Con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se celebra este jueves 2 de febrero, la organización medioambiental Greenpeace ha solicitado que se tomen «medidas urgentes» para evitar la «desaparición» de estos ecosistemas mixtos» y ha puesto como ejemplo el caso del Parque Nacional de Doñana que «ha sufrido como el resto de humedales españoles los mismos males que le llevarán a su desaparición si no se toman medidas y a pesar de contar con todas las figuras de protección ambiental posibles».

En una nota de prensa, la organización ecologista ha destacado que estos ecosistemas mixtos (terrestre-acuáticos) son «imprescindibles» para la biodiversidad y el ser humano, dado que «son una fuente de agua y alimentos, permiten la recarga de acuíferos y son excelentes sumideros de CO2 que permiten mitigar el cambio climático», por lo que ha lamentado que «a pesar de ello, España ha demostrado ser un país que ha despreciado estas joyas de la biodiversidad» y que «ya han desaparecido más del 60%».

«Una larga historia de impunidad en la que, junto al regadío legal, prosperó otro completamente ilegal basado en el arranque sistemático de árboles de zonas forestales para plantar fresa en invernadero –luego mora, arándano, frambuesa etc.– para cuyo riego se abrían pozos igualmente ilegales, se construían balsas, se modificaban cauces y se tendían canalizaciones kilométricas que iban esquilmando el agua subterránea. A esto se sumaban extracciones ilegales para el riego de arroz, maíz o la remolacha. El fruto rojo era y es altamente rentable. Y nadie lo paró», ha apuntado.

En este sentido, Greenpeace apunta que la Junta de Andalucía «lo subvencionaba» y que «ayuntamientos como el de Almonte cedían fincas forestales públicas para el cultivo», así como han criticado que «políticos en gobiernos y oposición lo han apoyado».

A este respecto, ha manifestado que «junto al poder creciente de los invernaderos, Doñana sufrió otro intocable en España como es el turismo», señalando que la urbanización turística de Matalascañas, «surgida de los años del desarrollismo, fomentada como Centro de Interés Turístico Nacional y florecida después por los atractivos del entorno, abrió sondeos para abastecer a su población fuertemente estacionalizada que fueron afectando a las aguas subterráneas que alimentan las lagunas peridunares de Doñana, uno de sus grandes valores».

En este sentido, desde la organización ecologista ha subrayado que «el pasado verano se secó Santa Olalla, la mayor de ellas, considerada laguna permanente».

En este contexto, Greenpeace ha recordado que el 24 de junio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba que «el Reino de España ha incumplido sus obligaciones» al «no haber tenido en cuenta en el Plan Hidrológico 2015-2021 las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano –del núcleo turístico de Matalascañas– en la estimación de las extracciones de la comarca de Doñana» y «al no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos».

Así, ha criticado que esta sentencia «de momento no parece esté frenando la sobreexplotación de los recursos hídricos del entorno de Doñana», sino que, «al contrario, parece estar siendo alentada por el actual gobierno de la Junta de Andalucía, que anunció su intención de legalizar más de 1.000 hectáreas de regadíos ilegales», iniciativa que «se ha visto paralizada recientemente tras la creación de una comisión bilateral técnica entre el Estado y la Junta de Andalucía».

«La actividad humana junto con el cambio climático están poniendo en peligro el futuro de estos humedales icónicos, así como la presión del ser humano que sobreexplota los recursos hídricos del entorno de los humedales, especialmente vinculada a un modelo agroindustrial e intensivo que hace totalmente inviable el mantenimiento de estos enclaves a corto-largo plazo», ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Por todo ello, Greenpeace realiza una serie de demandas para «salvar» los humedales españoles y también «garantizar que en el futuro tanto las personas como los ecosistemas tengan agua en calidad y en calidad». Estas demandas pasan por pasa cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras; luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales; implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos y cerrar «el más de millón de pozos ilegales repartidos por todo el territorio».

También exigen adaptar las políticas forestales a «las necesidades del país más árido de Europa»; aumentar el presupuesto de gestión forestal «que tenga como centro de la planificación la protección de los recursos hídricos (ecohidrológica) como medida efectiva de adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, para la protección de suelo y agua»; establecer «una hoja de ruta» de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima.

Finalmente, también solicitan reconvertir el regadío intensivo y superintensivo en explotaciones sostenibles, diversificadas y «de bajo consumo de agua»; prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.