Queremos a Pedro Sánchez en coma, no muerto. Con estas palabras describía el delincuente fugado de la Justicia, Carlos Puigdemont, la estrategia política de los independentistas catalanes, y con ellos los del resto de los socios de la Frankestein, para conseguir sus objetivos de romper España y acabar con la Constitución, la democracia y el régimen de libertades del 78, contando con la inestimable colaboración  de un presidente del gobierno incapacitado para gobernar y acosado por las denuncias de corrupción que enfangan a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar. Un presidente en coma inducido que apunta a fase terminal, aunque intentando apurar su Manual de Resistencia para prolongar sine die su agonía, tal y como anunció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras reunirse con Sánchez en Moncloa, asegurando que “la legislatura está muerta y este ciclo ha llegado a su fin”, mientras llamaba al resto de los aliados parlamentarios del sanchismo a “aprovechar porque no se sabe cuánto tiempo queda”. Y lo van a aprovechar, porque la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional declarando constitucional la amnistía a los golpistas del 17-0 es sólo el primer paso. Y para eso ya se ha apresurado el conspirador Rodríguez Zapatero a viajar para rendir pleitesía a Junts per Cat y a Puigdemont y a reiterarles que aprovechen las rebajas por liquidación. Desde el concierto fiscal para Cataluña hasta el referéndum de autodeterminación, pasando por  las transferencias de la Seguridad Social y la ruptura de la caja única a Cataluña y el País Vasco o nuevas medidas de gracia para terroristas. En definitiva, la culminación de la venta de España por fascículos a cambio de siete votos, que inició el hoy en prisión Santos Cerdán, sólo y en compañía de otros. Una España que, al igual que su presidente está en coma y en manos de un equipo quirúrgico que dirigen sus enemigos, los independentistas y populistas radicales que sostienen al sanchismo y que son también cómplices necesarios de la corrupción generalizada, con mención especial para ese camarote de los Marx (los cómicos) en que se ha convertido la SUMAR de Yoli, cuya indignación de palabra se traduce de hecho en inmovilismo cooperante. Como cómplices son también todos los diputados y senadores de la bancada lanar socialista, donde ni está ni se espera a un solo miembro con la dignidad y la decencia suficientes para poner fin al asalto a la democracia, al descrédito y colonización de las instituciones, a la ruptura de la igualdad entre los españoles, y a la ruptura física y moral de un país que amenaza ruina política, económica y social. Ruina alentada por una previsible nueva oleada de populismo económico que Sánchez utilizaría como pago complementario para comprar el apoyo de sus coaligados de Gobierno y que destacados dirigentes empresariales denuncian que “podría asestar un duro golpe a la economía, justo en momentos en los que la confianza empresarial está seriamente mermada precisamente por la avalancha de casos judiciales que podrían eternizarse en los próximos meses”. En concreto existen fundadas sospechas de que Yolanda Díaz quiere aprovechar la debilidad extrema de Sánchez para arrancar apoyos más sólidos a la reducción de la jornada laboral en el Congreso, además de nuevas subidas del salario y en las cotizaciones sociales que se traducirían en encarecimiento de la contratación, aumento del desempleo y una oleada de cierres empresariales, especialmente de autónomos y pymes. Todo ello en un contexto en el que España sigue en el vagón de cola de la renta per cápita de la Unión Europea. Que el salario más frecuente en este país se sitúa en 14.586 euros brutos anuales con un descenso de 3.917 euros en el último año. Caída que añadida a la subida del 14% en la cesta de la compra hace que nuestro poder adquisitivo sea hoy un 4,7% inferior a la media de la UE y la capacidad de compra de los hogares españoles es un 5,6% inferior a la de 2008. Además de que seguimos siendo los líderes del desempleo de la UE con un total de 3,9 millones de personas registradas y que no están trabajando, más de un millón de las que oficialmente se reconocen, y que Hacienda sigue batiendo récords de recaudación con más de 122.000 millones recaudados hasta mayo de este año mientras persiste el continuo deterioro en los servicios y los casos de corrupción se multiplican. Y la sociedad civil anestesiada.