El XXIII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, entregado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,  a Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos,supone para éste la «celebración del Derecho, tan necesario en esta sociedad desordenada».

El premiado, que hizo referencia a su padre, presidente de las Cortes Constituyentes, y que se considera «hijo de uno de los padres olvidados de la Constitución», cree que «será más fácil reformarla que imprimirla de nuevo en el ideario de la parte más reticente de una ciudadanía que, por olvido, ignorancia o desafección sincera, no se identifica con ella».

Y recuerda el Preámbulo de la Carta Magna: «garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra»

También considera el Derecho «mucho más que las normas». Cita al teólogo católico Johann Baptist Metz: «mística de ojos abiertos, del deber absoluto de advertir el dolor ajeno«. Al poeta Espríu, «hacer seguros los puentes del diálogo». Y a la Biblia (Eclesiastés): «las palabras tranquilas de los sabios se escuchan más que el grito del rey de los necios«. Pide que «las fronteras no sean barreras de exclusión, sino factores de inclusión».

“El respeto al Derecho, necesario hasta para cambiarlo, no basta para regular la convivencia”, por lo que a los juristas les corresponde ser “cartógrafos” del “atlas de un mundo difícil” de las reformas institucionales “antes de que sea demasiado tarde”.

40 después de la aprobación de la Constitución, España se enfrenta a retos no menos graves que los que afrontaba la sociedad de la Transición: “La desigualdad no solo ha aumentado, sino que está cristalizando, haciéndose irreversible para demasiadas personas; la corrupción en la vida pública y privada; la insuficiencia del marco autonómico; la desafección de unos ciudadanos que se desentienden del vínculo que debía unirlos a sus representantes públicos; la incapacidad de articular una respuesta concertada y mínimamente humana a los problemas de la migración y sus causas». Antonio Hernández-Gil comcluye que «para todo debe haber una respuesta desde el Derecho”.

Antes, en la  semblanza del galardonado, Consuelo Madrigal, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recuerda que éste ganó con 26 años la cátedra de Derecho Civil de la Uned, y que como decano de los abogados denunció la «desatención de esa parte esencial del sistema de justicia que es la asistencia jurídica gratuita a los más desfavorecidos».

«Sólo universalizando la compasión entenderemos las lágrimas y esfuerzos que llenan las cosas; cuando nos urge a anteponer el compromiso con las personas a los requerimientos económicos, y a encontrar el impulso moral que genere acciones valiosas para paliar el dolor de los demás, que es el otro nombre del mal en el mundo», concluye Consuelo Madrigal.