El Consejo de Ministros ha aprobado el tercer real decreto ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado el pasado 20 de marzo, para seguir protegiendo y amortiguando el impacto sobre hogares y empresas, con una prórroga y adaptación para el último trimestre de 2026, ante el deterioro del precio de crudo y las tensiones energéticas y tras semanas de diálogo con los agentes sociales y los sectores más afectados. En total, el esfuerzo presupuestario de los tres reales decretos ley ya supera los 12.000 millones de euros. [caption id="attachment_699879" align="alignnone" width="1005"] (Foto de archivo)[/caption] Así, mantiene la misma estructura que los dos primeros paquetes del Plan Integral de respuesta al incluir dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para dar continuidad a la protección, a través de la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de septiembre de 2026, y un segundo de medidas estructurales orientadas al refuerzo de la autonomía energética y continuar avanzando en la descarbonización de la economía.

Protección frente a la subida del gas: TUR y bombona de butano

El real decreto ley incrementa la protección de hogares y pymes frente al impacto del conflicto de Oriente Medio sobre los mercados internacionales de combustibles fósiles y para hacer frente al invierno. En concreto, se aprueba la limitación del peso de la cotización del gas al 35% en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural de octubre. En consecuencia, el incremento máximo de la tarifa, a la que están acogidos más de tres millones de consumidores, quedará en el entorno del 15%, frente al alza superior al 45% que se produciría en ausencia de esta medida.

También se establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027, preservando el acceso de los consumidores a un producto energético esencial cuyo precio máximo es actualmente de 18,84 euros.

Ayudas al gasóleo profesional y rebaja fiscal a carburantes

La nueva norma prorroga durante el último trimestre de 2026 las ayudas al combustible para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. En el caso del transporte por carretera, se amplía la ayuda al gasóleo profesional para los vehículos con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. La subvención será de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre de 2026, con posibles ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo. A su vez, se establece una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden beneficiarse de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos, incluidos determinados titulares de autorizaciones de transporte, autobuses urbanos y taxis adaptados. La cuantía dependerá del número, tipo y combustible de los vehículos. Para el transporte ferroviario, se fija una línea adicional de ayudas directas para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, y ayudas directas para el transporte marítimo. En el ámbito agrario, se mantendrá la bonificación de 20 céntimos por litro sobre el consumo de gasóleo B, articulada a través del procedimiento de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. A su vez, en el sector pesquero, se prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el incremento de los costes de los carburantes, con el fin de asegurar la operatividad de los buques. Junto a las ayudas al combustible profesional, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos el Gobierno aprueba de nuevo rebajas fiscales sobre gasolinas y gasóleo, mediante reducciones de 20 céntimos por litro, en octubre; 13 céntimos, en noviembre, y 6, en diciembre. Además, se incorpora un mecanismo de salvaguarda, por el que se regresaría a la bonificación de hasta 20 céntimos en función de la evolución de los precios.

Rebajas fiscales al recibo de la luz y el gas

En paralelo a las ayudas al gasóleo profesional y a los carburantes, la norma incluye una cláusula de salvaguarda para la electricidad y el gas. En detalle, se contempla una rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% y la rebaja del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5% si la inflación de la electricidad se incrementa un 15% en el mes de septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Esta rebaja fiscal en el recibo de la luz se aplicará a quienes tengan potencias contratadas inferiores a los 10kW y a beneficiarios del bono social, al tiempo que la reducción del IVA aplica también al gas natural, briquetas y 'pellets' y la madera para leña.

Reservas de gas natural licuado y seguimiento de la CNMC

En cuanto a las medidas estructurales, para avanzar en autonomía energética y continuar avanzando en la descarbonización de la economía, se elevan las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado (GNL) del Plan de Acción Invernal, de 16,5 a 21 días y, al mismo tiempo, se introduce la flexibilidad necesaria para facilitar su cumplimiento. También se actualiza el régimen sancionador para el sector de hidrocarburos, duplicando las multas asociadas a las distintas infracciones, y se refuerza el sistema de Certificados de Ahorro Energético, entre otras medidas. La norma encomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la realización de un estudio sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista, analizando la efectividad y el grado de traslación de las medidas adoptadas en los mercados energéticos, así como el seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios.

Escudo social

De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.

Cabe recordar que el primer real decreto ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.