En la misma sintonía de solidaridad y apoyo a los damnificados se expresaron la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien hizo una intervención impecable; el del PNV, Aitor Esteban, quien dijo que es la hora de trabajar todos a una y se mostró sorprendido por las prisas del PP en atacar al Gobierno por la DANA. Y también el diputado del BNG, Nestor Rego, quien hizo su discurso en valenciá, en honor y solidaridad con las víctimas. Pero quedó claro que para los conservadores y sus socios de ultraderecha en el Ejecutivo valenciano lo prioritario era embarrar el debate para desviar las responsabilidades del presidente autonómico, Carlos Mazón, hacia cualquier punto, dicho o hecho del Gobierno central.

Para empezar, el hecho de que el presidente Pedro Sánchez asistiera a la cumbre del clima en Bakú (Azerbayan), donde pronunció el discurso más duro los intervinientes sobre la responsabilidad de las grandes potencias ante la emergencia climática, en vez de acudir al pleno en la Carrera de San Jerónimo, fue motivo de alaraca para los populares y los voxidos, cuyos dirigentes máximos, Feijóo y Abascal, respectivamente, no asistieron a las explicaciones del ministro Torres. Por supuesto, les pareció fatal que fuera el ministro de Política Territorial el encargado de ofrecer la información de las ayudas del Gobierno. “Víctor Torres no es la persona adecuada porque no tiene credibilidad. Mintió sobre la solicitud de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y sobre la Confederación del Júcar en relación con el barranco del Poyo”, afirmó, enérgico, el portavoz asignado por el PP al caso, el alicantino César Sánchez Pérez.

En dos intervenciones, este diputado dejó en segundo plano la empatía, la solidaridad y el cariño hacia las familias afectadas que demandaron otros portavoces, comenzando por el socialista también alicantino, Alejandro Soler y siguiendo por Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio del PP. “Deberíamos dar ejemplo de unidad y solidaridad. La prioridad son las familias afectadas y tiempo habrá para la investigación de las responsabilidades”, afirmó Soler.

Pero al portavoz del PP, turris burris lo que dijeran unos y otros, pues “Sánchez huyó de la gente en Paiporta y no está aquí. Mienten sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues la Delegación del Gobierno no informó durante dos horas y media de la crecida del Barranco del Poyo (en referencia a la rambla de más de 40 kilómetros de la huerta sur que desemboca en la Albufera”, debieron declarar la Emergencia Nacional y no lo hicieron. Y las ayudas son del todo insuficientes”.

A pesar de que el diputado César Sánchez se esforzó en diluir la responsabilidad del presidente valenciano por no dar a tiempo una alarma que hubiera salvado vidas, no pudo evitar que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le acusara de “negligencia criminal” y lanzara contra los dirigentes y gobernantes del PP una ristra de situaciones de crisis, desde los atentados del 11-M al Yak-42, pasando por el Prestige, en la que utilizaron las mentiras más burdas y trapaceras para cubrir su responsabilidad. El propio interviniente, César Sánchez, a la sazón exalcalde de Calpe, expresidente de la Diputación de Alicante y responsable de Transparencia en la dirección del PP con el periclitado Pablo Casado, no dice la verdad en lo básico: en su declaración de bienes dice que es soltero y en su ficha parlamentaria que es casado y tiene una hija. Puestos en pie, los diputados del PP le aplaudieron cuando cerró su discurso con la frase: “Digan la verdad a los valencianos”.

El líder Feijóo apareció en el turno de preguntas, en el que brilló el fornido Tellado porque las obras que se iban a hacer en 2021 el barranco del Poyo no se hicieron, y eso es responsabilidad de la entonces ministra Teresa Ribera. Y cuando terminaron las preguntas, citó a los periodistas en la sala contigua a los pasos perdidos para decirles que los valencianos se verán “reconfortados” por el anuncio que realice el jueves en el Parlamento autonómico el presidente Mazón. No dijo si dimitirá ni adelantó más acontecimientos. Tremendo.

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Para entonces, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había puesto en contacto con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, poniendo a su disposición cuantos medios necesitara para salvar gente afectada por las riadas e inundaciones. Sánchez estaba a punto de embarcar en Nueva Deli, de regreso a España, después de un viaje de alto contenido económico provechoso para nuestro país en venta de aviones, entre otras cosas. La noche del 28 de octubre, mientras viajaba a Madrid, fue telúrica y terrible para miles de personas, trabajadores a los que la riada sorprendió in itínere. Muchos sufrieron accidentes, otros murieron ahogados. ¿Qué estaba ocurriendo?

Una vez más, y van muchas con la derecha en el poder, el gobernante del PP en la Comunidad Valenciana no estuvo en lo que tenía que estar, sino en lo que le interesaba. No cursó la alarma ante los avisos rojos que le dio la Agencia Española de Meterología (AEMT) y cuando lo hizo, cuatro horas y media después, pasadas las 20:30 de la tarde ya era eso, tarde. Por el contrario, la Universidad de Valencia se tomó muy en serio el aviso y la actuación de sus responsables evitó daños personales y acaso muertes. ¿Por qué un político al que eligen presidente para que gobierne en aras del bien común no está a lo que debe estar cuando más falta hace? Mazón estaba recogiendo un premio con su consejera de Turismo y, aun con las alertas en el bolsillo, no sólo tuvo la desfachatez de no transmitirlas, sino de afirmar en una comparecencia pública que la DANA se alejaba de Valencia hacia el interior, la serranía de Cuenca.

Es muy fácil preguntarse ahora cuántas vidas se hubieran salvado si el presidente valenciano hubiese actuado como le correspondía. DANA no tiene que ser sinónimo de muerte. De hecho, no lo ha sido en otros lugares por mucho que el Mediterráneo se caliente y la gota fría sobrevenga. Pero Mazón estaba en otra cosa. Ni más ni menos que Fraga cuando el chapapote asolaba las costas gallegas (el presidente fundador estaba de caza en Aranjuez, Madrid). Ni más ni menos que Álvarez Cascos, ministro responsable de puertos y costas (estaba esquiando en Andorra). Ni más ni menos que Rajoy, entonces vicepresidente con Aznar, que ordenó alejar el petrolero averiado a alta mar y asunto resuelto, según dijo en los pasillos del Congreso. Claro que luego el barco se quebró y empezaron a salir los famosos “hilillos”.

Ahora, frente a una realidad insoslayable para el presidente valenciano Mazón, la derecha nacional, el PP, y la ultraderecha carroñera, culpan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber declarado el Estado de Alarma y desplegado al Ejército antes. La verdad es que la Unidad Militar de Emergencias, “ese invento de ZP”, estuvo lista desde el primer momento y salvó vidas, como también los bomberos, la policía, los medios locales y la Guardia Civil. En la frase sin contexto atribuida a Sánchez: “Pidan lo que necesiten”, la derecha demagógica y carroñera ha visto la renuncia a hacerse cargo de la situación. Por eso Feijóo ha dicho que él se habría puesto al frente y actuado con más decisión. No ha dicho como en el chapapote que facilitó la corrupción y le permitió llegar al Gobierno de Fraga.

Por más que Sánchez explique que las Autonomías regionales se crearon para acercar el poder a la gente y la administración a los administrados y que son los Gobiernos autonómicos y las instituciones locales los que mejor conocen las necesidades, y por más didáctica que emplee en desglosar el término “cogobernanza”, a esa oposición emberrechinada le vale todo. Si hasta en la frase: “Ustedes conocen la situación y las necesidades, tienen todos nuestros medios a disposición” ven renuncia, indisposición y mala fe de Sánchez, ¿qué no verán esas gentes? Por si faltaba alguien, cómo ignorar al gran González, don Felipe: “Yo envié al Ejército a las inundaciones de Bilbao”. Aquello ocurrió en 1983 y entonces el Gobierno Vasco, constituido en 1980 y presidido por Carlos Garaicoetxea carecía de competencias en casi todo. ¿Por qué tanto afán en mejorar el silencio, don González?

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“¿Qué institución asaltará mañana el Gobierno?” Era la principal preocupación de la número dos de Alberto Núñez Feijóo, Concepción Gamarra, en el pleno del miércoles, 30 de octubre, San Serapión en el santoral, a la que respondió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en ausencia por viaje a India del presidente Pedro Sánchez.

El nivel de las preguntas lo mantuvo el portavoz, ese hombre gordito que exhibe fotos de socialistas asesinados por ETA hace veinte y treinta años, el ferrolano Miguel Tellado. “¿Cómo cree usted que van a pasar a la historia este Gobierno y sus Ministros?», le preguntó a la ministra Margarita Robles.

Y lo propio hicieron la mayor parte de sus subordinados, como Ester Muñoz, en busca de respuesta de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. “¿Cuánto tiempo van a seguir amparando la corrupción?” O el señor Olano Vela a la propia Díaz: “¿Considera el monólogo social una forma óptima de llegar a acuerdos?” O doña Sofía Acedo al titular de Presidencia y Justicia, Justicia, Félix Bolaños: “¿Le queda alguna línea roja por traspasar para que Sánchez pueda seguir en el Gobierno?” O el escritor y consejero técnico del gabinete de Mariano Rajoy en su día, Jaime Miguel de los Santos: “¿Ha sido usted nombrado Ministro para aforarle ante el Tribunal Supremo?”, le preguntó al ministro Óscar López.

Con la misma técnica, sus señorías voxidas Ignacio Gil Lázaro y María José Rodríguez Millán se interesaron por las siguientes cuestiones. El primero endosó esta cuestión: “¿Hasta cuando piensa el Gobierno seguir engañando a los españoles?” Y de segunda ésta otra: “¿Cuál es la estrategia política del Gobierno?”

Aparte el ridículo de la derecha opositora en una jornada de desgracia meteorológica como la que se estaba viviendo en varias localidades de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, con 51 fallecidos a causa de las inundaciones y las riadas, el pleno se abrió con un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con los damnificados, y siguió con la expresión de apoyo por parte de Gamarra, del PP, y la reclamación de unidad por parte de la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero. Pidió Montero trabajo unitario de todas las instituciones, ayuntamientos, autonomías y Gobierno central para socorrer a las miles de personas perjudicadas por el desastre y poder restablecer cuanto antes los servicios públicos afectados.

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El perdón de Feijóo y sus críticas al Ejecutivo de Sánchez, con la claque manipuladora de los medios habituales (“Ahora suelta terroristas”, dicen), constituye un acto de cinismo catedralicio para con las víctimas del terrorismo y para la sociedad en su conjunto, pues sus colaboradores más avezados, desde Esteban González Pons a Cuca Navarro, pasando por el actual portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, tuvieron tiempo de sobra para leer la norma y, junto con el propio Feijóo, poseen una responsabilidad ineludible. Estaban en contra –dicen ahora– pero votaron a favor, igual que lo hicieron sus aliados de ultraderecha, los navarros de UPN y demás coríferos del “que te vote Txapote”. El bueno de Iñigo Errejón dijo en el pleno que las derechas hablan de “un país imaginario en el que ETA sigue existiendo”.

Pero con pedir perdón y, acto seguido, atacar a Sánchez por asumir esa ley de la UE, solo pendiente de la tramitación en el Senado, Feijóo cree haber resuelto el asunto. “¿Saben lo que votan o no saben lo que votan?”, preguntó Sánchez a la bancada del PP. “No lo sé, pero lo que sí tengo claro es que no tienen proyecto para este país, que estamos ante una oposición que no tiene nadie al volante”.

Ya sobre la inmigración, motivo de la comparecencia especial del presidente Sánchez, Feijóo le ofreció un acuerdo suscrito por 14 autonomías que previamente había sido abrochado por el Ejecutivo con el Gobierno autonómico de Canarias. Con todo, tuvo una posición constructiva en el pleno del Congreso, aunque luego, muchos de sus correligionarios apuesten por utilizar las fragatas de la Armada para impedir que lleguen africanos en barcazas y cayucos. Sánchez le pidió que se aclaren.

El Presidente, que recordó que España fue un país de inmigrantes, dijo que defenderá el derecho internacional humanitario, acogerá a los inmigrantes y defenderá su dignidad. “Esta no es una lucha de cristianos y musulmanes, es entre la verdad y la mentira”, afirmó antes de referirse al reto demográfico, no solo en España sino en toda Europa. Frente al descenso demográfico, Sánchez contempló dos herramientas: la natalidad y la inmigración. Tras anunciar una nueva ley de apoyo a la familia, se refirió a la aportación económica de los inmigrantes, asegurando que serán necesarios para mantener la tasa de actividad.

Con afán de combatir las falsedades del PP y Vox afirmó que el 94% de los inmigrantes han venido de forma legal. Y del 6% restante, sólo el 20% son africanos, lo que desmiente el bulo de la “invasión”. Lo que hacen cuando llegan aquí es trabajar. “De vagancia nada –afirmó Sánchez–, ya que reportan una tasa de actividad cuatro puntos mayor que los españoles, suponen el 10% de los ingresos de la Seguridad Social”. Frente a los bulos sobre el abuso de la sanidad pública y de las prestaciones sociales, aseguró que utilizan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España. Además de referirse a la agricultura, la construcción y la hostelería, donde los inmigrantes son esenciales como fuerza de trabajo, el presidente Sánchez reprochó a las que acusen a los inmigrantes de poner en peligro a nuestros seres queridos, cuando  la realidad es que la mitad de las personas que cuidan a nuestros hijos y a nuestros mayores, y lo hacen con cariño, son ellos.

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Feijóo recibió al jefe del Gobierno con un cóctel molotov de fabricación casera en el que mezcló los ingredientes que tenía más a mano, desde “la vista gorda” con Puigdemont, hasta la negación de que Venezuela sea una dictadura, pasando por la “financiación singular” de Cataluña, que tildo de “cupo independentista”. “Quita recursos a la sanidad y a la educación de todos los españoles para financiar el cupo independentista –afirmó– y para tener un cargo, el último en el Banco de España”. Feijóo remató entre fervientes aplausos de los diputados del PP: “No se veía una cosa así desde Franco”. Y antes de lanzar la pócima añadió más sustancia ignífuga: “Sus casos de corrupción siguen todos abiertos y la legislatura parece bastante cerrada: ni socios parlamentarios estables ni presupuestos ni proyecto para la mayoría”.

Ante la mezcla de temas y materias, con evidentes falsedades, Sánchez contestó que “este es el Gobierno del diálogo y del acuerdo” y, ante el revuelo de las derechas, recordó que si la legislatura pasada se aprobaron doscientas leyes, en esta, de la que ha transcurrido apenas un año, se han aprobado doce proyectos de ley y hay treinta en tramitación. Invocó la evidencia: “El presidente rinde cuentas en la casa del diálogo y el acuerdo, que es este Parlamento” y afirmó que mientras él ha comparecido en 39 ocasiones desde que es presidente (seis años), Feijóo, en trece años de presidente de la Xunta de Galicia solo compareció en diez ocasiones en el Parlamento gallego. Este dato fue desmentido por Feijóo.

Sánchez, que no entró en la cuestión venezolana, aseguró que afronta el curso político con más ganas que el anterior. “¿Y sabe por qué?”, preguntó a Feijóo. “Porque los datos nos avalan: ayer la vicepresidenta de la comisión europea resultó ser una española. Jamás una española había tenido las competencias de Teresa Ribera; ayer el Banco de España elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,8 este año, Y hoy el INE revisa al alza las cifras de crecimiento de los dos últimos años. ¿Qué quiero deir? Que miremos a donde miremos los datos invitan a la confianza y al optimismo. Y esa es la cuestión, que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos la oposición avinagrada del señor Feijóo. Queda legislatura para rato, así que abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro”, le pidió.

Pero el presidente del PP afinó algo más la puntería, tildó de “plan de censura” las medidas de transparencia de todos los medios de comunicación y de “ofensiva contra los jueces” otras reformas del plan de regeneración democrática como la regulación de las actividades profesionales de los cónyuges de los presidentes del Ejecutivo. Feijóo terminó con sonido de gran traca: “Su concepción bananera del poder no tiene límite”. Sánchez hizo abstracción de las elecciones primarias del PSOE que ganó en dos ocasiones para responder a Feijóo. Y ya en respuesta al portavoz de ERC reiteró que la legislatura durará cuatro años.

El dirigente de Esquerra ironizó con la primera frase del Manifiesto Comunista: “Un fantasma recorre Europa”, pero no es el comunismo sino “la conjunción política de conveniencia del PP, Junts y Vox”. Rufián recordó que “ya han perdido 35 votaciones, la última ayer mismo, el vergonzante rechazo a la regulación de los alquileres”. “¿Qué hará para frenar a ese bloque?”, preguntó al presidente Sánchez después de argumentar que Puigdemont puede pactar con PP y Vox diciendo que pacta con España, que para el expresident y líder de Junts PSOE y PP son iguales, “pero Feijóo controla los jueces”. Sánchez se limitó a contestar con la agenda del día: el proyecto de ley para ayudar a los enfermos de ELA y la reforma de la jubilación, cuyo pacto han alcanzado con los agentes sociales.

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Con el presidente, Pedro Sánchez, ejerciendo la diplomacia económica en China, correspondió a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responder a las críticas en la primera sesión de control al Ejecutivo del nuevo periodo de sesiones en el pleno del Congreso. La número dos del PP, Concepción Gamarra, se esmeró en etiquetar el acuerdo de “financiación singular” con Cataluña de “cupo separatista”. Montero le contestó que su estrategia es “dividir y enfrentar”. “Contra Cataluña siempre viven mejor”, le dijo.

En el PP de Alberto Núñez Feijóo han hecho cuentas y resulta que “el cuponazo separatista de 30.000 millones de euros” se van a detraer, según proclamó Gamarra, del transporte en La Rioja (lo sabe porque fue alcaldesa de Logroño y conserva buenos asesores), de la sanidad en Extremadura, la Educación en Andalucía y el sistema de dependencia en Asturias. La vicepresidenta Montero le contestó por elevación diciendo que quienes no han practicado ni practican la justicia social pretenden ahora dar lecciones de solidaridad. Resulta que, según Montero, los gobierno autonómicos del PP dan regalos fiscales al 0,2% de la población más rica, han perdonado 6.000 euros per cápita a los que poseen mayores ingresos y además devuelven más de cien millones para escuelas infantiles en Andalucía.

En este punto el experto económico de Feijóo y exconsejero andaluz con mayor sueldo, don Juan Bravo, alzó la voz para aclarar que el rechazo de esos 120 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno se debe al superávit de 20.000 plazas (nada menos) de educación infantil. La vicepresidenta Montero negó que fuera ese el argumento y añadió que el déficit de escuelas infantiles (guarderías) públicas es evidente. “La discrepancia es de modelo, ustedes apuestan por el privado”, afirmó.

Bravo invocó a unos “expertos fiscales” no identificados para asegurar que “el concierto con Cataluña va a suponer 13.200 millones de euros menos para el conjunto”. Montero no se esforzó en rebatirle, pero le asestó con los más de 70.000 millones de euros que los gobiernos de Rajoy cargaron de más sobre la clase media trabajadora y después con el perdón del impuesto del patrimonio por parte de las autonomías de derechas a quienes poseen más de tres millones de euros. La consigna del presidente del PP, Feijóo, no sólo pasa por rechazar el sistema singular de financiación para Cataluña, alcanzado por primera vez en catorce años con un presidente de la Generalitat socialista como Salvador Illa, sino también por negarse a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. “Traiga ese acuerdo marco”, pidió Bravo a Montero en el pleno del Congreso. “Tráigalo y no amenace a las catorce autonomías del PP”, reiteró.

Feijóo reunió a sus presidentes autonómicos el 6 de septiembre para hacer piña contra la financiación catalana y contra un acuerdo marco que no excluya la singularidades de otras Comunidades Autónomas. Pero tres días después de que Feijóo mostrara el escenario de sus poderes (supuestos), los presidentes andaluz y valenciano manifestaron su disposición a negociar por su cuenta con el Ejecutivo de Sánchez. En pocas palabras: con las cosas de comer no se juega.

Las críticas del PP al pacto de financiación singular de Cataluña coincidieron además con la Diada o fiesta nacional de Cataluña y, por cierto, solo la vicepresidenta Montero se acordó de felicitar a los catalanes y, frente a las invocaciones de las famosas “balanzas fiscales” que planteó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, zanjó: “Lo que es bueno para Cataluña es bueno para España”.

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Ese triunfalismo inicial provocó protestas en los escañiles de la derecha. “Protestan por todo”, dijo. Y ya en referencia a las instituciones europeas valoró el pacto entre conservadores, socialdemócratas y liberales que ha permitido renovar el mandato de Úrsula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, elegir al portugués Antonio Costa para la presidencia del Consejo, renovar la confianza en la maltesa Roberta Metsola para dirigir el Parlamento Europeo y en fin, relevar al español Josep Borrell como alto representante de política exterior y de seguridad de la UE. Sánchez elogió la coherencia y firmeza de Borrell contra la invasión rusa de Ucrania y contra las masacres del gobierno israelí de los palestinos en Gaza. El presidente español aseguró que la UE mantendrá su acuerdo de apoyo a Ucrania (“nuestro país ha acogido a más de 200.000 refugiados ucranianos”, dijo) y su respaldo al pueblo palestino. Ya en la segunda intervención, se refirió al reconocimiento del Estado de Palestina al tiempo que aludió sin mencionarlo al jefe de la ultraderecha española, Santiago Abascal, por acudir al mismo tiempo a agasajar a Netanyahu, cuyo nombre, como criminal de guerra, tampoco mencionó.

Quiso enfatizar Sánchez la importancia del pacto europeo para frenar a una ultraderecha que ha crecido un 40% en los últimos comicios y se ha presentado con casi 200 representantes en el Parlamento Europeo. “La política del odio y las mentiras sigue avanzando”, dijo, pero el pacto europeo ha sido un mensaje claro no sólo en la segunda vuelta de las elecciones generales en Francia sino también en Reino Unido. Para el presidente español ahora queda más claro que nunca que “quienes blanquean y empoderan a la ultraderecha están traicionando a Europa”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no se consideró aludido y se limitó en su réplica a recordar que quedaron dos puntos por encima de los socialistas. De la agenda europea hasta el final de la década Sánchez destacó los retos de la seguridad frente a los ciberataques contra empresas e instituciones, la competitividad y la democracia.

Luego ya, en materia interna, aunque sin desmarcarse de la UE, anunció varias reformas para aplicar el Reglamento Europeo sobre medios de comunicación social, respaldado por las tres  grandes fuerzas y las minorías progresistas (“todos menos la ultraderecha”, dijo). Leyó incluso los artículos que exigen transparencia sobre el capital, los accionistas y los ingresos de los medios de comunicación, impulsan la independencia, exigen pluralismo y protegen el derecho a la información veraz. “Se trata de evitar –dijo– fraudes públicos mediante la publicidad y financiación institucional y de que no haya partidos que compren la línea editorial”. La aprobación parlamentaria del Reglamento exigirá además la reforma de la Ley de Publicidad Institucional y la ampliación de las facultades de la Comisión del Mercado y de la Competencia para sancionar las desviaciones.

Si Sánchez quería debatir estos y otros asuntos, entre ellos, el pacto sobre inmigración, con una lectura positiva frente al espantajo del miedo de la extrema derecha (Abascal afirma que los inmigrantes ilegales roban, matan, violan, hunden los salarios, destrozan la sanidad, la educación, son ajenos a nuestra religión y lo que es peor, pueden ser terroristas de la yihad o guerra santa) y a las exageraciones de la derecha extrema como la famosa propuesta de Miguel Tellado de emplear a la Armada contra las pateras, el PP se mostraba renuente. Tanto que para Feijóo los planes del presidente del Gobierno “son otra milonga”, pues lo importante, según dijo, ocurre en los juzgados, con “la injerencia rusa en el procés, con su mujer y su hermano en sede judicial –por eso ha venido aquí– y con su fiscal del Estado investigado por revelación de secretos. Y lo que es peor, usted se propone castigar por ley a los medios de comunicación”. Más pedregoso Abascal llamó directamente “corrupta” a la esposa del presidente.

Así las cosas, y con la intervención de la dirigente de Podemos Ione Belarra contra el pacto de renovación del Consejo del Poder Judicial, se quejó Sánchez: “Sólo han aportado ruido. Aunque bien mirado tiene una ventaja: gritan tanto que ya no se les escucha”. E intentó aclarar si la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos, que calificó de “buena” y “extraordinaria noticia” abre un tiempo nuevo en el PP, sin ataduras con la extrema derecha. “¿Su ruptura con Vox es una riña de verano o algo definitivo?”, inquirió sin obtener respuesta. Luego, ante el rechazo de Feijóo del reglamento sobre medios de comunicación, respaldado por su grupo en el Parlamento Europeo, Sánchez tuvo que recordar la trayectoria de control y censura del gobernante gallego. O sea.

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Los consejeros salientes han cumplido de largo su función. Tan de largo que ya es sabido que habiendo sido elegidos para un mandato de cinco años han permanecido diez en sus puestos. Es como si los diputados y senadores (Poder Legislativo) se hubieran negado a dejar sus escaños al acabar el mandato de los cuatro años para los que fueron elegidos. Ni que decir tiene que el daño y el desprestigio a la Justicia ha sido tamañitos. Tanto da. Con cumplir las consignas esenciales de una derecha política enfangada en la corrupción y mantenerse a su servicio, pueden darse por satisfechos.

En este sentido resulta irónico, además de cínico, el discurso pronunciado por el todavía presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, el 2 de julio en la Escuela de Verano del Poder Judicial, pidiendo a los nuevos vocales del Consejo, los que sean, que defiendan “con ahínco” la independencia judicial y “eludan la politización”. Quizá haga falta recordar que “cínico” viene de “can”, canelo, perruno, que orina en público.

Un mínimo aprecio al servicio público de la Justicia, por no hablar de su crédito, habría llevado en su día a todos los vocales del CGPJ a dimitir en bloque al terminar su mandato. Pero la mayoría conservadora del Consejo, elegida cuando el PP de Rajoy disfrutaba de mayoría absoluta en el Parlamento, prefirió obedecer la consigna de un partido plagado de prebostes corruptos de mantenerse en el cargo y arrimar el hombro contra los adversarios políticos: el Gobierno progresista de Pedro Sánchez en este caso.

Cierto es que con unas retribuciones de 134.295,80 euros brutos anuales por cada consejero (el presidente del Gobierno cobra 92.706,12 euros, es decir, 41.589,78 euros anuales menos que ello), la felonía a la democracia habrá sido más llevadera y sus autores siempre podrán acreditar la obediencia debida para prologar otro capítulo histórico del Poder Judicial.

El CGPJ administra un presupuesto anual de 78,9 millones de euros (43,25 en concepto de “Gobierno del Poder Judicial”, 24,14 para “selección y formación de jueces” y 10,9 en “documentación y publicaciones judiciales”), y su presidente dispone de 235.710 euros en “atenciones protocolarias y representativas”. Destina 426.000 euros este año a las Asociaciones Judiciales y dispone desde 2018 de una Comisión de Ética cuya renovación parcial anuncian el 16 de julio. Pues eso, más ética sería menester.

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Para evitar que le acusen de manejar el manubrio de la máquina del fango, el gallego se protegió con guantes de látex, de modo que llamó “presunta” a la corrupción que imputó a Sánchez. Dicho sea de paso, sus subordinados desdeñaron su ejemplo, comenzando por el diputado Juan Bravo, quien citó como corrupta a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por su “carta de recomendación” (a un acreditado profesional de sistemas digitales que reunió treinta escritos ponderando el buen hacer y la eficacia de su empresa para optar a un concurso público). Cierto es que este Bravo no parece el más probo ni adecuado para atribuir corrupción al prójimo, pues, como le recordó la vicepresidenta y ministra de Hacienda en su respuesta, él cobraba “sobresueldo” cuando fue consejero en el primer gobierno del PP de Andalucía.

El recorrido de los reptiles, insectos y batracios de Feijóo fue corto, ya que terminó su intervención con el mismo mensaje que lanzó hace nueve meses, cuando fracasó en la investidura y asistió a la de Sánchez para seguir al frente del Gobierno progresista: “Convoque elecciones”. A modo de coda, el líder del PP preguntó a Sánchez si va a permitir que Puigdemont se convierta en presidente de la Generalitat de Cataluña para seguir él en el poder.

El jefe del Ejecutivo constató, en efecto, la ligera ventaja de los conservadores en los comicios del domingo, no dudó en felicitarles, pero, a renglón seguido, reafirmó su voluntad de gobernar hasta el final de la legislatura, en 2027. Los comicios del domingo no han modificado, de hecho, el mapa político español, si bien, como señaló el presidente del Gobierno antes de recordar que Vox salió del vientre del PP y mama de sus ubres, “hasta ahora había una ultraderecha y ahora hay dos, eso es lo que ustedes han conseguido”.

El dirigente del PSOE opuso a las críticas de su contrincante del PP (y también al ultra Santiago Abascal) los avances sociales (empleo, pensiones, salario mínimo, contratación estable y otras mejoras en la lucha contra la desigualdad) y en materia de derechos civiles y humanos en nuestro país. Poco después, en La 1 de TVE afirmó que los socialistas harán lo posible para gobernar en Cataluña y anunció que prorrogará la reducción del IVA de los alimentos más allá de junio para seguir conteniendo la inflación.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, avisó a Sánchez sobre las maniobras orquestales en la oscuridad entre el PP y Junts, una conjunción que si no ahora puede acabar cristalizando a medio plazo. Rufián manifestó su apoyo leal a las medidas progresistas del Gobierno sin renunciar a los planteamientos de la izquierda nacionalista catalana. De hecho, ese era el mensaje que quería dejar a quienes critican su política.

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Lo peor de la infección es el descrédito que provoca en la Justicia. La intromisión política de los jueces es tan notoria que nadie en la España de hoy cree en su neutralidad ni tampoco en su imparcialidad. La doble vara de medir ha quedado clara cuando sus señorías de la toga aplazan la citación del novio o marido de hecho de la señora Ayuso por recibir casi dos millones de euros de beneficio de los contratos asignados por ésta para no perjudicar al PP en las elecciones europeas y, en cambio, no dudan en anunciar la citación de la esposa del presidente Pedro Sánchez por un montaje político basado en un tema profesional en el que ni la UCO de Guardia Civil ha encontrado prueba alguna de corrupción.

A falta de órgano rector que impida a los jueces hacer de su capa un sayo, saltándose procedimientos para imputar a Begoña Gómez, no sólo parece justificada la carta de explicación de Pedro Sánchez a la ciudadanía, sino también la crítica al principal partido de la oposición por el vergonzoso estado de bloqueo e incuria en el que mantiene al Consejo del Poder Judicial. Un voto progresista mayoritario sería menester el próximo domingo para obligar al PP a asumir su tarea de primer partido de la oposición en vez de andar a rebufo de la insidia y la política ratonera su ultraderecha.

Cierto es que, por otra parte, sorprende al comentarista parlamentario el esmero de sus togadas señorías de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la hora de censurar a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por no haber reconvenido a la diputada de Junts Míriam Nogueras que en el debate para la creación de la Comisión de Investigación sobre la “policía patriótica” y demás operaciones encubiertas contra los dirigentes nacionalistas durante el “procés” tildó de “indecentes” a los magistrados del alto Tribunal Marchena, Llarena, Espejel, Lesmes y Carmen Lamela, y dijo que “había que cesarles y juzgarlos”.

Sus señorías se han tomado su tiempo (el debate fue el 12 de diciembre del año pasado) para contestar a Manos Limpias que no hay delito de “amenazas” en las opiniones de la diputada aunque su crítica “puede resultar extravagante, ácida, incluso carente de alguna clase de racionalidad reconocible” y sus opiniones puedan ser “hirientes u objetivamente ofensivas”. Luego, como si los denunciantes, de marcado signo ultraderechista, fueran legos en Derecho, los magistrados se extienden en explicarles el derecho a la libre expresión de los diputados y, como si el PP y Vox no hubieran cargado contra la presidenta Armengol, le recuerdan su función de “llamar al orden” a los oradores cuando profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de las Cámaras o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de ualquier otra persona o entidad”.

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