Silencio, se investiga la crisis bancaria

22/02/2017

Luis Díez.

La comisión de investigación de la crisis financiera, creada por el pleno del Congreso el miércoles, 22 de febrero, a la misma hora que don Antonio Machado decía adiós a este mundo hace 78 años en Coulliure (Francia), se va a remontar tanto en el tiempo que, sin llegar todavía a la Guerra Civil de 1936-39, reunirá los méritos suficientes para optar a la medalla de la memoria histórica. Ya se sabe que gran parte de la crisis de las cajas de ahorros quebradas y rescatadas con dinero del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, se originó con la especulación inmobiliaria. También se conoce el coste del rescate a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) del Banco de España y del «ventajoso» crédito de más de 50.000 millones de euros de los socios europeos.

Sobre los responsables directos de la gestión de las cajas quebradas se han vertido ríos de tinta, con sus consiguientes afluentes. Dos vicepresidentes del Gobierno como Narcis Serra, del PSOE, y Rodrigo Rato, del PP, se pillaron los dedos con la tapa de las cajas, aunque con distante y distinto grado de lucro personal, pues Rato iba directamente a forrarse mientras Serra parecía un santo, casi un «manager», que diría su correligionario socialista Juan Pedro Hernández Moltó, el primero en arrastrar a la Caja de Castilla-La Mancha a la uvi bancaria.

Los estipendios y jubilaciones millonarias de los políticos metidos en los consejos de las cajas de ahorro y sus «amigantes» (amigos mangantes, según la acepción del filósofo Emilio Lledó), se conoce casi todo, incluido el vergonzoso asunto de las tarjetas de libre disposición de las que abusaron casi todos los consejeros y directivos de Bankia. La acción judicial pende sobre casi todos ellos. Los más temerosos han renunciado a las indemnizaciones millonarias. Algunos las han devuelto. Y en todo caso, los jueces y los fiscales garantizan la exigencia de las responsabilidades pecuniarias y penales por los latrocinios probados. Los de Caixa Galicia ya están viendo las orejas al lobo mientras se espera la sentencia sobre los golfos de Bankia.

Los mismos que en su día, hace cinco años, rechazaron la creación de una comisión investigadora en el Parlamento sobre la quiebra de Bankia se proponen ahora investigar la prehistoria de la ruina, desde una comisión parlamentaria con 4 diputados del PP y 3 de cada uno de los demás grupos menos ERC, PNV y Mixto, que tendrá uno, que comenzará a trabajar, dicen, después de Semana Santa. El amplio periodo entre los antecedentes (año 2000) y los consecuentes (el rescate de 2012) garantiza responsabilidades políticas a repartir entre los gobernantes del PP y del PSOE. También de la residual IU. Y algo más garantiza: que ni se investigará ni se conocerán más desaguisados de los que ya conoce la Fiscalía.

Si se trata de tachar de reprobable la gestión de los gobiernos del PP en los que ya en 2000 estaban Rato, Rajoy y Montoro bajo la presidencia de Aznar, también habrá que medir con la misma vara a los gobiernos del PSOE de Zapatero, al que Rajoy nunca se cansó de llamar «inútil» en público y a la cara. Para que las pedradas entre los dos grandes partidos gobernantes no les hagan mucho daño no es aventurado decir que pactarán la dureza del mineral y la fuerza que las impulse. Tampoco van a descalabrarse entre ellos por este asunto, máxime cuando hoy Bankia supera los test de stress como la entidad más solvente de nuestro país, ha devuelto el 7% del rescate y se ha convertido en la pieza más deseada del conglomerado bancario. Sin embargo, de la privatización no se discute. ¿Por qué? Quizá porque hoy, como ayer, mientras más grave e importante es un asunto, más lo tapan.

Por remontarnos a la historia vale citar al barón de Montesquieu cuando decía que las leyes inútiles debilitan las necesarias. Con las comisiones de investigación parlamentaria pasa otro tanto de lo mismo. Pero mientras esperamos el resultado (el dictamen se conocerá dentro de un año) habrá que decir que el Congreso investiga.

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