A propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica

El Gobierno aprueba 750 millones para reforzar la red eléctrica y evitar nuevos apagones

01:09h

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[caption id="attachment_696668" align="alignnone" width="2560"] (Foto de archivo)[/caption] El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes 750 millones de euros en inversiones urgentes que se incorporan a la actual planificación de las redes de transporte de energía eléctrica. Su objetivo es “aumentar la resiliencia de la red” y facilitar el despliegue de renovables tras el apagón del pasado 28 de abril. Esta nueva inversión supone la segunda modificación de la planificación de las redes (2021-2026), aprobada en marzo de 2022, tras la que se aprobó en abril de 2024. Esta modificación afecta a 65 actuaciones urgentes (instalación de compensadores síncronos, reactancias, dotación de relés…) y suma un importe total de 749,8 millones de euros.
A propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el Consejo de Ministros ha aprobado que las principales necesidades que buscan cubrirse son el “incremento de la seguridad del suministro mediante el refuerzo de la red de transporte”, el desarrollo de conexiones con los sistemas no peninsulares y entre islas, el desarrollo de interconexiones internacionales, la “mejora de la integración de la red, en particular de la energías renovables”, la alimentación de nuevos ejes de la red de AVE; y el “apoyo a la red de distribución y a la nueva demanda de grandes consumidores, principalmente industriales”.

Todos estos objetivos están “destinados a incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema eléctrico, tanto en la península como en los territorios no peninsulares de Canarias y Baleares”, “facilitará la progresiva integración de renovables y el almacenamiento” para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla un 81% de electricidad renovable para 2030, “y rebajar la factura de los consumidores”. También se incluyen nuevas posiciones para permitir la conexión de generación de emergencia en Canarias.

Esta inversión se fundamenta en el Real Decreto-Ley aprobado el pasado 24 de junio, redactado tras el informe elaborado por la comisión de expertos del Gobierno sobre el apagón, en el que se recogieron los fallos detectados en la planificación de la potencia de reserva por parte del operador del sistema, Red Eléctrica, el disparo indebido de instalaciones de generación renovable, así como el mal funcionamiento de la generación convencional que debía controlar la tensión ante las oscilaciones anómalas que se produjeron en la planta extremeña de Núñez de Balboa de Iberdrola.

De esta forma, la inversión total de la planificación con horizonte 2026 se incrementa hasta los 8.203 millones de euros, al sumar estos últimos 750 millones aprobados este martes. En total, ocho compensadores se distribuyen por la Península; otros dos en Canarias, en La Palma y Lanzarote, complementando los ya previstos en Gran Canaria y Tenerife; y se adelanta la ejecución de otro ya previsto en Mallorca. Estos equipos también aportan inercia al sistema y permiten incrementar la capacidad disponible en la red para nueva generación renovable, en particular en los sistemas no peninsulares.

La Modificación incluye también un Sistema de Transmisión de Corriente Alterna Flexible (Facts) en Cataluña, cerca de las interconexiones con el resto de Europa, que contribuye a amortiguar oscilaciones en el sistema, así como la renovación e instalación de nuevas reactancias que permiten mejorar el control de tensión de forma distribuida. Además, se amplían algunas subestaciones, se incrementa la dotación de relés de maniobra y se incorporan varias posiciones que permitirán conectar sistemas de generación de emergencia en Canarias, complementando otras líneas de trabajo conjunto con el Gobierno insular para reforzar el suministro en el archipiélago. Con carácter general, las actuaciones previstas no requieren ocupación de nuevos terrenos, ya que se instalarán en las actuales infraestructuras de la red de transporte existentes. Para acelerar la puesta en servicio de este equipamiento, las actuaciones quedan eximidas del trámite de audiencia habitual y se reducen los plazos de tramitación a la mitad en aquellas actuaciones cuya autorización sea de ámbito estatal.

Alejar las necesidades de REE

El departamento que dirige Sara Aagesen condiera que la nueva modificación de la Planificación vigente tiene carácter excepcional, y es la primera vez que se aprueban modificaciones que se centran exclusivamente en reforzar la operación y control de la red, frente a otras modificaciones o actualizaciones de la red que se han centrado en dar respuesta a las demandas de nueva generación y consumo, elementos que serán objeto de la próxima Planificación 2025-2030. De esta forma, las actuaciones aprobadas reducen la necesidad de conectar centrales de generación que no hayan resultado casadas en el mercado en el mecanismo denominado restricciones técnicas. Este mecanismo supone la operación de centrales al mínimo técnico en momentos en que no es necesaria su energía, sino la prestación de otros servicios, como controlar la tensión, lo cual implica desplazar otras fuentes de generación más competitivas que sí hubieran casado en el mercado, con un sobrecoste para los consumidores. Dichas actuaciones, al aportar capacidades de control de tensión directamente desde la red, reducirán la necesidad de este tipo de mecanismos, generando ahorro económico, facilitando la integración de generación renovable -al no programar esas centrales al mínimo técnico-, y disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero, añadió el Ministerio. Dada la urgencia de evitar nuevos apagones, las actuaciones quedan eximidas del trámite de audiencia habitual y se reducen los plazos de tramitación a la mitad en aquellas actuaciones cuya autorización sea de ámbito estatal.