La clase social, la casta a la que perteneces, la riqueza acumulada, son brechas tradicionales que nos fracturan, nos dividen, nos separan. Las nuevas brechas digitales amenazan con convertirse en factores de exclusión en estos tiempos de revolución digital en que vivimos. Siguen existiendo diferencias entre el Norte y el Sur. Dentro de cada país también tenemos nuestro Norte y nuestro Sur, aunque no sea estrictamente geográfico. Cada vez que las nuevas tecnologías dan un paso adelante, la brecha entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no, aumentan. Las sucesivas crisis de 2008, a la que conocimos como la de las hipotecas basura, la siguiente del COVID que alguien dejó escapar de algún lugar indeseable, o las actuales tensiones internacionales por todo el planeta, provocadas de forma continua para generar beneficios especulativos para el emperador y sus secuaces, han favorecido la expansión descontrolada de los datos, la información, el uso de internet y de los aparatos tecnológicos. Hoy en día, la medicina, la educación, la información disponible, nuestras relaciones sociales, nuestros papeleos con las administraciones públicas, nuestros trabajos y nuestra formación continua, se realizan a través de dispositivos tecnológicos. Siempre pensábamos que ser pobres nos impedía comprar aparatos necesarios para las nuevas formas de vida digitales e internautas. Ahora sabemos que esa brecha digital se convierte en un elemento, un factor, una causa de la pobreza, del mantenimiento en la misma, de la exclusión social. La mayoría de las personas, la mayoría de los hogares en situación de pobreza, tienen un acceso limitado a internet, tienen escasa formación para extraer todas las potencialidades de los dispositivos tecnológicos de los que disponen, o directamente no pueden acceder a esos dispositivos y no me refiero al móvil de última generación. Algunos definen esta situación como de apagón tecnológico. El apagón tecnológico genera una brecha digital y la brecha digital produce el agravamiento de las situaciones de pobreza. Tener dispositivos, pagar el acceso a internet y adquirir las competencias necesarias son tareas que no todas las familias pueden permitirse. Tras la pandemia es cierto que muchos puestos de trabajo que se transformaron en teletrabajo, han vuelto al presencialismo, pero, sin embargo, las relaciones con empresas, administraciones, las de carácter social, el acceso a trámites esenciales en servicios públicos como la educación, la sanidad, o la seguridad social, se han digitalizado casi completamente. Muchas personas se ven sometidas a dificultades tremendas para rellenar los formularios de su jubilación, sus bajas laborales, sus trámites para cobrar prestaciones como el IMV, a sus citas sanitarias, obtener todo tipo de citas con administraciones, o con empresas privadas prestadoras de servicios y hasta para realizar los trámites de regularización de su situación en España. Comienzan a abundar las mafias, aunque consigan nombres legales, que obtienen citas, rellenan formularios, tramitan solicitudes, hacen el seguimiento de las mismas y se convierten en conseguidores, a cambio, habitualmente, de ciertas cantidades de dinero que pagan aquellas personas que no pueden, ni saben, realizar estos trámites. Personas que nunca podrán buscar empleo vía internet, o que serán automáticamente excluidas de empleos en los cuales haya que demostrar ciertos conocimientos y habilidades digitales. Que no pueden acceder a InfoJob, que no saben ni mandar un correo electrónico. Que no podrán acceder a cursos de actualización, o a los conocimientos imprescindibles. Y qué decir de estas personas sometidas a la brecha tecnológica cuando se relacionan con su banco, donde cada vez hay menos seres humanos para atenderla y son más los trámites vía internet, relacionándote con máquinas. Cómo pagar recibos, transferir dinero, gestionar sus cuentas, obtener ofertas, descuentos, exenciones de comisiones, el comercio electrónico. Tarea imposible. Y, para remate, obligados a transitar por caminos telemáticos infernales, acaban siendo víctimas propiciatorias de los salteadores de caminos, los bandidos, los cuatreros y bandoleros, a los que llaman ciberdelincuentes, que pueblan las redes y que les visitan desde paraísos del robo tan exóticos como Mianmar. Les cuelan páginas falsas, trámites fraudulentos, les roban datos bancarios, pierden el dinero ahorrado, suplantan su identidad, les extorsionan. Lo llaman phishing, pero es robo y latrocinio propiciado por una tecnología que avanza sin cubrir los flancos por los que se cuelan todo tipo de malhechores. La tecnología no es buena ni mala, tiene sus beneficios y sus perjuicios. Somos los humanos los que tenemos la obligación de solucionar los problemas que generamos con su implantación, medir los tiempos, prevenir los riesgos, asegurar los derechos y trabajar para que el objetivo de la igualdad se mantenga en primera línea. La brecha digital es una de las peores demostraciones de que la ambición, la codicia, la irresponsabilidad, se han adueñado de la acción económica y política en todo el planeta. Tal vez hace muy bien León XIV en dedicar su primera encíclica, llamada Magnifica Humanitas a alertar sobre los problemas morales y deshumanizadores que están generando los desordenados avances tecnológicos, especialmente en materia de Inteligencia Artificial. En esa batalla, en ese debate, deberíamos estar todas las organizaciones, políticas, religiosas, sociales y económicas.