Si el PSOE no hubiera dado su brazo a torcer, defenestrado a su secretario general (Pedro Sánchez) y sacrificando su unidad interna a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, estaríamos ahora en la recta final de la campaña de las terceras elecciones en un año, con votación el próximo domingo. Pero el sacrificio del PSOE (en crisis) nos ha colocado en un escenario político distinto en el que la negociación de los socialistas con el Gobierno va a permitir esta semana la aprobación del techo de gasto y la presentación del Presupuesto a cambio una elevación del salario mínimo del 8% hasta alcanzar los 707 euros mensuales por 14 pagas, con el consiguiente “efecto arrastre” para los 6 millones de trabajadores que cobran menos de 600 euros al mes. Es lo que en términos llanos se llama “dar trigo”, aunque sea poco.

El camino emprendido por los socialistas, de oposición exigente en aras del equilibrio y la cohesión social, va anotando algunas conquistas como la derogación de la ley Wert para conseguir un pacto educativo (no sólo con los obispos) sin revalidas inútiles y sin recortes dañinos, o como la reconsideración de la ley Fernández, también conocida como “ley mordaza”, para que las manifestaciones y protestas sociales no puedan verse amenazadas por sanciones salvajes en forma de multas gubernantivas imposibles de recurrir ante los tribunales de la justicia penal.

Pero será esta semana (el martes) cuando la cuestión mayor, la Reforma Laboral de Rajoy, se verá sometida a revisión, a partir de una proposición no de ley del PSOE que reclama la derogación de esa norma y la correspondiente modificación del Estatuto de los Trabajadores. Escuchando el lunes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no hay duda de que el PP se opondrá a la reconsideración de una reforma que ha permitido crear 500.000 empleos al año y “nos ha ayudado a que el crecimiento se traduzca en creación de puestos de trabajo”. Es más, según la ministra, “países como Italia, Francia e, incluso, México, la han copiado”.

La Reforma Laboral fue el primer decretazo, tramitado como proyecto de ley, que aprobó Rajoy en 2011 en cuanto llegó a La Moncloa. La elaboró un grupo de expertos ocultos, supervisado por el actual presidente del Tribunal Constitucional, militante (también oculto) del PP. Destrozó la negociación colectiva y significó un varapalo al papel y al poder (menguante) de los sindicatos. Como la anterior, de Zapatero, abarató más los despidos y provocó una huelga general.

Otros efectos nocivos para los derechos de los trabajadores y el equilibrio entre capital y trabajo los describió Rafael Simancas durante la comparecencia de Báñez y se resumen en mayor precariedad, menos salario y un millón de desempleados más sin subsidio de paro. Cuantificó el daño el portavoz de Unidos Podemos (UP), Alberto Rodríguez: 2,8 puntos del PIB menos en salario y 0,9 puntos más en beneficios (28.000 millones menos para los trabajadores y 9.000 millones más para los accionistas y empresarios). Y argumentó la razón del desvarío el portavoz del PDEC (antigua CDC), Carles Campuzano: “Sólo se podía recuperar la competitividad ajustando lo sueldos”.

Otro impacto negativo (ruinoso) de la Reforma Laboral ha recaído sobre el sistema de pensiones. La ministra y su equipo, que seguirá tal cual en esta legislatura, son conscientes de ello, es decir, que con un incremento del 8% del número de cotizantes no ha aumentado, sino que ha decrecido un 3% el ingreso por cotización a la Seguridad Social. Incluso los que, como CiU en su momento respaldaron la reforma, hoy reclaman una revisión porque consideran que la competitividad ya no se consigue bajando más los salarios sino incrementando la inversión en formación y reduciendo la dualidad entre empleados fijos y temporales.

En ese reto (la formación, la I+D+I y la buena gestión) coinciden todos los grupos parlamentarios, menos el PP, que aún cree que puede arañar más de los contratos precarios, a tiempo parcial con horas extraordinarias en fraude de ley, y de los convenios de empresa que día a día han degradado los salarios y las condiciones laborales hasta el extremo denunciado por las llamadas “kelys” o limpiadoras de hotel (2,5 euros por habitación). Ni con un ejercito de reserva en la puerta esto se sostiene ya por más que Rajoy y algunos colegas suyos consideren que el ser humano es la materia prima más barata y abundante que hay.