Si alguien desea entender qué ha ocurrido en las elecciones generales de este país, el libro del catedrático José Luis Villacañas, «Populismo» (edit. La Huerta Grande, 2015) le puede resultar de gran utilidad. El análisis que presenta, además de sumamente claro e intuitivo, facilita una racionalización de una situación aparentemente sorprendente, en la que es fácil perderse en las formas sin entrar en los contenidos de fondo; cómo los partidos dominantes han producido una desafección tan alta entre los votantes que ha permitido que los nuevos entrantes en el juego político se hagan con un porcentaje significativo del electorado, desafiando su tradicional liderazgo.

La irrupción del populismo – El profesor Villacañas ofrece una definición operativa y una explicación interesante sobre el populismo como un fenómeno que aparece en aquellos países con una estructura institucional débil, incapaz de dar respuesta a las demandas de los diversos grupos sociales. Su teoría se confirma tanto en los casos en que el populismo se ha hecho con el poder (Venezuela, Argentina, Bolivia….) como en aquellos de nuestro entorno en que una larga tradición democrática y una instituciones fuertes los hace inmunes al fenómeno.

Debilidad institucional – Advierte Villacañas que si dicha debilidad institucional se combina con corrupción y el aprovechamiento de las instituciones para el beneficio de quienes las manejan, se corre el peligro de caer en una crisis orgánica, en que las demandas sociales insatisfechas se transforman en una exigencia de cambio total, una refundación institucional que satisfaga las frustradas aspiraciones. Tal situación es el verdadero advenimiento del populismo, donde la identificación con el líder cobra una importancia crucial y el objetivo es la participación política directa de la masa, sin concretarse en demandas puntuales de ciertos grupos. Todo ello se da, señala, lejos de planteamientos marxistas, que el populismo supera al sustituir la lucha de clases por el enfrentamiento entre las masas populares y la casta que instrumentaliza las instituciones, apoyándose además en un principio de participación democrática que le es fundamental.

El ‘problema de agencia’ – Este interesante enfoque socio-político, que a algunos puede resultar excesivamente progresista o tendencioso, es sin embargo llamativamente coincidente con un análisis ortodoxo de lo que en economía se conoce como el “problema de agencia». Dicho problema plantea la ausencia de alineamiento entre los intereses de los accionistas de una empresa (que podríamos asimilar a los ciudadanos en el análisis de Villacañas) y los de sus ejecutivos (esto es, los políticos) cuya tendencia natural sería anteponer sus propios fines a los de aquellos. Es sabido que dicha discrepancia se resuelve en teoría económica mediante la introducción de incentivos adecuados que liguen los intereses de los gestores a los de sus principales, careciendo de sentido fiar el buen funcionamiento del sistema al altruismo voluntario de las personas. En ausencia de dicha corrección, los responsables de la gestión tenderán a postergar los intereses de sus accionistas, generando una tensión que podrá desembocar en una crisis del sistema, siendo la extrapolación de esta conclusión al ámbito de lo político lo que cierra el círculo de la similitud entre ambas situaciones.

En tales circunstancias, aunque la substitución de personas pueda servir de alivio temporal y acarree un elemento disuasorio y penalizador, no corregiría la situación de fondo, ya que ni el cambio continuo de responsables puede ser la norma, ni está libre de costes funcionales. Y así como en lo económico una substitución de los directivos que hayan defraudado su misión sería insuficiente, en lo político tampoco bastaría con un cambio de gobierno, siendo necesario implementar unos incentivos adecuados para recuperar la alineación de intereses y objetivos que daría lugar a un funcionamiento satisfactorio del entramado institucional.

Insatisfacción – Si aplicásemos estos planteamientos a la situación actual de España, podría concluirse que el resultado de las últimas elecciones surge tanto de la insatisfacción generada al desmantelarse parcialmente el estado del bienestar, como de la proliferación de casos políticos de corrupción. Mientras que lo primero altera el status quo socio-económico tradicional, sin una negociación del reparto de las cargas de la crisis con los grupos sociales relevantes, lo segundo vendría a añadir el elemento que Villacañas define como detonante de la desafección con el sistema, produciéndose las condiciones necesarias de la aparición del populismo. Y todo ello en ausencia de una comunicación eficaz de la compleja problemática de la situación.

Desafección – La sorprendente ausencia de conflictividad social en un país con tasas de desempleo superiores al 20% -y del 50% entre los jóvenes- se habría transformado, siguiendo con el diagnostico, en la desafección con los partidos tradicionales evidenciada en las urnas, ante la imposición de una salida de la crisis acordada con instancias externas al país y de espaldas a los principales afectados por la misma, que la percibirían como un imposición de un coste de difícil aceptación y preñada de agravios comparativos.

Pero no sería sólo la ausencia de negociación con los grupos sociales y políticos lo que contaría, sino la falta de diálogo que además vendría a evidenciar la existencia de un claro problema de agencia, puesto que sin dialogo resulta imposible presentar o validar las prioridades de los individuos.

Un modelo de referencia – Los sistemas institucionalmente fuertes de nuestro entorno poseen modelos claramente replicables. Son modelos que incluyen la separación de poderes, esquemas de checks and balances, democracia interna de los partidos y listas abiertas. Todo ello genera la necesidad de un contacto fluido de los políticos con sus votantes y acota la capacidad de acumular poder e instrumentalizar las instituciones, lo que elimina o palia el problema de agencia.

Dichos modelos, que son claras referencias a imitar, están siendo adoptados en lo económico, cuya regulación nos alcanza además a través de las normas de la Unión Europea, pero no ocurre así en el campo de lo político (como tampoco en el educativo ni en el judicial) donde el camino, aunque conocido, no se emprende. La dificultad está -de nuevo la desalineación de intereses- en que los responsables de acometer las reformas necesarias son los mismos sujetos que habrían de sufrirlas, generándose, al no hacerlo, un alto riesgo de derivar en una crisis que fomente la aparición del populismo. Pero al igual que con las reformas estructurales de los mercados económicos, las necesarias en lo político son tan urgentes como duras para aquellos afectados, que se enfrentan a una pérdida de sus prerrogativas que son una fuente de ineficiencias del sistema

Oferta y demanda – Un buen ejemplo de dicha desalineación de intereses se encuentra en que a pesar de que las encuestas de opinión señalan como principales preocupaciones ciudadanas la corrupción y la situación económica, la estructura cerrada de los partidos impone a los votantes una oferta rígida, que se concreta en listas cerradas y contaminadas por los casos de corrupción, obviando que a efectos políticos -y al igual que ocurre en el mundo empresarial- basta con que dicha contaminación sea de imagen, o se derive de la pasividad frente a ella, sin tener que llegar a su ratificación judicial. En el campo político, como en la bolsa, la constatación de los rumores y las sospechas llega siempre mucho más tarde que la reacción de los mercados.

Conocidas las prioridades de la demanda es difícil entender, desde una óptica comercial, que la oferta no las atienda, salvo como una manifestación más de la discrepancia de intereses señalada. En economía, y parece que en política también, la demanda insatisfecha acaba por ser atendida por la competencia.

Perdida de la posición dominante – Por tanto, del análisis expuesto se concluiría que la oferta de los partidos políticos dominantes no ha sabido, o no ha querido, presentar propuestas a tono con las exigencias de los ciudadanos, ofreciendo una oportunidad a nuevos entrantes en el campo político. Dichos jugadores presentan además preocupantes rasgos de populismo, como resultado de la frustración de muchos ciudadanos con el funcionamiento de las instituciones y con la corrupción. Desgraciadamente, el sistema no posee mecanismos ágiles ni adecuados de reacción (depuración de responsabilidades; cambio de comportamientos) lo que acaba generando situaciones complejas y de difícil salida bajo los viejos postulados. Es más, lo contrario ocurre, puesto que hay una resistencia a ejercer una crítica objetiva del funcionamiento del sistema, acostumbrados como estamos, en política, al posicionamiento siempre partidista, a la descalificación en los mismos términos y a considerar que lo que funciona en países de nuestro entorno no es apto para el nuestro.

La imprescindible regeneración institucional, – Que ante la ausencia de soluciones a la problemática de fondo surja la preocupación por las formas, es por tanto secundario; si tomamos en serio el diagnóstico realizado, lo que debiera preocupar seriamente y priorizarse, es lograr una regeneración estructural que permita atender adecuadamente las demandas de los votantes, como en gran medida ocurre en las democracias maduras de nuestro entorno que funcionan adecuadamente. Alinear los intereses de los políticos con los de los ciudadanos por encima de las burocracias de los partidos y garantizar un funcionamiento independiente y eficaz de la estructura institucional. Sólo entonces quedaríamos a salvo del populismo, que por otro lado es la amenaza que asegura que dicha regeneración ocurrirá de cualquier forma, bien impulsada desde dentro del sistema o bien impuesta desde fuera.