La Comisión Europea había propuesto en marzo crear una tasa que gravase a estas empresas por operar y obtener ingresos digitales en los países miembros de la UE aunque no tuvieran sede física en ellos, un argumento que les sirve en la actualidad para ahorrar millones.

La propuesta inicial del Ejecutivo comunitario se dirigía a las multinacionales que aprovecharan a usuarios digitales para generar ingresos, como en el caso de la venta de sus datos, de espacios publicitarios online y de intermediación digital entre ellos. El proyecto que rechazaron ayer los ministros de los Veintiocho era menos ambicioso que el inicial, con un impuesto que gravaba exclusivamente la publicidad online.