Ante un delito empresarial no sólo responden las personas físicas que lo hayan cometido. Desde la reforma del Código Penal de 2010 –—Ley Orgánica 5/2010—, también lo harán las empresas como entes jurídicos; la ley introdujo la responsabilidad penal corporativa. Por tanto, si un consejo de administración decide no pagar los impuestos, no sólo cometerán el delito sus miembros, sino también la persona jurídica que se ha beneficiado de esa decisión, la propia empresa.

Desde que entró en vigor la citada ley, muchos empresarios empezaron a diseñar protocolos de compliance, integrando todo el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que debían adoptar las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos a los que se enfrentan. Los delitos por los que pueden resultar culpables las empresas como tales pueden ser de muy diversa índole, entre otros: infringir la normativa sobre medio ambiente; incumplir las normas de seguridad en el trabajo, o comercializar los datos personales de sus clientes, sin estar autorizadas por ellos.

Las grandes empresas son más propensas a contar con un sistema de responsabilidad legal, pero no todas tienen en su plantilla un controller jurídico o compliance officer. El 45% todavía desconoce las consecuencias legales de no contar con un ‘controller jurídico’. Entre las grandes compañías la situación es bien diferente. De momento, el 75% de las que tienen más de 5.000 empleados cuenta con uno, según la firma Deloitte. Quizá sea por el salario que perciben estos profesionales, que puede oscilar entre los 80.000 y los 120.000 euros anuales, aunque esta cifra se puede rebajar en los casos de compliance officers de menos cualificación, según la Guía del Mercado Laboral de 2020, elaborada por la consultora Hays.

Infringir la ley, un coste
Son muy pocas las empresas que tienen en cuenta el catálogo de penas por infringir la ley. De hecho, solo el 10% de ellas cuenta con un sistema de responsabilidad legal y el 45% desconoce las consecuencias legales con las que debería acarrear a la larga por no contar con un compliance officer, según datos facilitados por Grant Thornton.

Según Deloitte, uno de los retos actuales del compliance es el de adaptar la tecnología, que juega un papel relevante “como herramienta para potenciar la eficiencia en la gestión del cumplimiento en las compañías”. Los compliance officers, además de la tecnología, se enfrentan este 2022 a retos como la elaboración de protocolos de prevención o el conocimiento completo de la normativa para evitar que las empresas lleguen a cometer delitos.

Distintas consultoras especializadas en gestión de capital humano han advertido de la importancia de con este tipo de profesional, incluso escuelas como Deusto Formación señalan que “el compliance officer es un perfil en auge en España”. La oferta de formación en materia de compliance no escasea. Por ejemplo, Deusto Formación imparte el Curso Superior de Compliance, con el que los estudiantes podrán “conseguir las habilidades y conocimientos necesarios sobre ética y responsabilidad corporativa para dar cumplimiento al marco normativo”, aseguran los responsables de esta escuela. Entre los objetivos del curso, destacan algunos como “conocer los distintos ámbitos normativos que operan dentro de la actividad empresarial” o bien “dotar al futuro compliance officer de recursos útiles y eficaces para el desarrollo de su actividad».

Según Deusto Formación, “la vigilancia y el control, así como la prevención y el diseño de protocolos, son elementos cruciales a la hora velar para que la normativa en la empresa se cumpla”. Por esta razón es necesaria la formación de profesionales que sepan desarrollar su trabajo y adaptarse a los nuevos retos que presenta, profesionales que podrían optar a recibir un Premio Ascom.

V Premios Ascom
La Asociación Española de Compliance (Ascom) otorgó en diciembre de 2021 sus premios anuales a las mejores prácticas en complianc , un reconocimiento a las iniciativas y carreras destacadas entre empresas, instituciones, medios de comunicación y profesionales que favorecen la profesionalización, la difusión y la consolidación de la función del cumplimiento normativo en España. Estos fueron los galardonados:

♦ Cruz Roja Española. Recibió el premio en la categoría Institución por su compromiso con el compliance. La organización fue pionera en el año 2015 con en la puesta en marcha de un modelo de compliance penal y canal denuncias de gestión externa.

♦ Sanitas. Fue premiada en la categoría Empresa por su innovador proyecto basado en las campañas Risk &Rols y Risk Influencers, desarrolladas entre 2019 y 2021 como marca de la cultura de riesgos y cumplimiento en Sanitas. Ambas iniciativas han alcanzado a los 14.400 empleados.

♦ Compliance Pills. Fue el podcast premiado en la categoría Medio de Comunicación. Su autora, Berta Melet,  lleva desde 2019 tratando temas que versan sobre la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa.

♦ Silvia Madrid Corrales. Fue galardonada en la categoría Individual por sus más de 20 años al servicio del compliance y por la adaptación del sistema de compliance de UniCredit a los nuevos escenarios y riesgos derivados de la pandemia.

♦ Andrea Autiero. Recibió el premio en la categoría Certificado Cescom, galardón que reconoce a las personas que han obtenido una mejor puntuación en los exámenes de la Certificación de Compliance Cescom de las convocatorias de 2021.

♦ Pablo Benjumea. Fue galardonado en la categoría Joven Menor de 35, al ser considerado como una gran promesa del compliance. Tras pasar por responsabilidades en materia de auditoria interna y compliance en diversas multinacionales, asumía en el momento de recibir el premio la dirección del área en un el Grupo de Empresas AZVI. Es en este grupo empresarial familiar lanzó el exitoso proyecto de implantación de un sistema de compliance con medios propios que obtuvo las certificaciones ISO 37301 y UNE 19601, convirtiéndose en una de las compañías pioneras por tamaño y sector en contar con un sistema certificado en compliance.

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