Personas, mercancías y capitales quedan sujetas al «Brexit es Bréxit» (fuera es fuera), tal como lo plantearon los políticos conservadores británicos, encabezados por el periclitado David Cámeron, y lo sancionó el pueblo.

Cuando esta semana se reúnan en Roma los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) para celebrar el 60º aniversario de la creación del Mercado Común Europeo, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, llevará en mente una cierta idea sobre el impacto del Brexit para España, es decir, para las personas, las mercancías y los capitales. La comisión gubernamental contempla las dos caras de la misma moneda: la más espinosa y la más suave.

Rajoy prefiere el escenario menos perjudicial, lo cual es lógico. «Veremos a ver –dijo el miércoles en el Congreso de los Diputados– si se consuma». Pero no cabe engañarse. La primera ministra británica, Theresa May, aprovechará el aniversario para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y negociar lo que llama «la independencia» de la UE después de cuarenta años de permanencia en el espacio común europeo.

Aun así y todo, el jefe del Gobierno español se resiste a desvelar el coste para España «porque no sabemos cuál va a ser la relación final entre la UE y Reino Unido: no es lo mismo que haya un tratado de libre comercio que no haya nada», señala, como si la señora May, considerada la nueva «dama de hierro» de la segunda economía más grande de Europa, asesora del Banco de Inglaterra y exministra del Interior, no estuviera dispuesta a asumir el sacrificio económico a cambio de recuperar la soberanía cedida a la UE.

De hecho el «fuera es fuera» de esa hija de un clérigo de la Iglesia de Inglaterra ha obtenido el respaldo de la Cámara de los Comunes, de mayoría conservadora, a la ley del Brexit, de modo que ni siquiera las dos únicas enmiendas vivas –la que exigía asegurar los derechos de los ciudadanos comunitarios y pedía que el Parlamento aprobara el futuro acuerdo– fueron aprobadas. May tiene las manos libres para negociar, es decir, sacrificar economía a cambio de soberanía.

Impacto contra las personas

Los pasaportes, visados y permisos de residencia afectarán a unos 120.000 trabajadores y residentes españoles en Reino Unido por 400.000 residentes británicos en España, en su gran mayoría jubilados que necesitan asistencia sanitaria y social.

El Gobierno español aduce que las consecuencias del Brexit serán mucho peores para otros europeos que para nosotros, especialmente para los 900.000 polacos, 200.000 rumanos, 200.000 portugueses, cerca de 200.000 italianos, 175.000 lituanos, 160.000 franceses y unos 130.000 alemanes. Además se contabilizan 300.000 irlandeses.

Lo cierto es que la convivencia entre los británicos y la comunidad de emigrantes, estimada en algo más de tres millones de personas, se ha alterado a partir del Brexit y los delitos de racismo y odio han aumentado un 27% en Inglaterra y Gales, donde los polacos, lituanos y rumanos están siendo estigmatizados como usurpadores del empleo y malbaratadores de los salarios.

Con todo, la preocupación principal del Gobierno español no tanto la vulneración de los derechos humanos y las agresiones a los españoles –algo que preocupa a las propias autoridades británicas, según asegura el titular de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad, David Isaac–cuanto el impacto burocrático (pasaportes, visados y permisos) sobre el turismo.

Téngase en cuenta que Reino Unido es el primer emisor de turistas a España, con más de 16 millones de turistas británicos el año pasado. Según el análisis de Nick Greenwood para Cuadernos de Economía de FUNCAS, estamos hablando del «principal mercado para el sector turístico español», con un evidente superávit en la balanza de servicios, sin contar el hecho de que entre 800.000 y un millón de británicos residen más de tres meses al año en España.

El retraimiento de los visitantes hacia nuestro país, la limitación del acceso a los sistemas sanitarios y sociales (incluida la enseñanza, las becas e intercambios) de la UE y la pérdida de oportunidades laborales y de desarrollo del talento (especialmente para los jóvenes españoles) serán los principales efectos negativos del «fuera es fuera».

Perjuicios al comercio

El mercado británico representa el 7,5% de las exportaciones de productos españoles. Según las cifras aportadas por Rajoy en el Congreso, del total de nuestras exportaciones, valoradas en 255.000 millones de euros el año pasado, 19.000 millones fueron a Reino Unido. La implantación de aranceles tendría, según el jefe del Gobierno, un posible impacto negativo estimado entre 500 y 1.000 millones de euros. «Esto supondría el 0,2% y el 0,4% de nuestras exportaciones totales, aunque es difícil hacer valoraciones precisas en este momento», advierte.

Lo que resulta incontrovertible es que el mercado británico figura como cuarto destino de nuestra producción y resulta especialmente sensible para los sectores del transporte y la automoción (automóviles, trenes y aeronáutica) y para el agrícola y alimentario (frutas y verduras).

Con una economía abierta como la nuestra, cuyo 35% del PIB depende del sector exterior, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el propio jefe del Gobierno dicen confiar en los acuerdos de libre comercio de la UE con Canadá, Japón, México y Mercosur para compensar los posibles efectos negativos del Brexit. El pacto con Japón puede culminar a finales de 2017 y con México y el Cono Sur empiezan ahora a negociarse. La supresión del 98% de los aranceles a nuestras exportaciones a Canadá supondrán un ahorro de 2.300 millones de euros para nuestras exportaciones.

Efecto sobre el capital

El Reino Unido es el país donde más invierte España, seguido de Brasil y Estados Unidos; la inversión española en el sector financiero es especialmente relevante. La banca española es la primera de la UE en el sector bancario privado británico, solo por detrás de EEUU, y es, por tanto, la más expuesta al Brexit.

Los principales riesgos señalados por los expertos se derivarían del efecto efecto contagio mediante un aumento de la morosidad y una menor contribución del país a sus resultados. En contrapartida, otras capitales financieras de la UE (Madrid, entre ellas) podrán competir con Londres cuando, a finales de 2018, ya no pueda emitir un pasaporte que ofrezca a las entidades financieras de terceros países acceso automático a la UE.

Aunque no será fácil reproducir el ecosistema de la City para el sector financiero internacional, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se muestra seguro que la desaparición del pasaporte financiero y la nueva ubicación de sociedades radicadas en Londres no dará lugar a un traslado a otra ciudad de la UE, sino a una dispersión por especialización de actividades financieras.

«No creo que se vaya a producir un cambio en bloque de muchas de estas empresas hacia otra ciudad –sostiene el ministro en una respuesta parlamentaria a Ciudadanos–, sino una dispersión. Seguramente, habrá una especialización por tipos de actividades financieras, porque no es lo mismo una sociedad de valores que un hedge fund, una sociedad private equity o una sociedad de gestión de fondos tradicionales. Lo que también esperamos –añade– es que dos instituciones muy específicas, como la AEVA (siglas en inglés de la Agencia Europea del Medio Ambiente) y la Agencia del Medicamento, se reubiquen». En su opinión, España es la economía de la UE que más crece y por tanto «existe una posibilidad abierta de que estos inversores, estos trabajadores, este talento en última instancia se reubique en nuestro país».