Se ha presentado el último informe del Programa Partners del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de la escuela de negocios ESADE. Titulado Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como motor de transformación de la esfera pública: retos y oportunidades, el estudio apuesta por la utilización de recursos como el cloud computing, cuya implementación se podría traducir en 87.000 millones de euros y 390.000 nuevos empleos en un período de cinco años.

Partiendo de la premisa de que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son fundamentales para la modernización y la mejora en la oferta de servicios en la Administración Pública, el estudio señala que también son clave para la regeneración democrática y la creación de riqueza y empleo. Y esta es su principal conclusión.

Así, Domingo Molina ha anunciado el nuevo modelo de gobernanza digital que, entre otras novedades, alberga la creación de nuevos órganos como una Agencia TIC que centralice la relación de las distintas unidades digitales. “Queremos hacer la Administración más transparente y que los ciudadanos puedan ayudar al diseño de los servicios públicos”, ha comentado. Y Molina ha insistido en los tres objetivos básicos de esta nueva medida: “Orientar en las actuaciones para cumplir la estrategia del Gobierno, mejorar la calidad e innovación de los servicios y el personal de la Administración, y utilizar nuestros recursos con una mayor eficiencia, ya no sólo en coste, sino en todo lo que se refiere a gestión administrativa”.

A fin de cumplir estos retos, la Administración se apoyará en nuevos órganos con una estrategia común y que ayudarán a “identificar responsabilidades, agilizar la toma de decisiones y diseñar mecanismos de control para minimizar el riesgo”. Además, como ha anunciado Molina, “se hará una declaración de servicios compartidos, un servicio de administración digital que permita el acceso centralizado a la información de todos los servicios y el control de costes”.

Para esa optimización de servicios, el informe elaborado por ESADE plantea diferentes procesos para la mejora organizativa, la capacitación del capital humano y la adecuación de cultura, comportamiento y valores en la gestión de lo público. Una adaptación que pasa, según los responsables del estudio, por la intensificación de la colaboración público-privada y la utilización de recursos como el open data y las soluciones cloud.

Para Xavier Busquets, profesor del departamento de Sistemas de la Información de ESADE y uno de los autores del informe, “el buen uso de Internet puede contribuir a mejorar la participación efectiva de los ciudadanos y los mecanismos de votación, así como la comprensión y el control de la agenda política. Además, facilita la inclusión de los adultos, tanto en la esfera política como económica y social”. Sin embargo, Busquets reconoce que todavía queda gran camino por recorrer en el caso español debido a la falta de impulso y visión de los estamentos gubernamentales. La inexistencia de un modelo país consensuado, la falta de un proyecto real de descentralización administrativa, la ausencia de evaluación objetiva y la crisis económica, en especial sus efectos sobre el paro y la caída de la I+D, son algunos de los obstáculos que se debieran solventar según los autores en este sentido.

El informe destaca los beneficios de las redes sociales, de Internet de las cosas y, sobre todo, del open data [datos abiertos], para impulsar el crecimiento económico a escala de inteligencia de negocio (Business Intelligence), I+D+i y nuevos servicios y aplicaciones y del cloud computing, esto es, del uso compartido de herramientas y documentos, que podría generar un ahorro a la AGE de más de 1.000 millones de euros al año. Para  optimizar el uso de estas dos últimas herramientas se precisa de una mejora sustancial en la colaboración público-privada, fundamentada en la confianza mutua y basada en dos pilares: el aprendizaje a partir de buenas prácticas del  sector privado —que permitiría solucionar la alta burocratización, la falta de eficiencia o la capacidad de anticipación y de reacción—, y la externalización de servicios no estratégicos.

Principales barreras
Dentro de este apartado, las dificultades que encuentran los autores del estudio radican en la naturaleza normativa, el carácter residual del contrato de colaboración público-privada, la confusa distinción jurídica entre éste y las concesiones, la compleja delimitación de su contenido prestacional, la poca agilidad del procedimiento de adjudicación, y la falta de incentivos a la participación en los procesos de concurrencia.

El informe se completa con el análisis de buenas prácticas en materia de participación efectiva a través de las TIC, como los casos de Finlandia, Irlanda, Israel, Japón y Taiwán, y de aplicación de sus herramientas para la agilización de servicios, como los proyectos de smart city en Santander, Zaragoza y Barcelona.

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