Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación. El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento. Sin embargo, de ese total, y según precisó el propio Beteta en una conferencia reciente, 2.004 consistorios no han elaborado el obligado plan de ajuste y otros 315, que sí lo presentaron, han obtenido una valoración negativa. La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído servirá de aval. Entre esos planes de ajuste rechazados Beteta ha asegurado que figuran "datos escalofriantes" como los de un ayuntamiento de Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría 7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462 haciéndolo. El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de incumplimiento sin embargo no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior, 2.496.

La hora de cobrar

Resueltos estos trámites, cientos de grandes empresas, de pymes y de autónomos podrán cobrar a partir del 1 de junio las 1,62 millones de facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos que se han acogido a este plan; la deuda total suma 9.750 millones de euros. La segunda pata de este programa es autonómica. Los gobiernos regionales tienen una vía paralela a la municipal para financiar también el pago de esta deuda. En estas fechas, los proveedores están revisando y aceptando los datos de las facturas pendientes y a lo largo de junio, las comunidades deberán cerrar y firmar los créditos con los bancos para que empresas y autónomos puedan empezar a cobrar. Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia, Navarra y el País Vasco. Presentan en total casi cuatro millones de facturas, por valor de 17.255 millones de euros.