El plan de lucha contra el fraude ha permitido destapar en cinco años unos 424.000 empleos irregulares y ha supuesto un ahorro para las arcas públicas de 18.050 millones de euros desde su puesta en marcha en 2012, según ha señalado este miércoles la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

En la sesión de control del Congreso, Báñez ha informado de que a través de este plan se han realizado, hasta enero de 2017, más de 1.011.000 inspecciones sobre el empleo irregular, lo que ha permitido el afloramiento de 424.000 empleos irregulares y la detección de 6.005 empresas ficticias, creadas sin ningún otro propósito, ha dicho, que «defraudar a la Seguridad Social».

La titular de Empleo ha celebrado los «grandes resultados» de este plan, realizado en coordinación con las administraciones autonómicas y en el marco del diálogo social pues, además, ha permitido la conversión de 260.000 contratos «indebidamente celebrados como temporales en indefinidos»

La ministra ha ofrecido esta estadística y estas valoraciones tras la pregunta del diputado de Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante, que le ha cuestionado por posibles medidas de protección ante la acción de los ‘fondos buitre’ en España.

Bustamante ha asegurado que fondos de capital riesgo, como Price Waterhouse Cooper (PwC), «llevan a la quiebra a empresas viables a través de operaciones financieras», las cuales, ha proseguido «acaban con la extinción de los contratos de trabajo».

«Es poco patriota que el Gobierno permanezca de brazos cruzados mientras que un fondo buitre suizo, cuyo presidente es un empresario alemán, y que actúa a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo, destruye nuestra industria y nuestros puestos de trabajo», ha acusado el diputado de IU.

En este sentido, ha explicado que empresas como Unipapel, Miró o Carbonell han sufrido «las consecuencias de estos ataques» y ha acusado al Gobierno de no defender «los intereses de la clase trabajadora ni del pueblo, sino del poder económico»

Por último, Bustamante ha criticado que la reforma laboral de posibilitar estas operaciones y ha dicho que la actual legislación es un «instrumento que permite a los fondos buitres desmantelar empresas sin importar ni los puestos de trabajo ni el futuro de la industria».