El 51% de las empresas recibe peticiones para aceptar plazos de pago más largos

11/06/2018

diarioabierto.es. Por primera vez desde 2012, hay más empresas expuestas a sufrir impagos graves.

“El incumplimiento de los plazos de pago provoca inseguridad en el tejido empresarial, por lo que es necesario que todas las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables tengan más peso en la gestión empresarial, y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad corporativa  de  todas  las  compañías”, comenta Alejandro  Zurbano,  director general en España de Intrum. Desde esta firma especializada en gestión de crédito y activos recuerdan que cuadrar gasto, ahorro y pago de facturas es uno de los principales retos de las empresas, ya se trate de un autónomo, una pyme o una gran empresa. Y esa incertidumbre con la que encaran  el día a día hace que los tiempos de cobro sean especialmente importantes para la salud de sus respectivos negocios.

A la espera de conocer el impacto del nuevo Reglamento Sancionador en la Ley de Morosidad y Plazos de Pago, Intrum ha presentado el Informe europeo de pagos 2018, elaborado tras entrevistar a 1.126 empresas. En este documento se destaca que el 51% de las empresas en España recibe peticiones para aceptar plazos de pago más largos. Por tamaño, las multinacionales son las que más instan a alargar los plazos, algo que está aceptando el 64% de las compañías, un 20% más de las que lo hicieron en 2017.

Entre las 9.840 compañías (de 29 países) entrevistadas para este informe, seis de cada diez reconocen pagar tarde de forma sistemática. Las españolas se sitúan en el segundo puesto del top ten de las empresas que mejores condiciones de pago permiten a sus clientes finales (B2C), alcanzando los 46 días de media, cuatro más que en 2017. Seguidamente se sitúan Serbia (40), Portugal (36), Italia (32), Francia (29), Bulgaria y Suecia (26), Alemania (25) y Croacia (22), mientras que Bosnia Herzegovina ocupa el primer puesto al permitir un plazo medio de pago a los clientes finales de 47 días. En el extremo opuesto se sitúan las empresas de Estonia, con sólo 11 días.

Foto: Cementos Molins, por Jorge Franganillo (CC BY 2.0).

‘Estudio de riesgo de crédito 2018’
Otra investigación reciente —el Estudio de riesgo de crédito 2018—, impulsada por la firma especializada en seguros de crédito interior y a la exportación Crédito y Caución y su filial Iberinform, y realizada con el soporte académico el IE Business School, desvela que el 81% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes, y que el 51% los sufre presionados por parte de la gran empresa. Cabe destacar que el comportamiento en pagos de la Administración ha registrado una mejoría: sólo el 3% de las empresas que trabajan para el sector público, frente al 7% del año anterior, soporta tasas de impago que suponen un riesgo claro para su supervivencia. Sin embargo, en ambos casos, la tendencia de 2018 es a mejorar su comportamiento, mientras que tanto el segmento pymes como los autónomos registran un claro empeoramiento.

Según este estudio, el 64% de las empresas manifiesta padecer las consecuencias negativas de la morosidad: incrementa sus costes financieros (39%), supone una pérdida de ingresos (39%), limita el crecimiento (16%) o las nuevas inversiones (15)%) o amenaza la continuidad empresarial (9%). Pero el dato más preocupante tiene que ver con la tendencia al mirar atrás: por primera vez desde 2012, el estudio percibe un ligero empeoramiento en varios indicadores, como la tasa de empresas (27%) que ha sufrido impagos significativos en los últimos 12 meses.

En relación con la pérdida de ingresos, y en comparación con otros países europeos, Intrum señala que las organizaciones españolas están entre las que menos disminuyen sus ganancias por deudas incobrables: en promedio, sólo el 0,7% de los ingresos anuales tuvieron que ser cancelados, frente al 2% de 2017.

En cuanto al B2B, el informe de Crédito y Caución registra el primer empeoramiento desde que se realiza el estudio: el 6% de las empresas soporta altas tasas de impago con sus clientes, frente al 3% de 2016. En este sentido, y dentro del ámbito europeo, con un aumento en los tiempos de pago hasta los 51 días, Intrum señala que España se sitúa en tercer lugar del ranking europeo, por detrás de Portugal (53) y Bosnia Herzegovina (70). Seguidamente se sitúa Italia con pagos a 50 días, Grecia (41), Francia (40), Rumanía y Bulgaria (36) y, para cerrar el top ten, República Checa y Croacia con plazos de 32 días.

El sector público es uno de los que más ha bajado sus plazos de pago, pasando de los 59 días en 2017 a los 51 en el caso español. Una cifra que sitúa a España en el quinto lugar del ranking, por detrás de Italia (73), Bosnia Herzegovina (67), Grecia (65) y Portugal (54). El top ten lo completan Rumanía con pagos promedio de  48  días, Francia (44),  Serbia  (41), Bélgica  (39)  y Croacia (38).

Un futuro pesimista
Los retrasos en los pagos son una tendencia afianzada en el tejido empresarial español que seguirá manteniéndose el próximo año. De acuerdo con el Informe europeo de pagos de Intrum, sólo el 15% de las compañías considera que el riesgo deudor bajará en los próximos 12 meses.

A pesar de que el 51% de las empresas españolas dice estar familiarizada con la directiva europea de medidas de lucha contra la morosidad, únicamente el 12% confirma aplicar un recargo de mínimo 40 euros por pagos atrasados, un porcentaje muy inferior al promedio europeo (29%). No obstante, el 56% de las españolas encuestadas asegura que no cuenta en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito o protección contra impagos.

“La gestión del crédito puede poner en peligro la supervivencia de cualquier empresa. Por ello, es necesario apostar por un comercio sencillo y seguro con el que ayudemos a las empresas a proteger sus pagos. Solo así contribuimos a una economía sólida para las personas, las empresas y la sociedad”, concluy Zurbano. Aun así, las organizaciones españolas están entre las que menos disminuyen sus ganancias por deudas incobrables. En promedio, sólo el 0,7% de los ingresos anuales tuvieron que ser cancelados, frente al 2% de 2017.

Más información
⇒ Descargar el Informe europeo de pagos, elaborado por Intrum
⇒ Seguir en Twitter a Intrum (@IntrumES) y a Crédito y Caución: @creditoycaucion

 

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