PSOE y Sumar llegaron in extremis a un acuerdo para aprobar un decreto en Consejo de Ministros con medidas con las que paliar la actual situación de la vivienda. Ha sido necesario dividir las medidas en dos decretos, a sabiendas que hay medidas que nunca contarán con el apoyo de Junts, y con dudas más que fundadas que las vayan apoyar otros socios como PNV y Podemos. Como era de esperar, ni PP ni Vox las apoyarán, ya que esperan gobernar para poner en marcha sus propuestas. Dada la urgencia, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos. [caption id="attachment_700221" align="alignnone" width="1200"] SALA DE PRENSA DEL PALACIO DE LA MONCLOA
LA MONCLOA[/caption] De momento, el Gobierno y su socio en el Consejo de Ministros han optado por dar respuesta a lo más urgente: los desahucios y la situación creada por los llamados fondos buitre. Y para ello ha optado por la vía de las prohibiciones: no podrá haber desahucios hasta 2030 y los fondos buitre no podrán realizar compras de inmuebles hasta 2028. A ello se suma quo todos los contratos de alquiler en vigor se prorrogarán hasta el 31 de diciembre de 2028. El objetivo, según se puede leer en sendos decretos, es "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía". En concreto, en el primer decreto se incluyen la prórroga extraordinaria y obligatoria de dos años para los contratos que estén en vigor y venzan antes de finales de 2028, a lo que se suma la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios y otras medidas en materia de vivienda. También incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y la prohibición de la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028. En el caso de los alquileres de temporada, el Gobierno ha endurecido las condiciones de este tipo de contratos ya que si se aprueba la medida en el Congreso, a partir de ahora, será obligatorio justificar y acreditar el carácter temporal del alquiler, cuya duración ordinaria no podrá superar los 12 meses. Además, la norma refuerza el control sobre los encadenamientos de contratos. Cuando se sucedan varios alquileres temporales sobre una misma vivienda, estos pasarán a considerarse arrendamientos de residencia habitual, con todas las garantías y limitaciones previstas en la legislación vigente. Además, habrá penalización fiscal de los pisos turísticos. En esta medida coincidían todas las partes negociadoras. El Consejo de Ministros ha aprobado que este tipo de alojamientos quede sujeto de forma general a un gravamen del 10%, poniendo fin a las exenciones de las que hasta ahora se beneficiaba una parte del sector. Con esta modificación, el Ejecutivo busca equiparar el tratamiento fiscal de las viviendas destinadas al uso turístico y encarecer una actividad a la que responsabiliza de reducir la oferta residencial disponible en algunas de las zonas con mayor tensión inmobiliaria.

El segundo decreto recoge el acuerdo para establecer la renovación automática de los alquileres, que era uno de los principales escollos para cerrar la negociación. Sumar pretende con esta medida avanzar hacia la estabilidad de los contratos y, por consiguiente, acabar con la incertidumbre de los inquilinos. Además, Sumar quería incluir en el paquete una de las principales demandas que han estado sobre la mesa durante la negociación.

Bonificaciones en el IRPF

Otra de las novedades será el establecimiento de diferentes bonificaciones en el IRPF para las rentas obtenidas por el alquiler, cuya cuantía variará en función de las características de la vivienda y de su ubicación. Este es uno de los temas que más rechaza Podemos, mientras Junts lo considera vital para apoyar el decreto. La norma incluso va más allá ya que el Gobierno quiere que se en el caso de las bonificaciones también se tenga en cuenta el comportamiento del arrendador: quienes mantengan congeladas las rentas o limiten las subidas accederán a incentivos fiscales más elevados que aquellos que opten por aumentar los precios. Habrá bonificaciones del 100% para quienes congelen sus precios.

Por lo que respecta a los inquilinos, los decretos prevén que los actuales inquilinos también se beneficiarán de parte del paquete aprobado: Quienes tengan un contrato de alquiler que expire antes del 31 de diciembre de 2028 podrán acogerse a una prórroga automática de dos años. Además, se congela la actualización anual de la renta de aquellos contratos cuyo alquiler se sitúe por encima del máximo fijado por el índice de referencia. En estos casos, las rentas no podrán subir. Para el resto de los contratos, el incremento anual quedará limitado al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027. También se contemplan nuevas ayudas para reducir el esfuerzo que supone el pago del alquiler a los hogares con ingresos de hasta 33.000 euros anuales. Según los cálculos de vivienda, estas ayudas beneficiarán a 1,6 millones de hogares. Por otro lado, y por lo que respecta a los pisos vacíos, la nueva norma contempla castigos con los que pretende estimular la entrada en el mercado de aquellas viviendas sin habitar. Para lograrlo, habilita a los ayuntamientos para aplicar mayores recargos en el IBI a las viviendas desocupadas e incrementa la tributación de inmuebles vacíos en el IRPF, incentivando que más viviendas salgan al mercado residencial y desincentivando su retención con fines especulativos.