Al portavoz del PNV, José Erkoreka, le hizo saber que es mejor una Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que las 8 sectoriales. La decisión del Ejecutivo es liquidar esas comisiones, con un ahorro apreciable en sedes y grandes sueldos de consejeros, que pasarán de ser 59 a sólo 9. Según el presidente, la coherencia es una exigencia frente a la divergencia entre distintas comisiones, la inseguridad jurídica y la dilación.

Pero cuando Rajoy demostró su verdadero talante huidizo fue ante la petición de diálogo económico y social que le formuló el dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente reprochó al oponente la falta de apoyo a la ley de estabilidad presupuestaria, y por un momento se vivió una situación inversa a la legislatura pasada, cuando el PP pedía diálogo y Rodríguez Zapatero se llamaba Andanas. Después el PSOE comenzó a reprochar la falta de apoyo del PP ante el riesgo de intervención. Entonces la prima de riesgo andaba por los 300 puntos.

¿De qué quiere hablar Rubalcaba con Rajoy? Pues, como ya dijo el secretario general del PSOE la semana pasada, cuando Rajoy le contestó con “displicencia”, de la conveniencia de un gran pacto sobre la política económica, la recuperación, el crecimiento, la reforma de la administración, los servicios públicos y la reforma financiera. Más por cortesía que por convicción, el presidente le contestó: “Estoy dispuesto a hablar con ustedes”.

Cierto es que minutos después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro ante una interpelación del socialista Valeriano Gómez que no hay nada que negociar, pues no está dispuesto a reconsiderar los recortes de los servicios públicos, la supresión de los derechos sociales ni, por otra parte, la amnistía de las cuotas defraudadas a la Seguridad Social, algo que, como destacó Gómez, es la primera vez que ocurre en la historia de España.

La política de liquidación de los servicios públicos, que será refrendada mañana por la mayoría del PP al votar los decretos correspondientes, no es negociable porque, según Montoro, el problema de este país es el “pasivo”, no el paro. Seguro que reduciendo derechos a la sanidad y la educación y bajando los salarios, el endeudamiento neto de la economía española baja del 90% del PIB y recuperamos el equilibrio. Al menos, eso cree el ministro. Pero hay un problema: el sistema del Estado del Bienestar se construyó con la sangre y el sudor de los trabajadores, y no se van a resignar a que lo desmantelen.

La faena de aliño deberá ser completada por la comparecencia de los anteriores gestores de la entidad –no sabemos si Fernández Norniella o el mismísimo Rodrigo Rato– y, por supuesto, por las explicaciones del supervisor, que supervisaba poco –no sabemos si el jefe de la inspección del Banco de España o el mismísimo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que termina su mandato en junio.

Con esas peticiones de información por parte de la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, el principal partido de la oposición estima cumplida su misión de control parlamentario al Ejecutivo, al que exigirá garantías de que “el aporte de dinero público (para convertir en acciones los préstamos del FROB a Bankia) pueda ser recuperado por la sociedad”.

El ejercicio de oposición del PSOE –cuyo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe información aparte del ministro Guindos–, nada tiene que ver con la exigencia de una investigación en profundidad que ha planteado Izquierda Unida y ha sido automáticamente rechazada porque perjudicaría a la entidad, y para eso, los sectores del PP y del PSOE que colocaron a Rato, no necesitan apoyo.

Con un presidente silente y sin la menor gana de celebrar el debate sobre el estado de la nación, pues en julio, a los ocho meses de gobierno, sólo podría exhibir el deterioro de la situación; con el caso de Bankia encapsulado, y con los miles de jóvenes indignados en las cercanías del Congreso, se comprende que los principales puntos del día del pleno de esta semana, primero del mes de mayo, sean los decretos para acabar con el “turismo sanitario” –y, de paso, negar la sanidad a los inmigrantes sin papeles– y para dirigir la televisión pública desde el Gobierno.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos tan mal concepto y tan escasa confianza en nuestros dirigentes políticos? ¿Acaso no trabajan día tras día por el bien común, legislan con ecuanimidad y desean lo mejor para la nación o si se prefiere, para esta histórica nación de naciones que es España? Les contaré una historia.

El lunes por la mañana me topé cuando salía de casa con mi vecina Zulaica, que llegaba con el carro de la compra cargado hasta los topes. Venía contenta porque, según me dijo, había hecho la compra para varias semanas y se quitaba un peso (y un dinero) de encima.

Al día siguiente, también por la mañana, coincidí con ella en el ascensor. Lo llegaba, sino que salía con el mismo carrito de la compra bastante cargado. Le mostré mi extrañeza y le pregunté si se le había estropeado la nevera. No era eso. La leche estaba pasada, los bollos aparecieron mohosos, la mantequilla tenía mala pinta, la carne olía mal, los yogures estaban a punto de caducar y, entre las frutas y hortalizas le habían puesto algunas machacadas y medio podridas. Total, un desastre.

La vecina, que se había dejado una pasta en la compra, se mostraba lógicamente irritada consigo misma por no prestar atención a la fecha de caducidad y se sentía defraudada por el frutero, el carnicero, y el pollero por haberle dado mercancía averiada. Pero todo tenía solución. Iba a cambiar los productos estropeados por otros en buen estado o a exigir que le devolvieran la pasta.

Bueno, pues esto que ocurre cada día en la vida normal, donde todos estamos obligados a hacer las cosas bien o, en caso contrario, a subsanar las mal hechas y reparar los errores y los abusos de la buena fe de los clientes, es lo que no sucede, precisamente, en la política. Los engaños, la mercancía averiada, los abusos de confianza nos pueden dejar, ¡qué digo un mes!, varios años in albis, sin almorzar y sin que podamos reclamar que nos devuelvan el voto.

Acaso por eso mismo, todos los políticos suspenden y el jefe del Gobierno saca la peor nota jamás registrada en el primer cuatrimestre. No hay nada más irritante con uno mismo que el engaño. Los demás datos del barómetro CIS –si el PSOE reduce a 11 puntos la distancia que le saca el PP– parecen secundarios, pues ni hay elecciones ni la política frente a la crisis financiera y económica fue muy acertada que digamos por parte de un gobernante que sostenía que los impuestos no son de izquierdas ni de derechas.

Los recortes no gustan a nadie, pero son necesarios para reducir el déficit público e impedir que la recaudación se vaya por el agujero de los intereses de la deuda. La tiroides de la prima de riesgo coloca esos intereses cuatro puntos por encima de la deuda alemana. Esto ya lo saben hasta los niños. El Estado tiene que refinanciar deuda por valor de 260.000 millones este año. Si los mercados confían en la solvencia de la economía española, pueden prestar el dinero de los ahorradores a un precio razonable, pero si el déficit sigue engullendo los recursos de un modo creciente, la confianza se pierde. Esto también lo saben los escolares.

En los tres últimos ejercicios (2009, 2010 y 2011) el Estado gastó 315.000 millones más de lo que recaudó, y esa deriva para paliar los efectos de la crisis con planes E de Salgado y Chaves y con más recursos para el creciente desempleo no la toleran los mercados ni el BCE ni la pareja “Merkosy”. La reducción podía ser más “flexible”, menos drástica, como señaló Rubalcaba. Pero a la vista está que Bruselas le ha tirado de las orejas a Rajoy y vale recordar que para bajarle los humos ha colocado el 5,3 donde él había puesto el 5,8 de déficit este año.

La subida del IRPF y los recortes en gasto social, singularmente en Educación y Sanidad, así como una reforma laboral decretada a la medida de los empresarios para que puedan ajustar las plantillas a la producción real y ganar competitividad a costa de los salarios, no está sirviendo para contener el desempleo, sino, por el contrario, para acentuar la recesión. ¿Qué hacer? Según Montoro, resistir hasta lograr convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso. El Gobierno confía en que el segundo y el tercer trimestre del año sean buenos para el empleo.

Y aunque el déficit se haya situado en el 1,8 en el primer trimestre del año, lo que nos coloca en el 7,2 matemáticamente, eso se debe a la inyección de 30.000 millones a las autonomías y ayuntamientos para que paguen a los proveedores, lo cual también genera confianza y empleo. Si el Gobierno ahorra en Educación, obligando a las autonomías a subir el precio de las matrículas universitarias para que los estudiantes paguen el 20% del coste de la plaza, es evidente que muchas familias tendrán que optar entre el abono del fútbol y el pago de los estudios.

Si se obliga a trabajar más a menos profesores y con menos salario, las autonomías conseguirán grandes ahorros. Si se optimiza la gestión de la Sanidad, separando la medicina de otros servicios añadidos como la hostelería hospitalaria, el transporte, etcétera y se cobra entre 100 y 600 euros anuales por los consumidores de fármacos, y endosa a la UE los mil millones de euros de los “turistas sanitarios” europeos, sobre todo, ingleses, que vienen a recibir aquí las prótesis de cadera y otros tratamientos costosos que pagamos los españoles con nuestros impuestos, tal vez el Gobierno no tenga que subir el IVA ni otros impuestos. En todo caso, pagaremos más por menos, y aunque hayamos entrado en recesión, debemos ser optimistas.

Un apunte de pasillos: el Gobierno asegura que ha propuesto hasta tres nombres para la presidencia de la Corporación RTVE y que Rubalcaba no ha contestado. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, sostiene que sólo les propusieron uno. Así las cosas, el  PP considera “urgentísimo” controlar TVE porque está dando una imagen muy negativa de las reformas y los ajustes del Gobierno, y eso también influye en los inversores, que nos ven como un país revoltoso e ineficiente. ¡Hombre, pues no!

El secretario general de la Seguridad Social, Tomás Burgos, confió también en que los pronósticos del Gobernador sean desmentidos por la realidad y se mantenga el equilibrio entre los 120.690 millones de ingresos y de gastos, lo que supone una reducción del 3 respecto a 2011 e instala el sistema tras una década de superávit en el equilibrio absoluto del déficit cero. El 88,1 de los ingresos llegan de las cotizaciones, 11.173 millones vienen de las mutuas y el resto, de los complementos a mínimos por parte de Hacienda, que aporta 1.000 millones más que el año pasado. Por la parte del gasto, las pensiones contributivas suponen 101.954 millones de euros, las no contributivas representan 1.995 millones, se reduce un 37 la asignación para la incapacidad laboral transitoria, que queda en 5.799 millones y se dedican 2.700 millones al pago de los periodos de maternidad y paternidad, 900 millones a las personas dependientes y 2.600 a bonificaciones empresariales. El resto es gestión.

A partir de las grandes cifras, la balumba de curiosidades periodísticas ha sido alta. De la comparecencia del subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, salen titulares con morbo: a los expresidentes de gobierno se les baja la dotación anual de 79.000 a 74.580 euros, los exministros y exsecretarios de Estado nos cuestan 3,7 millones de euros, los festejos del bicentenario de las Cortes de Cádiz, 600.000 euros, y el Museo de la Monarquía que se está construyendo detrás del Palacio Real de Madrid nos sale por 142 millones de euros, en un programa plurianual que acabará en 2016. Otro dato con morbo es el coste de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en octubre en Cádiz: sin que sepamos muy bien por qué, los cumbreños nos van a salir por 4,5 millones de euros, la mitad de lo que nos costó la Iberoamericana de Salamanca: 9 millones de euros.

Aparte la letra menuda, el desfile de altos cargos se convirtió en una carrera de reproches de unos contra otros. Los gubernamentales reprocharon a los salientes del PSOE las deudas bajo la alfombra y el déficit de 25.000 millones por encima de lo previsto, y éstos reprocharon a sus sucesores los recortes en sanidad, enseñanza, obras públicas, investigación, desarrollo e innovación, ayuda a la industria, dependencia, violencia de género, cooperación y ayuda internacional, y, por supuesto, una amnistía fiscal que amén de injusta e inmoral no servirá para reducir el 22,5% de actividad sumergida ni para recaudar los 73.000 millones de euros, que según un estudio de los ingleses para los socialistas del Parlamento Europeo, que esgrimió Juan Moscoso, la hacienda pública española deja de recaudar cada año.

Al lado de ese volumen de fraude, el “recetazo” a los pensionistas para que paguen hasta 216 euros al año por los medicamentos que –salvo los jubilados de la función pública– hasta ahora adquirían gratis después de una vida de trabajo y cotización, va a reportar 1.080 millones de euros como mucho. La cifra, con ser importante, sobre todo si le agregamos el 10% de aumento del copago para el resto, salvo los parados sin prestaciones, no deja de ser insignificante al lado de la gran evasión o elusión fiscal, como prefieran. Al cronista se le ocurre que además de prohibir los pagos en efectivo de más de 2.500 euros, sería positivo incentivar un voluntariado antifraude en el que podrían militar muchos jóvenes en paro y no pocos jubilados. Pero de antemano sabe que las ocurrencias sin método ni conocimiento son sólo eso.

Uno: la subida del 2% del IRPF decretada el 30 de diciembre por el Gobierno no será temporal, sino para siempre; dos: el año pasado cayeron los ingresos en el impuesto de sociedades, pero este año puede aumentar la evasión; tres: la regularización fiscal (amnistía) incrementa el riesgo de evasión; cuatro: los ingresos que cabe esperar de las exportaciones serán moderados; cinco: el estancamiento de la economía europea y la contracción de la española puede producir desviaciones en las cuentas de la Seguridad Social y del desempleo, por lo que no hay que descartar nuevos ajustes en el gasto público y nuevas subidas de los impuestos, sobre todo indirectos, para las que hay margen dentro de la tabla de la zona euro, y seis: hay que definir cuanto antes los parámetros de sostenibilidad del sistema de pensiones porque los jubilados cada vez son más y los cotizantes, menos.

Los avisos del gobernador, que en su respuesta al ex ministro Valeriano Gómez también elogió la reforma del sistema de pensiones “porque no soy de un solo menú, a mí me gusta comer a la carta”, no eclipsaron su mensaje sobre la importancia crucial, fundamental, de reducir el déficit al 3% en 2013 para ganar confianza, reducir la prima de riesgo, achicar la deuda y ganar competitividad. En su opinión, la pérdida acelerada de la confianza de los mercados de capitales hay que atribuirla a la “desviación del déficit” y al retraso en la presentación del Presupuesto. Pero las cuentas ya están presentadas y la ley de estabilidad presupuestaria con los mecanismos de transparencia y sanción a las autonomías que superen el límite de gasto ya ha sido aprobada por el Congreso.

El socialista Gómez y el de CiU, Josep Sánchez Llibre, le preguntaron por lo suyo, el saneamiento y la reforma del sistema financiero, y el gobernador les contestó que la banca ha hecho sus deberes y “ahora tenemos instituciones sólidas”. ¿Significa eso que va a fluir el crédito? “No”, contestó el gobernador, porque el crédito tiene que tener una “demanda solvente” y mientras todo siga a la baja (demanda, consumo, vivienda, empleo) y no aumente la competitividad, sólo la exportación podrá tener opciones de financiación. Pero eso no quita para que la reestructuración financiera, sobre todo, de las cajas de ahorros, con la desaparición de 28 y de 2 pequeños bancos, quede como trabajo hecho para el sucesor, afirmó el gobernador.

Gómez le preguntó sobre el riesgo de que el euro sucumba, como sucumbió el patrón oro, debido al rechazo social a unas exigencias inflexibles que están acabando de forma abrupta con un modelo de vida digna, y Fernández Ordóñez le contestó que si tenemos una inflación del 1,2 es gracias al euro y añadió que nuestro reto es ganar competitividad sin devaluar. “Hemos de hacer lo que depende de nosotros”.

Como todos querían sentar cátedra con palabras estupendas como aquellas de Anchuelo sobre la “moralidad fiscal” y la “ética política”, como si el dinero tuviera más moral que el beneficio y la política tuviese un ápice de ética, llegó el joven diputado de IU Alberto Garzón Espinosa (25 años) y destacó lo esencial: apoyo a la supresión de las ventajas a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades que implantó el anterior Gobierno, provocando una caída de la recaudación de 45.000 a 15.000 millones de euros en los tres últimos años y un agravio a las pequeñas y medianas, y crítica por la premura y mal diseño de esta amnistía, habida cuenta de que Alemania la hizo al 46% de lo defraudado. Quiere decirse que la señora Merkel le echó un par y el señor Rajoy es un blandiblú.

Si CiU se sumó como un solo hombre a la “amnistía fiscal”, su jefe de filas, el señor Durán, la calva más brillante del Congreso, pactó la noche del miércoles con Soraya Sáenz de Santamaría su apoyo a la ley de estabilidad presupuestaria, también conocida como la del “déficit cero” en el año 2020. Expuso los logros del pacto Josep Sánchez Llibre, resumiendo que las autonomías podrán flexibilizar la deuda aunque no cumplan con la reducción el 13% previsto en la fecha señalada, siempre y cuando hayan reducido a cero su déficit público.  “Ya les anuncio que Cataluña será ejemplo de rigor y no incurrirá en déficit en 2018”. ¡Albricias! El déficit es muy malo y los préstamos son muy caros. Después de lo cual, también el PNV y hasta UPyD respaldaron la ley.

Lo paradójico del caso es que esas formaciones soltaron venablos contra la reforma del 135 de la Constitución del que emana esta ley. Ya recordarán que para sosegar a los mercados, Zapatero y Rajoy pactaron aquella reforma una noche del verano pasado, dando prioridad al pago de la deuda y la reducción del déficit sobre la financiación de otros servicios. Rubalcaba, que había rechazado fechas antes una propuesta del opositor Rajoy en ese sentido, se llevó un chasco cuando se enteró de que la noche había confundido a ZP y para remediarlo dijo que de cero nada y colocó en el papel del acuerdo el 0,4% de déficit estructural, una décima menos que Alemania. Pero el de Pontevedra, ya en el Gobierno, volvió al pacto original y dejó el cero pelado para que se chinche y rabie, Rubalcaba. Total que ayer, los de los venablos que rechazaron la reforma constitucional se sumaron a ella y el PSOE, con un portavoz en la materia que no se merece (Pedro Saura) dio por roto el acuerdo.

También en este debate fue digno de escuchar el argumento del diputado de IU Garzón: si el Banco Internacional de Pagos considera razonable una deuda de los Estados del 85% de su PIB y la del Estado español es bastante inferior, ¿por qué se ha de aprobar una ley que limita su margen de maniobra y supone un dogal cuando, además, se ha de hacer cargo de la crisis de sectores privados? Este Garzón (en francés: “muchacho”) no necesita papeles para hablar ni es uno de esos parlamentarios que llaman “pajarito” porque baja y sube la cabeza picoteando en el texto. Luis de Guindos le despreció en su día. Pero me creerán si les recomiendo que no le pierdan de vista.

Por último, y como estaba cantado, el PP rechazó las enmiendas con texto alternativo del PSOE y los demás grupos de izquierda a la reforma laboral, y vetó al de ERC Joan Tardà como representante del Grupo Mixto (18 diputados) en la Comisión de Secretos Oficiales. En el pleno anterior ya había rechazado a su jefe de filas Alfred Bosch. De ningún modo el PP va a permitir que esos “republicanos separatistas” se enteren de los planes de los servicios secretos del CNI, del uso de los 18 millones de euros de un presupuesto de 222 de los servicios de inteligencia para operaciones inconfesables y de cuántos confidentes puede pagar Interior con los 6,8 millones de euros en gastos reservados. Después de todo lo cual, no es extraño que la izquierda saliera del pleno más dolorida que don Quijote de la refriega con los pastores.

Lo primero fue identificar a los malos, es decir, a los que nos quiere mal. Rajoy no se refirió a Nicolás Sarkozy, el “pequeño gran hombre” que sentía envidia de Zapatero porque era más alto y más guapo, y se lamentaba de que “los españoles lo ganan todo” (en referencia a nuestros deportistas), sino al tecnócrata italiano Mario Monti. Enterado de que el italiano va diciendo que la situación de la prima de riesgo de su país se debe a la delicada situación de España, el de Pontevedra le hizo saber que “nosotros no vamos contra nadie, no hablamos de otros países, a todos les deseamos lo mejor, lo que es bueno España es bueno para la zona euro. Todos tenemos una gran responsabilidad y queremos una Europa fuerte con un euro fuerte”.

En otras palabras: que Monti haga el favor de no culpar a España de sus problemas y que su colega, el gobernador del BCE, Mario Draghi, se abstenga de dañar nuestra imagen ante los inversores. A continuación quiso dejar claro que España no necesita rescates ni intervenciones. “Hay países que no pueden financiarse, pero este no es el caso de España ni va a ser el caso de España en el futuro, lo quiero dejar claro”, afirmó ante los suyos, a los que pidió “la mayor prudencia y responsabilidad”.

El presidente defendió las medidas de ajuste y los recortes que ha plasmado el Cristóbal Montoro en el “Presupuesto de guerra” con el estrambote de la nota de prensa de la Moncloa anunciando la aminoración de 10.000 millones más en sanidad y enseñanza, lo que abrirá forzosamente la vía del “copago” o “repago” de los medicamentos y de varios servicios sanitarios pendientes de concretar. Rajoy no dijo, porque no era el momento, si el recorte es sólo el principio de la quiebra de un modelo y la implantación de otro de seguros privados como en Estados Unidos, pero los socialistas no dudan de que el ajuste de cuentas a la socialdemocracia y al Estado providencia está en marcha. En este contexto se explica que Rajoy despreciara la sugerencia de algunos grupos minoritarios de un “gran pacto político contra la crisis”. Ni lo necesita ni es posible.

Por lo demás, enunció las próximas medidas de su “agenda reformista”, en la que incluyó el plan (anual) de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, privatizaciones en el sector público, reformas en la sanidad y la enseñanza para aplicar los recortes, reformas en el sector energético, en el alquiler de viviendas y en el sector financiero. Todo ello, así como la nueva ley de tasas judiciales, de costas, de unificación del mercado y de las administraciones públicas irá siendo cursado sin pausa por el Consejo de Ministros.

A Jesús Posada no le gusta el llamado “copago” o el “repago” de los servicios sanitarios. “No es el sistema que mejor me parece”, dice, “pero hay que estudiarlo y si no queda más remedio, hay que hacerlo”, añade para publicar. No cree que España esté “al borde de la intervención”, pero afirma que sería positivo “un gran acuerdo” de las principales fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno para hacer frente al ajuste y a los recortes, de modo que los mercados no sigan elevando el precio de nuestra deuda pública y, sobre todo, privada, y estrangulando al país.

Hasta aquí la sensatez. Y a partir de aquí, ya veremos. La ley de estabilidad fiscal y presupuestaria, que se aprobará definitivamente el jueves, sería una oportunidad inmejorable para expresar la unidad de las dos grandes fuerzas políticas y de los nacionalistas. Pero eso sólo ocurrirá si el ministro Cristobal Montoro abandona el dogmatismo del “déficit cero” en 2020, deja de ser más ortodoxo que la señora Merkel y permite al PP reponer el medio punto de déficit que pactó con el PSOE cuando entre ambos reformaron la Constitución para garantizar el pago de la deuda.

Otra oportunidad de demostrar el compromiso común contra la crisis vendría dado por la Conferencia de Presidentes que, según una destacadísima dirigente del PP, se celebraría en junio. Sería el momento definir las prioridades de la financiación pública, incluidas las llamadas “carteras básicas” de la prestaciones sanitarias y educativas universales y gratuitas. Sin embargo, tras los reveses electorales en Andalucía y Asturias, Mariano Rajoy ha aparcado la conferencia y ha optado por los recortes a palo seco: 10.000 millones de euros en las transferencias a las autonomías para sanidad y enseñanza.

El anuncio del recorte, mediante una nota de prensa genérica, emitida desde La Moncloa, no ayuda a hacer amigos precisamente. El ministro Luis de Guindos suelta la especie en la prensa alemana, La Moncloa la confirma y al profesor Montoro le toca ahora estructurarla, lo que equivale a bailar con la más fea. ¿Qué servicios sanitarios y escolares tendremos que pagar?, ¿a partir de qué nivel de renta familiar?, ¿qué margen de actuación les quedará a las autonomías?, y, sobre todo, teniendo en cuenta que de los 14 millones de contribuyentes del IRPF, 1.694.967 no llegan a 10.000 euros de ingresos anuales y 5.679.588 están por debajo de 20.000 euros, lo que supone la mitad de los paganos, ¿cuántos enfermos crónicos y no crónicos palmarán debido al orden de prioridades entre los de pago y los de beneficencia? ¿Y cuánto aumentará la burricie y el fracaso escolar con aulas de 40 alumnos y unos profesores mal tratados y peor pagados?

Recordarán ustedes la famosa carta del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet a Rodríguez Zapatero el 7 de agosto de 2011, que sirvió de detonante de la acelerada reforma de la Constitución. Nunca conocimos su contenido, pero su tono oscilaba entre la insolencia y la exigencia. Zapatero, al contrario de lo que hizo Silvio Berlusconi, la ocultó a la opinión pública. Por cierto que el periodista Mariano Guindal la ha incluido en un libro de próxima aparición. Berlusconi liquidó 38 provincias mediante la agrupación de ayuntamientos, aumentó la edad de jubilación a las mujeres, recortó las pensiones y hasta se cargó los puentes entre días festivos.

Aquí Rajoy ha convertido aquel catálogo de exigencias en eso que llaman “hoja de ruta” de su gobierno. Y aunque no teme que le plantifiquen un tecnócrata estilo Monti, pues su situación política es tan boyante que se permite despreciar las huelga generales y amnistiar a los defraudadores, la dieta de adelgazamiento va a dejar exhaustos los servicios públicos, como exige la UE de los mercaderes, que ni es Unión ni es Europea como su nombre indica. Si lo fuese, contaría con un auténtico Banco Central, no atacaría los derechos sociales, no deprimiría el consumo ni desmantelaría los servicios sociales, profundizando la sima entre pobres y ricos. Ni el propio Rajoy se cree que la purga de Fierabrás que no tiene más remedio que obligar a beber a los españoles produzca la mejoría de los garrotazos que nos están dando, pero como admite Posada, a lo mejor gana la socialdemocracia en Francia y Alemania y flexibiliza las condiciones de la deuda y Europa avanza hacía la unidad social y fiscal, que ya es hora.

Los que van a sufrir con este Presupuesto son el Ministerio de Exteriores, que reduce 1.500 millones en ayuda a la cooperación, lo que significa que cientos de cooperantes se irán al paro y miles de empresas de suministros a países empobrecidos, al garete. En TVE baja la financiación de 535 a 331 kilos; en Defensa cae la inversión de 1.005 a 654 millones; en Fomento desaparecen los 600 millones de ayudas a infraestructuras ferroviarias (ADIF) y las inversiones se reducen a 2.800 millones de euros. En Educación baja la parrtida de transferencias de 1.500 a 970 millones; los inmigrantes ya no necesitan integrarse, por lo que el presupuesto pasa de 67 millones a cero; la subvención al carbón desaparece; la ayuda a la dependencia suma cero, y la I+D+I a través de Economía (CDTI) pasa de 536 a 1214 millones de euros.

Los beneficios fiscales, a pesar de la supresión de las deducciones en sociedades y de la subida del IRPF, siguen siendo elevados y se cuantifican en 38.100 millones de euros, y la prestación por desempleo se mantiene, aunque lógicamente desciende por razones demográficas –los parados son jóvenes sin derecho a prestación y los veteranos van perdiendo el derecho al subsidio a medida que pasa el tiempo– y queda 10.000 eruos por debajo de la citada cifra. La reducción de los 1.500 millones de euros en las políticas activas de empleo representa el último objetivo político para laminar los cursos de inserción patrocinados por los sindicatos y subcontratados por la CEOE y clavar una cuña en el llamado por Esperanza Aguirre Muro de Berlín. De la capital federal alemana y de la canciller Angela Merker no se habló en la presentación del un Presupuesto que responde a su dictado, faltaría mas, y que añade 300.000 parados a los 630.000 previstos por el Gobierno.