Por razones de enfermedad familiar nos hemos visto obligados a utilizar la Sanidad Pública durante varios días. De lo observado, se puede deducir una serie de actuaciones que, sospechosamente, llevan a un deterioro de la misma sin que sus profesionales tengan mucho que ver con ello.

El paciente entró en Urgencias de un importante Hospital Público de Madrid. El trato siempre fue excelente por parte de los profesionales que animaron e informaron adecuadamente al paciente y familiares.

Diagnosticada la enfermedad –un derrame cerebral- fue pasada a planta a los pocos días, en cuanto hubo habitación disponible. Los médicos informaron que había que hacer con rapidez una resonancia magnética con el fin de determinar qué había provocado el derrame. Y ahí empezaron las dificultades.

Lo que era muy urgente se fue retrasando incomprensiblemente. A pesar de solicitar por parte de enfermo y familiares la realización de la prueba, nunca se encontraba el momento de hacerla, y aunque los médicos adujeron que no corría tanta prisa porque lo importante era su evolución –lo que contradecía la primera impresión-, la incertidumbre de paciente y familia aumentaba cada día, ante la incógnita de lo que realmente había producido el derrame.

Finalmente y de manera extraoficial, ante las exigencias familiares, uno de los profesionales confesó que había un problema de anestesistas. Habían despedido recientemente a 10 de ellos, lo que provocaba el aumento de la espera de los pacientes.

A los 16 días de esperar inútilmente la resonancia, por fin la realizaron, dando, afortunadamente negativo en que hubiera una lesión cerebral que hubiera provocado el derrame. Al día siguiente remitieron al enfermo a casa con tratamiento de rehabilitación. Paso por alto la angustia de esos 16 días sin saber cuál era el verdadero alcance de la enfermedad que podría haber terminado con la realización de la resonancia.

Durante los días de hospitalización paciente y familia comprobó que la reducción de personal estaba provocando un deterioro en la atención de los enfermos: olvidos en la medicación, retraso en la limpieza de las habitaciones, comida mal cocinada, algún desaire del personal…

Los mismos profesionales comentaban por los pasillos que estaban desbordados y que difícilmente podían realizar su trabajo con las plantillas reducidas. No era extraño observar grupos del personal sanitario comentando traslados y despidos.

Me parece que nada es inocente. Dejar deteriorarse la asistencia sanitaria lleva, evidentemente, al malestar de pacientes y familiares, al aumento de quejas, y, al final a entender que los problemas de la Sanidad son puramente de gestión y que aceptemos como solución la privatización de los centros.

Soy un ardiente defensor de la Sanidad Pública y de los profesionales que nos cuidan. Para ellos sólo tengo elogios y agradecimiento. Pero es indudable que se está destruyendo conscientemente la confianza en la Sanidad Pública como coartada para su privatización.

 

Y para terminar, una experiencia más: enfermo al que su médico de cabecera le prescribe tres pruebas médicas. El centro de citas le comunica que para una de ellas, de cierta urgencia, ha de acudir a un centro privado. El paciente se niega y le dicen que tenga en cuenta que en su Hospital público no se la podrán hacer hasta cinco meses después. Para las otras dos pruebas se le da un plazo de entre dos y cinco meses.

 

Al paciente le entran las dudas de si, realmente, no hay manera de realizarla una prueba por demás sencilla hasta dentro de cinco meses en la Sanidad Pública, o es más rentable para alguien que se derive el enfermo a la Sanidad Privada.

 

En fin, pequeños casos, comparados con otros de mayor gravedad que cada día pueden ocurrir en nuestra Sanidad. Una manera de acabar con la Sanidad Pública en poco tiempo.