[caption id="attachment_561193" align="alignnone" width="1167"] Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Foto de ARCHIVO)[/caption]   Endesa e Iberdrola han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares, según indicaron en fuentes ministeriales. Sin embargo, el Gobierno considera que la carta "es una declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal", ya que estiman que esta misiva no lo es. En concreto, estas líneas rojas pasan por el hecho de que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Según informa este viernes Cinco Días, las eléctricas han presentado una propuesta de revisión del calendario nuclear, que supone mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos. De esta manera, se pide ampliar la central extremeña de Almaraz, la primera que tiene previsto su cierre -en 2027 un grupo y en 2028 el otro- según el protocolo acordado por las empresas y Enresa, hasta 2030, lo que implicaría una bajada de la denominada tasa Enresa -los pagos para financiar el coste de gestionar los residuos y desmantelar las centrales- del 18% al dividirse la recaudación por más años de producción, añade el diario.

NATURGY Y EDP NO FIRMAN ESTA PROPUESTA.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmaron que han recibido una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola, pero no firmada ni por Naturgy ni EDP, las otras dos compañías que suscribieron el protocolo de cierre alcanzado en 2019, que prevé la clausura del parque nuclear español entre 2027 y 2035. En varias centrales, como la de Almaraz que forma parte de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación. Iberdrola es el accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital, mientras que Endesa participa con un 36% y Naturgy con un 11,3%. Fuentes ministeriales subrayaron que esta carta es una declaración de intenciones, condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, "en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas", según recoge la web de Europa Press. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han abierto en los últimos tiempos la puerta a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares, aunque dejando claro que con condiciones. A principios del pasado mes de mayo, Sanchez afirmó en el Congreso de los Diputados que la prórroga de la actividad de las centrales nucleares más allá de 2035 dependía de tres criterios. El primero es que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos, el segundo que sea económicamente viable y que lo costeen los "ultrarricos que presiden esas energéticas" y no salga del bolsillo del contribuyente y el tercero es que la medida sea garantice la seguridad del suministro eléctrico. "Tres criterios que me parecen absolutamente de sentido común", subrayó.

La central de Almaraz, en el punto de mira

Tanto Iberdrola como Endesa se han mostrado ya claramente dispuestas a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz, siempre que se den las condiciones propicias para ello. También Naturgy ha respaldado una ampliación de esta central hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. No obstante, la fiscalidad que pesa sobre la nuclear es uno de los grandes temas que las compañías propietarias piden poner sobre la mesa a la hora de abordar esta extensión. Un reciente estudio de EY señala que España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas, los cuales suponen 9,2 euros por megavatio hora (MWh). En concreto, el estudio, que compara la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos radiactivos en siete países europeos con programas nucleares consolidados -España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza-, destaca que el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y las ecotasas, que no hay en otros países, no tienen como destino específico cubrir ningún coste asociado a la operativa nuclear. Estos tributos forman parte de la carga que tienen los operadores de España, la cual se estima en un total de 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos), calcula el informe.