A la espera de conocer cuál será la propuesta que el Gobierno envíe al Congreso sobre un impuesto indirecto que grave ciertas actividades digitales, y ante las diversas manifestaciones públicas que se han venido realizando desde el propio Gobierno en este sentido durante las últimas semanas, la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) advierte en un comunicado de las consecuencias que podrían derivarse de su aplicación. En ese comunicado, y en primer lugar, esta asociación dedicada a promover y apoyar la economía digital en España asegura que respalda toda iniciativa dirigida a la modernización y adecuación del marco fiscal internacional con el fin de adaptarlo a la realidad económica y que conduzca a una tributación más eficaz y justa que dé respuesta a los retos de las sociedades actuales.

La asociación cree, por tanto, en una regulación aceptada y consensuada a escala global, que evite que los países aborden iniciativas unilaterales, como es el caso español. “Estas iniciativas unilaterales, igualmente cuestionadas por la propia Comisión Europea (CE), suponen una mayor fragmentación en el marco del necesario Mercado Único Digital, siendo éste y no otro el objetivo clave por el que España debe apostar, sin el cual las empresas españolas y europeas tienen escasas oportunidades de competir a escala internacional”, dice el comunicado.

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Según Adigital, la implementación de una propuesta temporal, como la que se plantea, impide que se siga trabajando en una solución permanente y sitúa a España en una posición de excepcionalidad ante el más que probable retraso en un acuerdo a escala europea. “En el contexto global actual y con una economía con enormes déficits en cuanto a innovación y competitividad digital, España no puede convertirse directamente en lo contrario a Irlanda, cualquier planteamiento en este sentido debe ser establecido internacionalmente”, afirma la presidenta de Adigital, Carina Szpilka.

La asociación, que agrupa a más de 550 empresas, entiende que la introducción de un impuesto de estas características —con la dificultad de delimitar el concepto de actividad digital— exige rigor en su definición y tiempo suficiente para que se puedan establecer los mecanismos de información necesarios para los contribuyentes. “La improvisación en la delimitación del impuesto y su implantación suponen siempre un perjuicio para los contribuyentes al introducir elementos de inseguridad jurídica”, aseguran los responsables de Adigital en un comunicado.

“Un impuesto de esta índole no debe violar el principio internacionalmente aceptado de que las compañías deben tributar por sus beneficios y no por sus ingresos, tal y como se plantea desde el Gobierno. Entre otras cosas, porque, como la CE admite, un impuesto sobre los ingresos de determinadas actividades puede implicar doble tributación en diferentes países y un incumplimiento de los tratados actuales. Por otro lado, es igualmente cuestionable imponer un impuesto sobre los ingresos cuando la gran mayoría de empresas digitales pueden alcanzar un elevado nivel de ingresos durante años cuando aún presentan escasos beneficios o incluso no tienen ninguno. Finalmente, no se debe violar, de modo unilateral, el principio, también internacionalmente reconocido, de que las empresas globales pagan la mayoría de los impuestos allí donde crean valor y asumen riesgos y costes”, continua el comunicado

Adigital considera que un impuesto como el planteado, en teoría temporal y aplicado únicamente sobre ciertas actividades digitales, es discriminatorio y tiene un impacto negativo sobre el crecimiento y la competitividad de la economía española puesto que, como ha apuntado la OCDE, una medida de este tipo incrementaría el coste del capital porque reduce incentivos a la inversión e innovación por parte de las empresas objeto del impuesto, supone un desincentivo al crecimiento para startups y empresas de base tecnológica, y tendría un impacto negativo en el empleo y las pymes.

Del mismo modo, la asociación estima que «este impuesto sería repercutido en los usuarios (empresas y consumidores) de las actividades afectadas en España, aumentando el coste de adquisición de clientes en el ámbito de la publicidad digital para las empresas españolas, así como el precio de los productos de las empresas españolas en los marketplaces internacionales, un incremento de precio que también asumiría el consumidor español. Es más, las empresas españolas que vendan sus productos a través de un marketplace pdrían ver reducida su competitividad frente a otros vendedores extranjeros que no estén sujetos a esta tasa», concluye el comunicado.

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