“La realidad del fraude es que solamente una parte pequeña viene de ‘ricos evasores’. La gran parte viene de millones de ‘pequeños evasores’, para los cuales la evasión fiscal es (parcialmente) la manera de estar en el mercado”, argumenta. Boldrin señala que “el dinero oculto en paraísos fiscales es un problema de equidad, pero su recaudación no llega al 1% del PIB, y la economía sumergida en España supone el 20% del PIB”. En línea con la media europea (no ponderada), menos que Grecia (25%) o Italia (22%), pero más que Suecia (15%), Alemania (13%), Francia o Reino Unido, en torno al 10%.

“Es verdad que en Estados Unidos la moralidad hacia lo público es un poco mayor que en los países mediterráneos y el IRS es un monstruo de eficiencia (y de respeto por los derechos de los ciudadanos) comparado con las Agencias Tributarias de Italia y España. Pero existe una razón fundamental por la cual en EEUU el fraude fiscal es, en porcentaje del PIB; poco más de la tercera parte de lo que es en España o en Italia: el número de pequeñas empresas familiares y de microempresas es muy bajo respecto del total. En España, las pequeñas empresas tienen 10, como mucho 20 empleados. Allí tienen 50 o un centenar, y esto marca una gran diferencia en términos de eficiencia y respecto al fraude”, insiste el investigador de Fedea.

Boldrin afirma que “la causa principal del fraude fiscal y de la economía sumergida es la economía tecnológicamente retrasada e ineficiente que tenemos”. Por tanto, para combatir el fraude “la mejor política es el desarrollo económico, la libertad de entrada en un mercado, el cese de los tratamientos especiales para las empresas familiares, el aumento del porcentaje de empresas medianas y grandes en restauración, hostelería o artesanía”. Este experto defiende medidas que incrementen el tamaño de las empresas, hacer más fácil tanto la creación como la extinción de éstas (cuando fracasan), e incentivos para la integración de pequeñas sociedades en grandes grupos, “porque sus promotores vivirían mejor como empleados de éstos”.

“La lucha contra el fraude fiscal es un instrumento muy útil de política industrial porque, forzando a las empresas pequeñas e ineficientes a competir en los mismos términos que las grandes y más eficientes, permite a estas últimas desplegar su potencial de crecimiento”, resalta el investigador de Fedea.

“Las diferencias regionales en la intensidad del fraude son sustanciales. No son tan grandes como las italianas, pero sí son notables. Las regiones que poseen un mayor porcentaje de pequeñas y microempresas parecen tener mayores niveles de fraude”, insiste.

Menos presión fiscal

Michelle Boldrin argumenta que “la presión fiscal en España a día de hoy, en porcentaje del PIB, es menor que antes de la crisis”: en torno al 33%, cuando en Italia es unos 12 puntos más. Añade que “la carga fiscal media en España no es particularmente alta, pero está mal distribuida: es excesiva sobre las rentas del trabajo dependiente de calidad”. “Elevar el IRPF no hace daño a los ricos, pero sí a los profesionales”, subraya.

Opina que “no hay que combatir el fraude por motivos de recaudación, sino de equidad y de eficiencia”, y que la lucha contra la evasión no va a solucionar el déficit. Éste se ha generado “al basar el gasto a largo plazo de las Administraciones Públicas en ingresos tan volátiles como la compraventa de viviendas, que no es una fuente fiable de financiación del gasto público”. Eliminar el fraude fiscal supondría recuperar entre dos y tres puntos porcentuales del PIB de recaudación “en el mejor de los casos”. Porque “es posible que si conseguimos eliminar el fraude con instrumentos puramente represivos, acabemos haciendo desaparecer una parte sustancial (entre un 10% y un 15%) del PIB español”.

El investigador de Fedea cree que “el fraude se combate más con penas fuertes, claras y seguras, y no con una gran cantidad de pequeños controles e intromisiones en las actividades económicas de los ciudadanos”, con “menos controles administrativos pero penas más duras a los que evaden sistemáticamente”.

En este sentido, critica la amnistía fiscal implantada por el Gobierno de Rajoy porque “este tipo de medidas son extremas, destruyen reputación” y porque “el que no se acoja a ella debe recibir un castigo muy fuerte”. “Las medidas podían haber sido más duras”, señala Boldrin. Critica también la limitación del pago en efectivo, porque “es poco respetuoso con el ciudadano, invade su privacidad y sus derechos” y porque es mejor incentivar el uso de tarjetas y los pagos electrónicos. Además, “esas medidas sólo funcionan si hay controles efectivos”.

Pero el Círculo no se queda ahí. Cree que la estabilidad presupuestaria requiere fijar “lo que es o no prioritario por todas las Administraciones Públicas” e implantar la “eficiencia en la prestación de sus servicios”. “Se trata de adaptar la dimensión y el funcionamiento de las AAPP a un escenario de bajo crecimiento en el que ciertos ingresos no volverán aunque la economía se recupere, y en el que, gradualmente, irán aflorando ciertos pasivos asociados al envejecimiento de la población”.

Y recuerda que las comunidades autónomas “deben hacer un ajuste superior al que va a hacer la Administración central”. Por tanto, debe acometerse “una ambiciosa revisión de los programas de gasto de las Administraciones Públicas bajo los principios de sostenibilidad, prioridad y eficiencia, prescindiendo de todo gasto superfluo”. Eso exige “reforzar los mecanismos de información, contro0l, sanción e intervención de las AAPP que no cumplan los objetivos de déficit”.

Además, el Círculo de Empresarios exige al Gobierno “un calendario de reformas estructurales”, presentar todas las medidas “como parte de un único paquete y explicar adecuadamente su coherencia, equidad y complementariedad”, “buscar la transparencia tanto en la formulación y ejecución de los Presupuestos como en el resto de las reformas”. Sólo así éstas podrán mejorar el atractivo de España como destino de inversiones extranjeras, y sólo así “los ciudadanos van a aceptar las reformas”, considera Manuel Pérez-Sala. El Círculo cree que “la información disponible sobre las diferentes medidas es dispersa y algo irregular”.

Las críticas de los expertos del Círculo no se quedan en los errores de comunicación del Gobierno. Mónica de Oriol señala que “lo adecuado es reducir los gastos, no subir impuestos”, porque “hay que pensar en cómo generar crecimiento y empleo, y eso no se logra penalizando a las empresas a través del Impuesto de Sociedades”. El informe recuerda que las pymes “son más vulnerables a cambios en la fiscalidad de sus beneficios”.

Subir el IRPF “castiga a las clases medias y penaliza el consumo, no es lo más adecuado”. De tener que recurrió a los impuestos, el IVA “es la opción menos inadecuada”, porque “tiene más poder recaudatorio, es más eficiente y genera ingresos a corto plazo”. El documento del Círculo recuerda que el tipo general de España es “uno de los más bajos de la UE”. En cualquier caso, “no es momento de nuevas subidas de impuestos, porque no es la mejor manera de hacer más atractiva España a la inversión extranjera”.

“No estamos de acuerdo con amnistías fiscales. Lo que hay que hacer es intensificar la lucha contra el fraude, el tributario, pero también el que afecta a la Seguridad Social y al desempleo”, insiste la presidenta del Círculo de Empresarios.

Reformas pendientes

El Círculo de Empresarios considera que los Presupuestos son “un  primer paso firme” para el saneamiento, pero que deben ser completados con un paquete de reformas además de las tres en marcha (laboral, sistema financiero y estabilidad financiera). Entre las “reformas urgentes” que propone el Círculo, junto a las que afectan a la actividad de las Administraciones Públicas y a la lucha contra el fraude, destaca la de la estructura de las Administraciones Territoriales, que debe contemplar la revisión de transferencias, evitar duplicidades, reducir el número de ayuntamientos y reformar las diputaciones.

En sanidad creen que “se puede mejorar gastando menos dinero”, y que hay que hacer una reflexión “sin ningún tipo de prejuicio” sobre el copago, al que el Círculo es favorable. En educación, Manuel Pérez-Sala señala que “en España hay 60 Universidades públicas y ninguna entre las primeras del ranking mundial”. También hay que analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y de momento propone “reconsiderar la política de revalorización de pensiones este ejercicio”.

Finalmente, el Círculo insiste en “facilitar la actividad del emprendedor, porque de él va a depender, fundamentalmente, la recuperación”.

Duran Lleida, que da por sentado que las arcas de la Generalitat recibirán los 759 millones que el Gobierno tenía que abonar el pasado año, afirmó en TV3 que esta es “una condición necesaria, pero no suficiente” para que los diputados de CiU voten afirmativamente a los presupuestos “porque hay que ver cómo se aumentan los ingresos, porque el Gobierno ya ha dicho que no quiere subir los impuestos especiales , y qué medidas adoptan para reactivar la economía”.

En cambio el dirigente democristiano da casi por perdido el adelanto de los 1450 millones del fondo de competitividad que tanta polvareda levantó en Catalunya el año pasado al romper el Gobierno socialista la tradición de abonarlos dos años antes de su vencimiento (que es el 2013) y consideró que esto era un acto voluntario que no se repitió el pasado curso.

Duran Lleida aseguró que “de momento” no ve en el Gobierno actitudes recentralizadoras, sin embargo valoró –a preguntas de la entrevistadora- que durante la transición se pactó dar autonomía a las comunidades que lo reclamaran, no el café para todos, y recordó que algunas regiones no tenían esta aspiración. “La gran reforma pendiente es volver a los orígenes”, señaló. Esta actitud no es nueva, cíclicamente aparece la insinuación que la autonomía política históricamente sólo la reivindicaban Catalunya y el País Vasco y para deshacer el alto grado de nacionalismo que emanaba esta propuesta en las dos comunidades citadas, decidieron desde el  gobierno que lideró la transición extender el estado autonómico a todas las regiones, que era una manera de descafeinar las reclamaciones de las dos nacionalidades históricas.

En concreto, este importe corresponde, en su totalidad, a mayores provisiones para la cartera crediticia, de los que 955 millones de euros derivan de la provisión genérica del 7% sobre activos clasificados como normales.

La entidad ha afirmado que no se precisa provisión adicional para la cartera de activos adjudicados.

“La fuerte capacidad de generación de resultados recurrentes de explotación (3.040 millones de euros en 2011), así como la provisión genérica de 1.835 millones existente a final del pasado año permitirá a CaixaBank absorber cómodamente el impacto de los nuevos requerimientos de provisiones”, ha señalado.

Por otra parte, el importe estimado de requerimientos de capital, adicional al aumento de provisiones, asciende a 745 millones de euros.

Para su cobertura, CaixaBank dispone de un excedente de 6.376 millones de euros de recursos propios sobre capital principal exigido a 31 de diciembre de 2011, con un ratio del 12,6% frente al mínimo exigido del 8%.

Por su parte, la Comisión Europea ha salido al paso de estas informaciones y ha matizado que el objetivo de las gestiones en el Eurogrupo es reforzar el control de las finanzas griegas, si bien el Gobierno heleno debe mantener el control de la soberanía nacional.

En concreto, el 84,1% de los españoles cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal, frente al 7,2% que considera que hay poco fraude.

Además, para el 82,8% de los encuestados, los impuestos no se cobran con justicia, es decir, que no pagan más quienes más tienen, mientras que solo un 10,7% opina lo contrario.

Más de la mitad de los encuestados (54,5%) cree que en España se pagan muchos impuestos y, para el 26,6%, los españoles pagan más impuestos que en el resto de países de Europa, aunque un porcentaje muy similar (22%) cree que en España se paga menos.

Para el 75,2% de los españoles, la administración tributaria hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal, y casi el 37% opina que el riesgo de ser descubierto y sancionado por no declarar correctamente sus ingresos es bastante bajo, a pesar de que el 26% piensa lo contrario.

MIEDO A QUE TE DESCUBRAN.

No obstante, el 75% de los españoles considera que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, a pesar de que ocho de cada diez opina que no pagar impuestos es engañar al resto de los ciudadanos y el 53,9% considera que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos.

En la misma línea, el 37% de los encuestados consideran que los españoles son poco conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos, pero un porcentaje aún mayor (cerca del 40%) piensa lo contrario. Tan solo el 6,6% ven a los ciudadanos como muy responsables en su cumplimiento con el fisco.

Teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales, más de la mitad de los españoles (el 53,8%) cree que la sociedad se beneficia poco de lo paga al Estado en impuestos y cotizaciones, frente al 34,6% que considera que se beneficia mucho o bastante. En la misma línea, el 59% de los encuestados cree que el Estado le da menos de los que paga en impuestos.

Entre las prácticas fraudulentas que los españoles consideran más inaceptables, se encuentran, por este orden, fingir una invalidez para conseguir una jubilación anticipada, simular una enfermedad para conseguir una baja temporal en el trabajo o fijar el domicilio en otros países para no pagar impuestos.

LOS AUTÓNOMOS, LOS QUE MÁS DEFRAUDAN.

En cuanto a los colectivos que tienen más probabilidad de llevar a cabo un trabajo sin declarar, el 22% de los españoles creen que son los autónomos, seguidos de los empresarios (16,7%) y de los trabajadores de la construcción (15,6%). No obstante, el 25,5% de los encuestados responde que desconoce cuál es el colectivo más defraudador.

Preguntados por dónde existe más fraude, los empresarios (19,6%),  la clase política (19,2%) y los ricos y poderosos (16,7%) ocupan los primeros puestos según la opinión de los españoles.

Sobre las medidas para reducir el déficit público, el 60,7% no está nada de acuerdo con que se reduzca el gasto social en sanidad o educación y el 40,3% tampoco comparte que se aumenten los impuestos para reducir la deuda. El 24,6%, en cambio, sí ve con buenos ojos que se recorte la inversión pública en infraestructuras y casi el 21% ve bien que se privaticen ciertos servicios (limpieza, compañías de aguas, etc.).

Respecto a la situación económica de los españoles, la mitad de los encuestados (el 51,8%) califica su situación como regular, mientras que el 25% opina que es buena y el 21,7%, que es mala o muy mala.

Finalmente, el 18,5% de los encuestados cree que la Administración Central administra mejor el dinero que se recauda por impuestos, frente a un 16,1% y un 16,7% que opinan que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, respectivamente.

En una rueda de prensa tras la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Salgado ha aclarado que el mínimo exento se eleva a 700.000 euros por contribuyente (Blanco habló de un millón de euros) y que el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble de 2008.

“En 2007 pagaban el Impuesto sobre el Patrimonio en torno a un millón de personas, con lo que está planteando el Gobierno no van a pasar de 90.000″, ha apuntado.

Preguntado sobre si la cifra del mínimo exento rondará el millón de euros, Blanco dijo que “aproximadamente”, e insistió en que la cifra “aún no está cerrada”.

En declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press, el titular de Fomento ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos con grandes patrimonios contribuyan a la Hacienda Pública, para después remarcar que la recuperación de este tributo no gravará a las clases medias.

“Con el Impuesto sobre el Patrimonio, el 25% de los ciudadanos pagaban el 75% del impuesto, es decir, sobre lo que se recaudaba en 2007, que eran 2.000 millones de euros, 1.400 millones los pagaban el 25%, es decir, gente con grandes patrimonios”, ha recalcado.

Asimismo, ha abogado por revisar sistema fiscal español, de manera que la carga fiscal se ajuste “mejor” a las necesidades del país. “Debemos saber que los estados con mayor calidad de vida son los estados con tributos más altos”, ha apuntado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha indicado que, una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimara el pasado 9 de junio los recursos interpuestos por las Diputaciones vascas y confirmara la ilegalidad de las denominadas ‘vacaciones fiscales’, “cuanto antes se cumpla la sentencia, antes se estará de acuerdo con la norma y no habrá que pagar penalización”.

Almunia ha recordado, en este sentido, que la legislación europea contempla que, “si se encuentran resistencias para cumplir una sentencia que es firme”, se establezca “esa forma de convencer a quien se retrase en el pago” y que consiste en que “cuanto más se tarde, más se va a pagar”.

Se puede solicitar el borrador por Internet a través de la página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), por teléfono, (901 12 12 24/ 901 200 345) o en las oficinas de cualquier delegación de la Agencia Tributaria.

La principal novedad es que se puede obtener el borrador de forma inmediata a través de Internet o del teléfono hasta el 30 de junio. De este modo, no se tiene que esperar a recibir el borrador en el domicilio y tampoco se necesita el certificado electrónico para solicitarlo, sino que únicamente es necesario el NIF, el dato de la casilla 698 de la renta 2009 y un número de teléfono móvil.

El nuevo programa, denominado ‘RENO’, permite que en sólo cinco minutos y a través de Internet, el contribuyente tenga acceso a su borrador y pueda confirmarlo en el mismo momento.

Una vez que se reciba el borrador, se debe revisar, pudiendo en su caso completar o modificar la información recogida en el mismo antes de proceder a su confirmación. El plazo para la confirmación del borrador concluye el 30 de junio, salvo si el resultado es a ingresar y se domicilia el pago, en cuyo caso el plazo acaba el 27 de junio.

REVISAR EL BORRADOR ANTES DE CONFIRMARLO

Un año más la Agencia Tributaria ha incluido en las cartas que acompañan el borrador algunas de las circunstancias que pueden no recogerse para que el contribuyente las tenga en cuenta a la hora de revisarlo, siendo las más habituales los cambios en las circunstancias personales y familiares, las aportaciones a cuotas sindicales o deducciones como la inversión en vivienda habitual, por obras de mejora de la vivienda habitual, por cuenta vivienda o autonómicas.

Asimismo, Hacienda envía borradores de declaración ‘pendientes de modificar’, que son aquellos que el contribuyente no puede confirmar directamente sino que debe revisarlos previamente y completar algún dato antes de hacerlo.

Para quienes no tengan derecho a percibir el borrador porque no cumplan los requisitos para ello, Hacienda envía los datos fiscales. Este año, como novedad, en estos datos se recordarán los atrasos percibidos de otros ejercicios y que están pendientes de declarar al fisco, con la finalidad de que se realicen declaraciones complementarias para regularizar su situación.

CONDICIONES PARA RECIBIR EL BORRADOR

Como todos los años, podrán solicitar el borrador los contribuyentes que sólo tengan rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario con retención o ingreso a cuenta, Letras del Tesoro, imputación de rentas inmobiliarias de dos inmuebles como máximo, ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta y subvenciones para la adquisición de vivienda habitual.

La deducción por adquisición de vivienda habitual con préstamo hipotecario, la reducción por aportaciones a planes de pensiones y la deducción por donativos tampoco impiden recibir el borrador.

YA SE HAN DEVUELTO CASI 5.000 MILLONES

La Campaña de la Renta de 2010 comenzó el 3 de mayo y finalizará el próximo jueves 30 de junio. Según los últimos datos, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 4.861 millones a 7,29 millones de declaraciones con derecho a devolución, el 75% de las solicitadas.

Los contribuyentes han presentado un total de 11,2 millones de declaraciones del IRPF hasta este momento, el 57% del total de las que se esperan. De este total, el 60% se ha presentado por vías telemáticas.

Como principal novedad de este año, en el modelo de declaración se refuerza la percepción del IRPF como un tributo parcialmente cedido y, para ello, se incorporan nuevas casillas destinadas a recoger los importes incrementados o disminuidos de cada uno de los mínimos personales y familiares que han incorporado algunas comunidades.

DEDUCCIÓN POR MEJORAS EN LA VIVIENDA HABITUAL

También se incluye una nueva casilla para recoger el importe, soportado íntegramente por el Estado, de la nueva deducción temporal por obras de mejora en la vivienda habitual.

Por lo demás, se mantiene en 22.000 euros los rendimientos íntegros de los contribuyentes que no están obligados a presentar la declaración de la renta cuando procedan de un sólo pagador (si tienen más de un pagador la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes no puede superar los 1.500 euros), y en 11.200 euros la renta máxima anual que exime de esta obligación a los contribuyentes que tienen más de un pagador y siempre que la suma del segundo o de los restantes pagadores sea superior a 1.500 euros.

Sí están obligados a declarar aquellos contribuyentes que aún teniendo rentas del trabajo inferiores a los 22.000 euros anuales, se hayan aplicado deducciones por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional, así como reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones, a mutualidades de previsión social, a planes de previsión asegurados o a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.