Cuerpo asegura que la condición es "proporcionada y ajustada" para proteger a trabajadores y clientes

El Gobierno autoriza la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell para dentro de tres años

01:09h

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Después de un año y un mes, el Gobierno acaba de dar luz verde a la oferta de compra presentada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. No obstante, esta autorización lleva consigo una condición, que la fusión entre ambas entidades no se produzca hasta dentro de tres años, plazo que puede ser ampliado otros dos años más. Por tanto, Banco Sabadell seguirá funcionando como un banco separado jurídicamente, ambos bancos mantendrán separados sus patrimonios, su gestión y sus plantillas, además de mantener las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. A la espera de esta decisión de este mismo martes, la CNMV había suspendido durante dos horas la cotización de ambas entidades. Tras la reunión del Consejo de Ministro, donde se ha decidido autorizar la OPA, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmaba que la condición para que se produzca la compra es que "se debe mantener la personalidad jurídica y el patrimonio separado de ambas entidades". El titular de Economía asegura que esta condición no afecta a la operación, ni va en contra de la Ley de la Competencia ni de las exigencias de la UE, sino que se trata de proteger a trabajadores, clientes y empresas.

El ministro ha concretado que la autonomía jurídica significa "mantener la independencia del Sabadell en cinco criterios": autonomía en la gestión -con la toma de decisiones autónoma por parte de cada entidad-, en la financiación y en el crédito a pymes, así como en los recursos humanos (no podrán hacerse reducciones de plantilla), en la red de oficinas y, por último, en la obra social. Para Cuerpo, esta condición es "proporcional y equilibrada", según ha confirmado al Gobierno la Abogacía del Estado. El objetivo es proteger a los trabajadores, empresas, clientes y el interés general. Esta protección no implica parar la operación, y deberán ser ahora los accionistas del BBVA y del Banco Sabadell los que tienen la última palabra.

De esta forma la oferta de compra presentada por el BBVA, que luego fue "hostil" tras el rechazo firme del Banco Sabadell, ha cumplido todos los plazos exigidos por Competencia, que exigió primero que la entidad vasca cumpliera una serie de condiciones, así como la consulta pública realizada por el Gobierno antes de tomar la decisión, dado que inicialmente el Ejecutivo había mostrado su rechazo a la operacion por entender que supondría una concentración del sistema bancario que podría perjudicar a los clientes.

Las condiciones puestas ahora por el Gobierno vendrían a responder a las exigencias que su socio del Ejecutivo habría puesto a la operación. En concreto, Sumar había puesto condiciones como que no se produjeran despidos ni cierre de oficinas, y que la fusión no afecte al crédito ni a las condiciones comerciales de ambas entidades. Argumentos a la formación de Yolanda Díaz no le faltaban, ya que estudios como los de la patronal catalana (Foment del Treball) prevén la pérdida de 75.000 millones en créditos a pymes.

Cuerpo aseguraba este martes que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros no choca con la posición manifestada por la Comisión Europea de que el Ejecutivo español no interviniera en la operación, sino que al contrario, la posibilitara.

El BBVA deberá explicar si acepta la condición del Gobierno

Tras la autorización del Gobierno, expertos y analistas esperan la respuesta que dará el BBVA a estas condiciones. Este mismo lunes, su presidente, Carlos Torres, había explicado que su entidad tiene la última palabra de retirar la oferta si las condiciones que fijaba el Gobierno afectaban a la rentabilidad de la compra del Sabadell.

Torres incluso se mostró dispuesto a iniciar una batalla legal contra el Gobierno si endurecía las condiciones.

Si BBVA acepta las condiciones, los siguientes pasos a dar serán la presentación definitiva del folleto de la OPA a la CNMV con los nuevos cálculos de la compra, una vez calculado el coste de las condiciones impuestas tanto por Competencia como por el Gobierno. Una vez entregado el folleto, la CNMV tendrá todo el mes de julio para aceptarlo, para comenzar a continuación el plazo de aceptación de la compra, que de acuerdo a la normativa deberá tardar entre 15 y 70 días. Todo parece indicar, si el BBVA acepta las condiciones del Gobierno, que la compra efectiva no tendrá lugar hasta por lo menos el próximo mes de septiembre.