del 1,5% marcado para este año.

Algunas medidas complicadas de implementar

La agencia cree que las reformas estructurales en sanidad y educación anunciadas en abril ayudarán a reducir el déficit regional en el medio plazo, pero considera que algunas medidas serán “complicadas” de implementar y su efecto en las cuentas de este año será limitado. “En consecuencia, estas cuatro regiones continuarán dependiendo de incrementar su deuda para cubrir sus grandes desequilibrios fiscales”, añade.

Otro argumento de la rebaja es el “significativo deterioro” de la métrica de su deuda como consecuencia de la refinanciación de la misma mediante el Fondo para la Financiacion de los Pagos a Proveedores. Moody’s apunta la deuda se incrementará hasta el 64% en Extremadura, el 88% en Andalucía, el 143% en Murcia y el 225% en Cataluña, frente al 53%, 63%, 97% y 215% de finales de 2011, respectivamente.

En el caso de Cataluña y Murcia cree que su posición de liquidez es “más débil” que la de la mayoría de las autonomías, un riesgo que se ve en gran parte compensado por las recientes medidas anunciadas por el Gobierno para dotar de liquidez a las regiones.

En el caso de Valencia y Castilla-La Mancha, la agencia ha tenido en cuenta la liquidez prestada por el ICO a ambas comunidades, que les ha permitido refinanciar sus deuda a cambio de un mayor control del Gobierno central.

Por otro lado, señala que la estabilización de la perspectiva de los ratings de las seis autonomías requerirá que los gobiernos regionales y locales implementen planes detallados para restaurar el equilibrio fiscal y revertir sus ratios de deuda. “Cambios en el marco institucional que resulten en un marco de financiación más estable podrían ejercer una presión al alza en las calificaciones”, añade.

Por el contrario, advierte de que un mayor deterioro del entorno operativo en España que ponga bajo presión el rating soberano del país tendría un impacto negativo en los notas de las administraciones regionales y locales. Además, agrega que cualquier señal de debilitamiento del apoyo del Gobierno central será un factor negativo para la calificación crediticia de las autonomías.

A nivel individual, la agencia considera que cualquier empeoramiento de los progresos hacia los objetivos de consolidación fiscal añadiría nuevas presiones al rating específico de esa comunidad autónoma.

Flavia Rodríguez-Ponga puso fechas a la avalancha normativa: la Ley de Contratos de Seguros estará terminada en julio, con el objetivo de iniciar lo antes posible la tramitación parlamentaria; el anteproyecto de Ley de Seguros Privados, analizado por la Junta Consultiva el pasado 8 de mayo, y volverá a pasar por ésta también en julio. Insiste en que  que “todas las normas se desarrollen de manera equilibrada“, para que sean “asumibles por las compañías“. Y recuerda que la Dirección General de Seguros está “abierta a cualquier sugerencia“.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos (que fue directora general de Seguros en anteriores Gobiernos del PP), critica que Europa no lance un último cuestionario de impacto sobre Solvencia II. E invitó al sector a participar en el examen de Seguros, que “servirá no sólo para testar la fórmula con datos de cierre de 2011, sino también como ejercicio interno de adaptación” de cada compañía. La patronal, además, prepara “una hoja de ruta” para facilitar la implantación de Solvencia II.

Pilar González de Frutos recuerda que no sólo está Solvencia II, y que al sector se le acumulan los deberes: la Directiva de Mediación, los modelos de transparencia que prepara Eiopa (el supervisor europeo de seguros) como complemento al reporting de Solvencia II, la Ley de Supervisión, que califica como “la ley marco de la actividad aseguradora del siglo XXI”, el Baremo de Autos y la Ley de Contrato de Seguros.

En su intervención ante la asamblea, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, lanzó un claro mensaje de advertencia: “Cuando las crisis son largas, el deterioro acaba también afectando a nuestra esencia anticíclica, que hasta ahora ha producido resultados en nuestra actividad mucho mejores que los del conjunto de la economía”. Considera “preocupante” la situación de sectores como el automóvil, la vivienda, la construcción o la industria, pero más la debilidad de la renta disponible de las familias y la evolución del empleo.

Cobertura pública con prestación privada

En referencia a la Memoria Social del Seguro, que hace especial hincapié en las inversiones del sector, en Salud y en las víctimas de accidentes de tráfico, la presidenta de Unespa señala que “además de atender la salud de los funcionarios, ya hay un millón de ciudadanos que reciben su cobertura pública por parte de aseguradores privados”. “El paciente lo que quiere es ser atendido, y digan lo que digan algunos que quieren estirar sus propios privilegios, al paciente no le importa el logotipo que tenga el centro de salud donde es atendido, si es de una compañía de seguros o si pone Consejería de Salud”, razona.

Más de diez millones de españoles tienen un seguro de Salud. El coste medio por persona al año en el sector privado es de 700 euros, muy inferior a los 1.200 euros que calculan algunas comunidades autónomas, por su mayor eficiencia. La presidenta de Unespa admite que la salud en España “es de doble pago porque salvo los colectivos de funcionarios estatales los ciudadanos pagan vía  impuestos su sanidad pública y, además, su sanidad privada si optan por ello”, pero que en ese contexto “el seguro desempeña un importante papel como gestor de la salud, ya que no solo ofrece el servicio sino que, además, indirectamente, contribuye a la sostenibilidad del modelo público mediante un menor consumo”. “Cada día, 160.000 personas acuden al médico con su cobertura privada de salud”, añade. Y cada día se producen 354 hospitalizaciones por parto, lo que equivale a que uno de cada cuatro nacimientos en España se produce en centros de salud gestionados por aseguradoras.

Las víctimas de la víctima

La Memoria Social del Seguro señala que “todos los días hay víctimas mortales” de accidentes de tráficos, que en la mitad de los casos anda de por medio el alcohol, que no hay una “pauta de estacionalidad clara”, salvo en agosto, lo que permite incidir “en la necesidad de mantener la prevención durante todos los días del año”. Este año se ha analizado el rol familiar de la persona que pierde la vida en un accidente de tráfico, lo que llama “las víctimas de la víctima”.

El 51,3% de los fallecidos deja viudo/a (con o sin hijos). Otro 4,5%, sin cónyuge, deja menores de edad huérfanos. El 55,8% de los fallecidos rompen un hogar. El 24,69% son jóvenes con padres, y el 5,23%, con hermanos.

Si se toma como referencia las indemnizaciones por fallecimiento, el 47% de los beneficiarios son los hijos, y el 10% son menores de edad. En uno de cada tres fallecidos, son los padres, lo que “sugiere que muchas de las víctimas son jóvenes”.

Si no hubiera seguro de Autos, 3.650 familias españolas tendrían que pagar las consecuencias de un accidente de tráfico con entre el 25% y el 50% de su patrimonio; 1.612, con entre el 50% y el 75%, y unas 1,500 lo perderían todo.

Inversiones a más de diez años

Al mismo tiempo, la Memoria Social del Seguro destaca que el sector tiene inversiones por 214.000 millones de euros. Un tercio de ellas está en deuda pública española “con vocación de permanencia”, ya que uno de cada dos euros se encuentra invertido a diez años o más. Esta inversión del seguro en deuda pública permitiría financiar la construcción de 235 hospitales o de 4.750 kilómetros de AVE.