Los sindicatos ANPE, STES-i, CSIF, UGT y CC.OO. han acusado al Ministerio de Educación de intentar «cubrir con becarios” las plazas de profesores que se han perdido en los centros durante la crisis. Así responden a la iniciativa del Departamento que dirige José Ignacio Wert de crear un programa de 2.000 becas de prácticas en colegios para egresados universitarios.

Los sindicatos con representación en la enseñanza pública (ANPE, STES-i, CSIF, UGT y CC.OO) rechazan la iniciativa del Ministerio de Educación, que dirige José Ignacio Wert, de crear un programa de 2.000 becas para egresados universitarios de distintas titulaciones con el objetivo de que realicen prácticas docentes de apoyo en colegios que precisen de esta modalidad y que fue presentada el lunes.

Todos los sindicatos coinciden en que la medida constituye un nuevo ataque a la calidad de la enseñanza y acusan al Ministerio de Educación de haberla adoptado sin consultar con las organizaciones sindicales. Asimismo, lamentan que los afectados sigan sufriendo sus consecuencias.

ANPE señala que con esta iniciativa, “el Ministerio de Educación reconoce que hace falta más profesorado” y entiende que “la solución no pasa por contratar a profesorado becario durante solo siete meses y con sueldos ínfimos cuando en los últimos cursos, el sistema educativo ha perdido alrededor de 50.000 docentes”. El sindicato de profesores denuncia que “la contratación de personal ajeno al sistema de acceso a la función pública docente y a la configuración de las listas de interinos es contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad” y recuerda que muchos de estos interinos fueron despedidos por los recortes y, con este proyecto del Ministerio, ven frustradas sus opciones de reingresar en la función pública docente”.

Por su parte, STES-i considera que “para el ministro, cualquier solución barata es buena para resolver los problemas educativos» y critica que la política de recortes en materia de educación perjudique de nuevo a la escuela pública “menospreciando y rebajando otra vez más con criterios economicistas y mercantiles la calidad del sistema educativo».

CSIF acusa a Educación de haber presentado esta propuesta a los consejeros de las comunidades autónomas de cara al próximo curso “sin analizarla previamente con las organizaciones sindicales y, por tanto, saltándose la negociación de las condiciones laborales”. Además, sostiene que la oferta de becarios es irregular porque el método de selección “no se ajusta a los criterios de publicidad, mérito y capacidad que se exige de manera ordinaria en las bases de contratación” de las comunidades autónomas, y es también “claramente insuficiente, dado que cubre menos del 10% de las plazas de docentes que se han perdido durante la crisis”.
El presidente del Sector Nacional de Enseñanza de CSIF, Adrián Vivas, ha valorado positivamente que se contrate profesorado de apoyo, pero ha subrayado que «deben optar a estas plazas, en primer lugar, las personas que se encuentran en las bolsas de interinos en las diferentes provincias».

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) asegura estar “atónita” con la decisión ministerial y tacha la medida de “regresiva e ilógica”, ya que, en su opinión “quieren introducir becados (contratos en precario) que no tienen la formación necesaria para atender al alumnado con especiales dificultades”.

Finalmente, la Federación de Enseñanza de CCOO critica “la sustitución de profesorado por trabajadores a bajo coste” que, tras recibir un curso de formación, se harán cargo de la atención especializada a alumnos con dificultades en horario escolar.
Para este sindicato, resulta “inaudito” que un Ministerio que “ha estado recortando durante cuatro años miles de docentes cualificados y con experiencia destine ahora recursos a la contratación precaria de becarios”.

CC.OO. ha pedido, lo mismo que el resto de los sindicatos, la «retirada inmediata» de la propuesta, que prevé destinar 22 millones de euros a 2.000 becas para que titulados universitarios con un buen expediente académico trabajen proporcionando apoyo escolar por un sueldo de «algo más de 1.000 euros» más el alta en la seguridad social y un periodo de formación.

Asimismo, han exigido que se reviertan los «recortes» y, en particular, se derogue el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

«Si el Ministerio quiere destinar presupuesto para propiciar la mejora de los resultados de los alumnos de centros docentes con especiales dificultades, la primera medida que tiene que tomar es revertir los recortes derogando el RD 14/12 que entre otras medidas supuso el aumento de las ratios y horarios lectivos, dejando sin sustituir las bajas por enfermedad al tiempo que ha impedido la convocatoria de una oferta de empleo razonable en estos últimos años», reclama ANPE.

Además, han exigido la «convocatoria urgente» de una Mesa Sectorial de Negociación, en la que los sindicatos del sector de la enseñanza «puedan analizar este procedimiento, establecer las bases de contratación, el tipo de contrato y las condiciones de trabajo, para que no se cubran puestos de trabajo con empleos precarios».